La presente exposición gira alrededor del análisis de las Sentencia del Tribunal Supremo 517/26, de 22 de julio, como resolución que ha sellado la brecha que podía permitir la elusión de la aplicación de los preceptos penales introducidos por la Ley Orgánica 1/2004 y más, en concreto, la revisión de una condena dictada al amparo de los mismos, como consecuencia de una rectificación de la mención registral relativa al sexo (de hombre a mujer), abogando por el carácter constitutivo y, con ello, por los efectos ex nunc de esta decisión registral, así como alertando para que en los casos de fraude de ley se actúen los efectos previstos para esta patología jurídica en la teoría general del derecho. Aprovechándose además la oportunidad para poner sobre la mesa y reflexionar acerca de la derivada penitenciaria de la cuestión, una vez que ha sido suprimido por la Ley 4/2023, de 28 de febrero (popularmente conocida como «ley trans»), la necesidad de disponer de un diagnóstico de disforia de género para modificar la asignación registral de sexo.

Tras un análisis anterior en esta misma revista, en el que se ofrecía una visión práctica de los expedientes de deslindes de términos municipales, interesa destacar ahora la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo (contenida en la sentencia de 21 de julio de 2026, relativa al deslinde entre Zafarraya y Alhama, ambos de la provincia de Granada), la cual se refiere en detalle —precisándolo con nitidez— a uno de los criterios clave en la validación de deslindes anteriores consentidos: la existencia o no de conformidad de los municipios afectados.

Desde su introducción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015, el plazo de instrucción del artículo 324 ha suscitado numerosos debates y dificultades prácticas. Aunque la reforma operada por la Ley 2/2020 simplificó parcialmente su regulación, continúan los conflictos interpretativos, especialmente sobre las consecuencias del incumplimiento del plazo. En este contexto destaca la reciente STS 106/2026, de 9 de febrero, dictada por el Pleno, que analiza la validez de una declaración del investigado acordada después de expirar el plazo máximo de instrucción sin haberse acordado previamente su prórroga conforme a la ley. Este pronunciamiento constituye una ocasión idónea para volver a examinar los contornos actuales del art. 324 LECRIM, analizar qué consecuencias procesales supone el transcurso del plazo y preguntarse si la jurisprudencia está progresivamente dejando vacío de contenido el precepto que nos ocupa, con una interpretación cada vez más flexible del mismo.

Una cosa es que existan aspectos que no podrán valorarse y cuantificarse hasta la finalización de las obras necesarias para la instalación del ascensor, y otra muy distinta que, en el caso de que proceda la indemnización, se imponga la servidumbre sin cuantificarla, o, al menos, especificar los concretos criterios con arreglo a los cuales deberá fijarse, en ejecución de sentencia.

La estimación de la demanda de retroacción y la extensión de la ineficacia a las dos compraventas presupone que se ha apreciado (y no discutido) la ausencia de buena fe de las compradoras. Y esta ausencia de la condición de adquirente de buena fe les impide ejercitar la acción de saneamiento.

El fallo aplica la normativa del seguro escolar y la doctrina sobre reembolso de gastos sanitarios, al apreciar urgencia vital, gestiones previas en el sistema público y ausencia de alternativa efectiva pública.

El accidente no derivó de la navegación marítima, sino de la navegación aérea, que cuenta con su propia normativa de aplicación preferente y que no excluye el régimen general de la responsabilidad extracontractual.

Se procede a una reordenación de las situaciones especiales de incapacidad temporal, integrando tanto las ya existentes como los nuevos supuestos, con el fin de reforzar la coherencia sistemática de su regulación y adecuar determinados aspectos de su régimen jurídico a las particularidades que justifican su protección singular, haciéndose extensiva la mejora a los distintos regímenes especiales que integran el sistema de la Seguridad Social, sin perjuicio de las particularidades y especificidades propias de cada uno de ellos. Las modificaciones introducidas en esta materia serán aplicables a los procesos de incapacidad temporal iniciados a partir de su entrada en vigor.

Téngase en cuenta que el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, se encuentra pendiente de convalidación.

Para ayudar a revertir el declive de las competencias básicas y mejorar la enseñanza y el uso de las herramientas digitales y la IA en la educación, la Comisión ha presentado el paquete de educación y competencias.

El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y otros desafíos ambientales requieren conocimientos que se basen en diferentes disciplinas científicas, fuentes de datos y comunidades de investigación.

Isabel Perelló advierte de que las cada vez más frecuentes “situaciones de conflicto” entre las libertades de expresión e información y los derechos fundamentales, derivadas de la rápida evolución tecnológica, “exigen nuevas respuestas jurídicas”.

El Tribunal Supremo ha archivado una denuncia de la asociación Hazte Oír por presunta prevaricación judicial contra los siete magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que dieron el 'sí' a amnistiar la malversación del 'procés' en el recurso de la exconsejera de la Generalitat Dolors Bassa.

Los hosteleros tuvieron que sufragar con sus ahorros los gastos fijos del negocio mientras estuvo sin actividad.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden que establece los mecanismos de seguimiento, control y evaluación de las actuaciones del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

El fiscal delegado de Seguridad Vial para Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Carlos Rodríguez León, se ha mostrado a favor de una formación básica reglada ofrecida a través de las autoescuelas para los conductores de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal de cara a poder "circular con normalidad" por los cascos urbanos de pueblos y ciudades.

Son las compañías de menor tamaño, las microempresas, las que concentran la mayor parte de los concursos registrados en octubre. Los concursos acumulados hasta octubre disminuyen en mayor medida en valor absoluto en los sectores de comercio.