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El proyecto «Soft Law y acuerdos organizativos», que prevé la formación de una «red común» de LAJs donde compartir los mismos materiales y similares métodos y patrones de trabajo y respuesta, de forma que mejore la calidad del servicio público de la administración de justicia, ha sido galardonado con el premio «Justicia más eficaz», en su categoría de órgano judicial, en la XIII edición de los «Premios a la Calidad de la Justicia» del CGPJ. Su responsable, nos cuentan en esta entrevista en qué consiste el proyecto y cómo ha sido su implantación.

El recurso de casación contencioso-administrativo por infracción de normas autonómicas constituye una pieza necesaria del sistema de interpretación judicial del Derecho de las comunidades autónomas. Su configuración tras la reforma de 2015, sin embargo, presenta una singular contradicción derivada del hecho de que la relevancia de la función encomendada a los tribunales superiores de justicia contrasta con la extrema concisión de su regulación. Este artículo examina, primero, el marco previsto en la LJCA y la relación entre las modalidades estatal y autonómica; después, la jurisprudencia constitucional que ha preservado el sentido útil del recurso y delimitado su conexión con el artículo 24.1 CE; finalmente, analiza la STC de 5 de octubre de 2026, recaída en el amparo promovido por el Ayuntamiento de Piélagos, que rechaza la exclusión de la casación autonómica en Cantabria por razones exclusivamente organizativas. La tesis central es que el carácter extraordinario y de configuración legal del recurso permite una selección rigurosa de los asuntos, pero no su eliminación práctica mediante obstáculos ajenos a los presupuestos establecidos por el legislador.

Partiendo de la definición del Derecho-Ley en el artículo 86 de la Constitución de 1978, se comenta que el mismo hace hincapié en que su razón de ser es la de afrontar con urgencia situaciones graves y excepcionales. Sin embargo, desde 1978 hasta la actualidad se han promulgado 702 Decretos-Leyes —unos 14 al año—, y en los últimos 8 años se han llegado a dictar más de 22 anuales, lo cual excede mucho lo que debería haber sido la utilización de un instrumento legislativo de la aludida naturaleza del Decreto-Ley. El artículo hace también referencia a un trabajo titulado «Estudios sobre el Decreto-Ley antes de la Constitución de 1978», en que publica artículos de prestigiosos administrativistas, entre los que destacan García de Enterría y Fraga Iribarne.

En el presente trabajo se analiza la institución de la transacción en el proceso contencioso administrativo atendiendo a su posible operatividad en las distintas fases procesales y, de manera particular, en la fase de ejecución de sentencias. Aunque la terminación convencional del procedimiento en primera o única instancia ha recibido reconocimiento normativo en la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa (art. 77), el legislador no prevé la transacción en sede del recurso de apelación y casación, ni articula un régimen jurídico para la transacción en materia de ejecución de sentencias contencioso-administrativas. Sin una previsión legal que así lo autorice de forma expresa, se va a prestar especial atención al tratamiento doctrinal y jurisprudencial, abordando los argumentos favorables y las objeciones que se han formulado sobre la admisibilidad de la transacción como mecanismo idóneo para la resolución o finalización de controversias en los sucesivos estadios del proceso.

En el caso, los acusados, puestos previamente de acuerdo, y con ánimo de ilícito enriquecimiento, acudieron a una sala de juegos, y manipularon una máquina de ruleta, moviéndola mientras estaba girando, de forma que la bola caía en la posición deseada, obteniendo mediante esta acción ilegítimamente premios por importe de cerca de cuatro mil euros.

La revista LA LEY Mercantil te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, nº 139 octubre 2026, firmado por Alfonso Martínez-Echevarría y García de Dueñas, catedrático de Derecho Mercantil, director de la Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros-Colegio de Registradores de España, Universidad San Pablo-CEU CEU Universities, socio de Martínez-Echevarría Abogados.

Los asistentes y agentes de IA son una herramienta de gestión personal que ya no se limita a responder preguntas: puede actuar en nombre de la persona, desde gestionar el calendario o el correo hasta completar compras o reservas.

La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento formal para evaluar si Booking.com pudo haber infringido la Ley de Servicios Digitales (DSA) al no haber evaluado diligentemente ni mitigado eficazmente los riesgos relacionados con los anuncios fraudulentos y las estafas de phishing.

Esa estrategia procesal constituye tanto un abuso del derecho a ser resarcido por las costas generadas en un procedimiento judicial, como un abuso del servicio público de la Justicia.

El derecho de vuelo del propietario no es una facultad ilimitada y no se ha acreditado un interés efectivo que resulte lesionado por el paso de la tirolina, que además contaba con los informes técnicos favorables.

La resolución destaca que la reducción de jornada fue comunicada con transparencia en el ERTE por fuerza mayor y que el organismo gestor disponía de todos los datos para evitar el reconocimiento indebido de la prestación.

El caso delimita el poder de control empresarial al declarar ilícito un examen exhaustivo del ordenador y correo corporativo de la trabajadora que vulneró su intimidad y el secreto de sus comunicaciones.

La norma refuerza la protección de las vías pecuarias integradas en la Red Nacional, al consolidar su identificación y delimitación y mejora la transparencia mediante la definición pormenorizada de los tramos que integran la Red Nacional, lo que permite diferenciar sus trazados de los correspondientes al resto de vías pecuarias de la Red General. Asimismo, se establecen mecanismos de difusión y acceso a la información que facilitan su conocimiento e identificación por parte de la ciudadanía.

Entre las principales novedades se encuentra la creación del Registro de Viviendas Protegidas de Castilla-La Mancha, la regulación de los parques públicos de vivienda social y la configuración del patrimonio público residencial de la Junta de Comunidades como patrimonio separado y finalista, estableciendo su composición, régimen de gestión, instrumentos de administración y mecanismos de protección y recuperación de los inmuebles que lo integran.

El Colegio pone en marcha una aplicación web que permite comunicar, incluso de forma anónima, retrasos injustificados, suspensiones denegadas y situaciones de trato desconsiderado en los tribunales. Más del 70 % de los profesionales de la abogacía sufre incidencias en los juzgados, pero solo un 13% los reporta.

La comida de trabajo ha sido durante décadas la herramienta de desarrollo de negocio más utilizada, y probablemente la menos analizada, del sector legal español. Este artículo repasa su evolución hasta la mesa planificada y sujeta a compliance de hoy.

Frente a la pretensión que pueda formular el London P&I Club para reclamar costes o indemnizaciones frente a los Estados de España y Francia, resultará siempre oponible la deuda de ochocientos cincuenta y cinco millones decretada por sentencia firme del Tribunal Supremo español a su cargo y ejecutable.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha expresa sus condolencias a las víctimas del accidente ferroviario

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado sentencia de fecha 9 de octubre en la que se analiza la cuantía de la pensión de viudedad para una mujer víctima de violencia de género.

Ambos manuales han sido elaborados por el grupo de expertas y expertos del Observatorio y estarán disponibles en la página web del Poder Judicial.

El Tribunal Supremo del Reino Unido ha reconocido a la aseguradora del 'Prestige' -el petrolero que en noviembre de 2002 contaminó la costa con el vertido de más de 63.000 toneladas de fuel cuando transitaba a la altura de la gallega- su derecho a ser indemnizada.

La plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz considera que hubo “mala praxis” en la actuación de una genetista que indicó a la pareja que “podían ser padres con un riesgo muy bajo” y no “recomendó más estudios” genéticos a pesar de que ya habían perdido a otro bebé sin que entonces se descartara “una causa genética”

El Consejo Económico y Social (CES) ha respaldado el anteproyecto de Ley impulsado por el Ministerio de Economía para modernizar el Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI), el principal instrumento público de cobertura de riesgos frente a las oscilaciones de los tipos de interés en las operaciones de internacionalización de las empresas españolas.