Es cada vez más frecuente el uso de contenidos incluidos en publicaciones de prensa por parte de terceros, sea con fines comerciales directos o indirectos o para uso privado. Preservar una prensa libre y plural obliga a establecer las bases normativas adecuada para garantizar un retorno justo a los editores de prensa y agencias de noticias frente a utilizaciones parasitarias de sus contenidos por terceros, estableciendo un equilibrio adecuado en la cadena de valor. El presente trabajo trata sobre los mecanismos desarrollados por el legislador para asegurar una compensación adecuada a los editores de prensa por los usos secundarios que se hacen de sus publicaciones, y la interpretación que de los mismos hacen la doctrina y la jurisprudencia, todo ello desde una perspectiva crítica ajustada a la finalidad última perseguida. En esta primera parte se aborda la doble tutela de las publicaciones de prensa, una más general por medio del derecho de autor en tanto que obras colectivas y otra más limitada en su alcance a través del nuevo derecho conexo de los editores de prensa y agencias de noticias frente a los usos en línea por parte de prestadores de servicios de la sociedad de la información. Se analiza también la remuneración de los editores por las prácticas consistentes en la elaboración y difusión de recopilaciones de artículos y otros materiales de prensa por medio de dosieres de prensa (press clipping).

Se analiza la necesidad de que el próximo Parlamento afronte como una de las medidas más urgentes la aprobación de una Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria con una reforma integral para dar solución al grave problema de la violencia vicaria y que introduzca las importantes modificaciones en materia civil y penal que den solución a esta lacra que tiene como víctimas a los menores en ataques a su vida e integridad física por sus propios padres, o cuando el autor también ataca al entorno familiar de la víctima. Resulta importante esta reforma integral ante la elevada cifra de casos de ataques a los menores o familiares de la víctima a la que se quiere causar daño.

El concepto de accidente «in itinere» ha evolucionado para incluir situaciones en las que el trabajador tiene más de un domicilio habitual, incluso si la distancia entre ellos y el lugar de trabajo es considerable, siempre que se mantenga una conexión razonable con la actividad laboral. Una reciente sentencia amplía esta interpretación, reconociendo como accidente laboral el sufrido por un trabajador durante un trayecto desde un domicilio distante, argumentando que el propósito del viaje seguía ligado al trabajo. Esta decisión refleja una adaptación a la realidad social actual, donde las dinámicas laborales y personales exigen mayor movilidad y flexibilidad.

En el presente comentario se analiza el factor de corrección por daños morales complementarios en el baremo de accidentes de circulación, el concepto de «gran inválido» y los requisitos para la aplicación de los factores correctivos de «necesidad de ayuda de otra persona» y «perjuicios morales de familiares», así como la doctrina jurisprudencial sobre la inaplicación del art. 20.8 LCS.

La Revista de Derecho Bancario y Bursátil te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, 179 mayo-agosto 2026, firmado por Juan Ignacio Peinado Gracia, catedrático de Derecho Mercantil Universidad de Málaga.

Recientemente se han presentado los tres ejemplares que reflejan la intensa labor formativa de la Comisión Científica Jubilare llevada a cabo entre 2022 y 2025. Han contado con 115 ponentes en 27 webinarios multidisciplinares.

Durante su última sesión plenaria, el CEPD adoptó la declaración 1/2026 sobre gafas inteligentes y publicó el informe “La mirada conectada. Grabación de vídeo, vigilancia y administración de pruebas en la era de las gafas inteligentes” , elaborado en el contexto del programa Grupo de Apoyo de Expertos.

Ha de aplicarse el plazo general de 5 años que recoge el art. 1964.2 CC, y no el trienal previsto en el art. 1967.2.ª del mismo Texto Legal. Este precepto únicamente opera respecto de las pretensiones que traen causa de una relación personal y directa entre el profesional y el que contrata la prestación de enseñanza.

Depende de que las funciones atribuidas en las correspondientes Administraciones sanitarias autonómicas no afecten ni condicionen el desarrollo global del proceso asistencial ni incidan en el núcleo de la actuación médica.

Se trata de una garantía que opera en todo caso a favor de quien ostenta dicha designación, sin exigir que el despido esté conectado de forma específica con el ejercicio de sus funciones preventivas.

La normativa belga que aplica el cupo en el acceso a los estudios de Medicina a un candidato que ha cursado una parte importante de su escolaridad en ese país, pero reside en otro, se considera injustificada y desproporcionada, porque no tiene en cuenta el vínculo real y efectivo creado con el Estado.

En la nueva redacción del anexo II del reglamento de asistencia jurídica gratuita, que recoge los módulos y bases de compensación económica aplicables a las personas profesionales de la Abogacía y de la Procura intervinientes, destaca, por una parte, la inclusión de nuevos conceptos, atendiendo a lo previsto en la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa y en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, y por otra parte, la actualización de las cuantías retributivas asignadas a diferentes actuaciones.

Para minorar la oferta de alojamientos clandestinos que ejercen la actividad sin presentar la declaración responsable para la clasificación turística, de manera especial la publicidad en plataformas de comercialización turística, incluye como obligación de las empresas turísticas incluir en su publicidad el número de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Región de Murcia, sea cual sea el medio utilizado, incluidas las plataformas online de promoción o comercialización y, a estos efectos, define como infracción grave el publicitar o comercializar empresas o establecimientos turísticos que no hayan presentado la declaración responsable o que no incluya el número de inscripción turístico o habiendo sido denegada la clasificación se sigan publicitando.

Debe tenerse en cuenta el motivo que dio lugar a tal decisión examinando, caso por caso, si el acontecimiento que causó su adopción no es, por su naturaleza o su origen, inherente al ejercicio normal de la actividad del transportista aéreo y escapa al control efectivo de este. En el supuesto de que el gran retraso en la llegada tenga su origen en un acontecimiento que constituye una «circunstancia extraordinaria» y en otra circunstancia que no constituye una «circunstancia extraordinaria», el retraso imputable a ese acontecimiento debe descontarse del tiempo total de retraso del vuelo para apreciar si ese retraso debe ser objeto de compensación.

El Colegio de la Abogacía de Madrid cuestiona que la reforma publicada en el BOE suponga una mejora real cuando algunos de los asuntos que más dedicación exigen pueden terminar peor retribuidos que con el sistema anterior.

Hay una brecha que el sector legal se resiste a mirar de frente. Mientras los despachos discuten tarifas, paneles de proveedores y descuentos por volumen, las empresas que los contratan hablan de otra cosa. El despacho medio sigue convencido de que compite en precio. Su cliente, en cambio, ya no compra precio: compra capacidad para decidir.

Pasar más de ocho horas diarias sentado y sin moverte puede derivar en problemas de salud, dolor crónico y anquilosamiento.

El CNLAJ rechaza las modificaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo que no supongan un incremento de efectivos y reclama una planificación integral de los recursos humanos que tenga en cuenta la carga real de trabajo de los Tribunales de Instancia.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha anulado el auto de la Audiencia Nacional que declaró extinguida por prescripción la responsabilidad penal de Natividad J.E. por un atentado de ETA el 19 de marzo de 1981 en Bilbao que costó la vida a un teniente coronel.

El Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido de que los 17.000 millones de euros destinados por la Unión Europea a impulsar la innovación industrial entre 2014 y 2020 no se dirigieron sistemáticamente a los proyectos con mayor potencial comercial y que la Comisión Europea tampoco hizo un seguimiento suficiente para comprobar si las ayudas permitieron a las empresas convertir sus investigaciones en productos y servicios capaces de llegar al mercado.

Los cambios buscan ampliar el procedimiento, flexibilizar la modificación de los formularios de reclamaciones y consultas eliminándolos de la circular y corregir referencias normativas desactualizadas.

La Sala aplica la excusa absolutoria prevista en la redacción vigente al tiempo de los hechos (previsión que eximía de responsabilidad penal entre ascendientes y descendientes sin violencia ni intimidación), por lo que absuelve al acusado de la responsabilidad penal.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que la entrada en vigor de la numeración 400 para llamadas comerciales es una medida "insuficiente" frente al 'spam' telefónico si no va acompañada de mayores exigencias de transparencia, controles efectivos y un régimen sancionador disuasorio.

El 86% de empresas españolas vincula la sostenibilidad con ventajas competitivas para el negocio, mientras el 53% asegura que tiene un impacto positivo en sus resultados económicos, lo que refleja que este área ha dado el salto a la estrategia de negocio de las empresas españolas.