Análisis del Real Decreto-ley 32/2026, de 3 de noviembre, de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia. La norma se publicó en el BOE nº 274, de 4 de noviembre de 2026, y entró en vigor ese mismo día.

El Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha sido distinguido en la XIII edición de los «Premios a la Calidad de la Justicia» del CGPJ con el premio a la «Justicia más accesible» en su modalidad de órgano/oficina judicial. Javier Ercilla García, presidente de la Sección Social de dicho órgano y colaborador en el proyecto ganador desde su inicio, nos presenta en esta entrevista la iniciativa galardonada: «Cuidar de quienes nos cuidan».

Aranzadi LA LEY presenta en el CESEDEN Derecho, Defensa y Empresa, una obra sobre los retos jurídicos, industriales y estratégicos del sector de la defensa.

18 especialistas responden en vídeo a 51 retos de quien dirige un despacho, con 153 soluciones prácticas.

Este estudio analiza si el derecho español da una protección penal suficiente y ajustada frente a la creación y difusión de deepfakes sexuales de menores. Rasgos del ciberespacio como el anonimato, la viralidad, la permanencia y la cantidad de personas involucradas aumentan el daño y dificultan identificar al autor y conseguir pruebas. Como existe un delito específico, la respuesta legal recurre a figuras pre-existentes. Entre ellas, la intimidad (art. 197.7 CP), la integridad moral (art.173.1 CP), la pornografía infantil (art. 189 CP), las amenazas, las coacciones, la extorsión y el grooming (art. 183 ter CP). Esta regulación dispersa crea inseguridad jurídica, además de poder conducir a aplicar la ley por analogía en contra del acusado o dejar hechos sin castigo, además de poder conducir a aplicar la ley por analogía en contra del acusado o dejar hechos sin castigo, y causa conflictos entre delitos y en la proporcionalidad de las penas. El trabajo abarca la investigación tecnológica, la cadena de custodia, la protección de la víctima menor y la retirada de contenidos según el DSA. Se concluye confirmando la hipótesis con matices, y, se proponen criterios de imputación por roles, un método para resolver concursos, un protocolo mínimo de prueba y, como posible reforma, la tipificación de un delito específico de deepfakes sexual de menores.

Este trabajo analiza la viabilidad constitucional de que el Gobierno apruebe un decreto-ley sustancialmente idéntico a otro recientemente rechazado por el Pleno del Congreso de los Diputados, sometiéndolo a convalidación ante la Diputación Permanente, tras la disolución de las Cámaras. A partir del examen de la jurisprudencia constitucional y del Derecho parlamentario, se sostiene que utilizar la Diputación Permanente como mecanismo para neutralizar un veto parlamentario previo vulnera el presupuesto de extraordinaria y urgente necesidad. Dicha práctica configura un fraude a la Constitución que debilita el principio democrático, la división de poderes y la eficacia de la función de control que el artículo 86.2 de la Constitución Española atribuye en exclusiva al Pleno del Congreso.

El Auto de la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo de 23 de julio del 2026 reconoce que la suspensión cautelar producida por silencio positivo constituye un acto administrativo impugnable, colmando una laguna del artículo 117.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común en las relaciones triangulares. El plazo para recurrir en estos casos, según resulta del Auto de 29 de septiembre que desestima el recurso de reposición frente al primero, es de seis meses desde la notificación.

La plena aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo ha comenzado a proyectar efectos inmediatos sobre el sistema español de protección internacional. Las Instrucciones dictadas por la Subsecretaría del Interior el 11 de junio constituyen probablemente la primera manifestación práctica de esta transformación. Bajo la premisa de la primacía y aplicabilidad directa de los Reglamentos (UE) 2024/1348 y 2024/1351(*), la Administración redefine la tramitación de las solicitudes de asilo, amplía el alcance del procedimiento fronterizo, reordena las competencias internas y llega incluso a declarar incompatible el recurso administrativo de reposición con el nuevo modelo europeo.

El presente trabajo analiza el alcance jurídico de estas instrucciones, sus fundamentos normativos y las importantes dudas que suscitan desde la perspectiva de la seguridad jurídica, la reserva de ley y la tutela judicial efectiva.

La revista LA LEY Penal te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, nº 182 septiembre-octubre 2026, firmado por Francisco Rivas Macías, Máster Universitario en Regulación Económica y Territorial, profesor colaborador honorario Área de Derecho Administrativo Universidad de Málaga.

La AEPD responde a la consulta planteada por una empresa sobre el uso de un sistema biométrico de verificación facial uno-a-uno para verificar de forma remota la identidad de sus clientes. Esta respuesta está considerada de alto nivel estratégico, siguiendo los parámetros establecidos en el Plan estratégico 2025-2030.

Estos entornos son una garantía para la reutilización de datos sensibles, en particular los de salud, ya que se tratan sin salir de un entorno controlado. Ambas autoridades recuerdan que quien proporciona el entorno debe mantener un control real y efectivo, también cuando recurre a terceros.

618 organismos, del sector público y privado, han participado en el formulario de autoevaluación desarrollado por el Centro Criptológico Nacional para medir el grado de madurez frente a las amenazas de ciberseguridad potenciadas por la inteligencia artificial.

Desde el 11 de octubre de 2026, varios sistemas de refrigeración comerciales y dispositivos similares se han visto afectados por incidentes de ciberseguridad en varios Estados miembros de la UE.

Lanza una nueva plataforma para padres, profesores y educadores, con recursos atractivos y adaptados a los niños.

Ese delito cumple los parámetros para estar comprendido en la relación contenida en esta disposición, en la medida en que es potencialmente idóneo para menoscabar la libertad y la integridad física y, sobre todo, moral o emocional, del menor al que se sustrae del cuidado de la persona que tiene confiada su guarda y custodia y se le traslada a un entorno familiar, social y escolar ajenos, con pérdida de las personas y puntos de referencia estables, que proporcionan la seguridad y tranquilidad necesarias para lograr un desarrollo emocional, psicológico y social armónico.

Las bases pueden excluir la garantía del anonimato, pero deben concurrir razones objetivas justificadas que persigan una finalidad legítima y respeten el principio de igualdad, exigencias que no avalan la mera finalidad de agilizar la corrección de los ejercicios.

La documentación requerida por el actor no le fue remitida por ningún empleado del concesionario. Sin embargo, todos los documentos requeridos estaban a disposición del actor o podía haberlos conseguido acudiendo de forma sencilla a la web de la DGT.

El criterio descarta el uso del embarazo como indicio de fraude y recuerda que el concepto sancionador exige tipicidad, engaño acreditado y culpabilidad, no meros juicios de oportunidad sobre la conducta.

Con relación al IRPF se mantienen para el ejercicio 2027 la cuantía de los signos, índices o módulos, así como las instrucciones de aplicación. Como en años anteriores, se establece una reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos aplicable a todos los contribuyentes que determinen el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al método de estimación objetiva.

Con entrada en vigor el próximo 5 de enero, deroga el actual Reglamento para adecuarlo a los cambios realizados en esta prestación hace unos días. Amplía el listado de enfermedades graves y, además, agiliza los procedimientos de reconocimiento y activa mecanismos de control de la prestación.

Considera que, en el marco de la apreciación de la conformidad de un envase, el objetivo de garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana no exige que se demuestre la existencia de un riesgo elevado, bastando con que exista un riesgo no desdeñable.

Certificar un producto cuya comercialización no está autorizada podría comprometer la protección de la salud humana y de los intereses de los consumidores. Esta interpretación es igualmente válida cuando tales productos, cuya comercialización en la Unión no haya sido autorizada, estén destinados a ser comercializados en países terceros.

Tanto si tu despacho es pequeño o grande, crear una cultura innovadora puede ser el motor del crecimiento que impulse la competitividad en tu despacho.

El 30 de octubre de 2026 concluyó en la Universidad de Alcalá el «VII Foro Europeo de Derecho internacional privado», dirigido por la catedrática Ana Fernández Pérez. Durante dos jornadas, especialistas de universidades españolas y extranjeras, magistrados y profesionales del Derecho examinaron algunas de las cuestiones de mayor actualidad de las relaciones privadas internacionales.

El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, ha admitido este miécoles que los asuntos llevados por el tribunal que preside tienen una "trascendencia" y ello origina "una crítica" y se "habla de politización", pero en la Audiencia Nacional, "como en ningún tribunal español", ha defendido Fernández, "no se hace política".

El Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación de AEDAF contra la sentencia del TSJ de Madrid que anuló la tasa de residuos, pero no extendió la nulidad a las liquidaciones firmes. Deberá aclarar si esa facultad es discrecional o está sujeta a parámetros jurídicos, y qué motivación hace falta para denegarla.

La sentencia establece que la mercantil impuso exclusivamente a su personal femenino esa prenda “por meras razones estéticas o de imagen”, lo que implica una discriminación por razón de sexo. Los magistrados confirman el fallo dictado previamente por un juzgado de Valencia.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha elaborado un borrador de real decreto en el que fija una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027 del 5,3%, hasta los 1.286 euros al mes en 14 pagas (42,87 euros al día) o un total de 18.004 euros anuales.

• • El Reglamento de Servicios Digitales establece que las grandes plataformas y buscadores tienen que analizar, detectar y mitigar los riesgos sistémicos en los procesos electorales.
• • La Comisión Europea supervisa a las grandes plataformas y buscadores, pero los coordinadores de servicios digitales son esenciales para coordinar a las autoridades nacionales.
• • La CNMC, como coordinador de servicios digitales en España, celebra una mesa redonda para que las plataformas expliquen sus medidas ante las próximas elecciones.

Las actividades agrarias podrán aplicar una reducción del 35% por adquisición de gasóleo agrícola y del 15% por compra de fertilizantes

Las emisiones de CO2 de de los países OCDE caen un 11% frente a la subida del 12% de sus socios, pero crece el coste de los fenómenos extremos.