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Infancia y adolescencia y Justicia centran la conversación que Sónia Calaza, decana de la Facultad de Derecho de la UNED, mantiene con Ana Caballero, presidenta de la Sección de Infancia y Adolescencia del Iustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), en una nueva entrevista de la sección «De decana a decana».

El Real Decreto-ley 7/2019, fue la primera incursión de los servicios sociales en la tramitación del juicio de desahucio; situación que se amplió en el Real Decreto-ley 11/2020 hasta límites difícilmente justificables en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva del arrendador y con la propia tramitación del proceso de desahucio (entendido en sentido amplio). El Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, no da un paso más allá, cambia el rumbo y suma a los errores anteriores, una transformación de los procesos de recuperación de la posesión que abre la puerta a una inseguridad jurídica nada aconsejable.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de octubre de 2026 (asunto C-70/25, Tukowiecka) interpreta los artículos 73 y 74 de la Directiva (UE) 2015/2366 en el sentido de que el proveedor de servicios de pago no puede negarse al reembolso inmediato de las cantidades dispuestas mediante una operación no autorizada alegando la negligencia grave del usuario. El pronunciamiento determina que la única excepción que puede oponer el banco para no reembolsar de forma inmediata al titular de una cuenta bancaria que ha sufrido un phishing, vishing, smishing, spoofing o cualquier otra operación análoga es la existencia de motivos razonables para sospechar fraude, comunicados por escrito a la autoridad competente. Ello no implica que la entidad deba soportar en todo caso la pérdida, pues conserva la posibilidad de reclamar frente al usuario con posterioridad al reembolso. El artículo analiza la resolución del Tribunal de Luxemburgo, su proyección sobre los artículos 45 y 46 del Real Decreto-ley 19/2018 y la jurisprudencia interna que hasta ahora venía admitiendo la negligencia grave como causa liberadora de la obligación de reembolso, así como sus previsibles efectos sobre los procesos civiles, tanto en los procedimientos en curso como en los futuros, en los que será el operador bancario quien, previo reembolso y MASC, deba dirigirse frente al usuario asumiendo la carga de probar su negligencia grave.

Este trabajo examina de manera exhaustiva la pertinencia de replantear el delito de estafa procesal propia, regulado en el artículo 250.1.7º del Código Penal, para incorporar al letrado de la Administración de Justicia como sujeto pasivo susceptible de ser engañado, además del juez o tribunal, tradicionalmente considerados como tales. Mediante un análisis jurídico detallado, fundamentado en la normativa procesal y penal, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las exigencias del principio de legalidad, se sostiene que las funciones técnicas y decisorias asignadas a este funcionario en la Ley Orgánica del Poder Judicial lo convierten en un actor clave cuya inducción a error puede tener implicaciones procesales significativas. Se argumenta que esta inclusión exige una modificación legislativa expresa del artículo 250, en consonancia con los principios de tipicidad y seguridad jurídica establecidos en los artículos 1 y 4 del Código Penal y 4 del Código Civil, para garantizar una respuesta penal adecuada a las complejidades del sistema judicial contemporáneo.

La sentencia comentada resulta novedosa y arroja seguridad jurídica en el ámbito de las intervenciones telefónicas, consolidando el mínimo constitucional de la medida, donde el juez instructor debe realizar un juicio ponderativo autónomo sobre indicios objetivos y cualificados que superen el umbral de la mera posibilidad y que acrediten la necesidad y proporcionalidad de la injerencia; sin que la suficiencia del cuadro indiciario pueda delegarse en la valoración policial ni subsanarse retroactivamente por el éxito posterior de la investigación. En cuanto a las peticiones policiales, la resolución precisa, que no basta la identificación del delito y del investigado, pues se requiere un cuadro estructurado que documente la labor previa de investigación, la imposibilidad de medidas menos invasivas y la proporcionalidad de la injerencia.

La revista Actualidad Civil te ofrece, en abierto, dos artículos incluidos en su último número publicado, 10, octubre 2026, firmados por los catedráticos Jordi Nieva-Fenoll y Vicente Pérez Daudí.

Según el Abogado General, Tribunal de Justicia debería declarar que, en determinadas circunstancias, la recuperación y reutilización, en tiempo real, de publicaciones de prensa en línea por parte de chatbots de inteligencia artificial (IA) para generar respuestas a las consultas de los usuarios puede vulnerar los derechos de las editoriales de prensa.

La defensora del pueblo, Anjinho, ha solicitado a la Comisión Europea que refuerce aún más la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de la IA por parte de expertos externos que evalúan las solicitudes de financiación de los programas de la UE.

El viernes 30 de octubre de 2026, en la Cumbre UE-Canadá celebrada en Montreal, Canadá se unió oficialmente a la red pública europea de supercomputadoras y computadoras cuánticas al convertirse en Estado participante de la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC JU).

El Tribunal reprocha a la empresa haber bloqueado durante años la mesa del plan de igualdad en lugar de acudir a los cauces judiciales o extrajudiciales previstos para resolver el conflicto sobre la composición de la comisión negociadora.

La entidad cumple con los requisitos exigidos legalmente para optar por el régimen de amortización acelerada, pues siempre ha facturado menos de 10 millones de euros, y negarle tal incentivo supone imponer un rigor aplicativo enervante.

Falta de la debida justificación de la exclusión de la exoneración. La justificación de la exclusión de la exoneración en las infracciones muy graves es la utilización de medios fraudulentos. Sin que este componente fraudulento se contenga en la tipificación de las infracciones graves.

Aunque la sociedad se haya escindido totalmente, no se han agotado de manera completa sus relaciones jurídicas, ya que las acciones no se han transmitido a la beneficiaria, por lo que permanecen en la situación anterior a esta ineficaz transmisión, es decir, bajo la titularidad de la sociedad totalmente escindida, como centro de imputación, y hasta que no se agoten de manera completa las relaciones jurídicas de las que es titular. Operatividad de la doctrina sobre la personalidad jurídica prorrogada, latente o residual.

Bizkaia ha modificado su Norma Foral del IRPF para resolver los perjuicios económicos generados a familias separadas o divorciadas tras la revisión fiscal de 2025. Se flexibiliza el acceso a la tributación conjunta aclarando los supuestos en los que existirá mantenimiento económico exclusivo de una sola persona progenitora.

Según el último Eurobarómetro Especial sobre Protección Civil de la UE, publicado hoy por la Comisión Europea, los europeos siguen mostrando un apoyo muy firme a un enfoque europeo coordinado en materia de preparación y respuesta ante desastres.

No obstante, la denegación de la ejecución de una orden de detención europea puede estar justificada con carácter excepcional, en particular cuando la normativa del Estado miembro emisor permita, o incluso imponga, penas de prisión tan desproporcionadas que equivalgan a penas inhumanas o degradantes, o cuando dicha normativa no tenga en cuenta la gravedad del delito y no permita tener en cuenta las circunstancias individuales.

La justicia gratuita es un servicio que exige compromiso y dedicación. Y la abogacía de oficio requiere de un urgente relevo generacional.

Los días 29 y 30 de octubre, el CCBE participó en la Conferencia sobre la Digitalización de la Justicia celebrada en Dublín, organizada por la Presidencia irlandesa del Consejo de la UE 2026 y la Comisión Europea, para aportar la perspectiva de la profesión jurídica europea al debate sobre la aplicación de la Estrategia de Justicia Digital 2030.

La Sección Especial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo fija criterio tras estimar en parte el recurso de casación autonómico presentado por varios catedráticos de la institución académica.

En el informe, aprobado por el Pleno de la institución ha alertado de que ningún órgano de gobernanza del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) está realizando un seguimiento del gasto ejecutado de los fondos europeos, al tiempo que ha señalado la falta de precisión de los órganos de dirección y las deficiencias en la transparencia de la información que se ofrece al público.

Se suma al arancel de tres euros aplicado desde julio a los productos de menos de 150 euros y afectará a compras en plataformas como Shein y Temu

La Audiencia de Cuenca aprecia la eximente de ‘estado de necesidad’ en el comportamiento del automovilista. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

• • Las metodologías establecen criterios comunes para la evaluación de riesgos de ciberseguridad del sistema eléctrico europeo y para valorar la gravedad e impacto de los ciberataques.
• • La evaluación de riesgos establecerá las bases para identificar a las entidades de impacto alto y crítico, que estarán sujetas a obligaciones específicas de ciberseguridad.
• • Se avanza en el nuevo marco que refuerza la coordinación europea y mejora la resiliencia, la seguridad del suministro y la respuesta frente a los ciberataques.

La huelga general del próximo 11 de noviembre por la vivienda y contra el coste de la vida ha alcanzado ya las 4.342 adhesiones de comités de empresa, secciones sindicales y asambleas de trabajadoras, según ha informado este lunes el Sindicato de Inquilinas en un comunicado.