En esta ocasión, Sónia Calaza, decana de la Facultad de Derecho de la UNED y coordinador de la sección «De decana a decana», conversa con Rosalía Fernández Alaya, nueva presidenta de GEMME España (Grupo Europeo de la Magistratura por la Mediación de España). La mediación y el primer año de implantación de los MASC como requisito obligatorio de procedibilidad centran esta entrevista.

Se analiza el conjunto de mecanismos jurídicos mediante los cuales la Administración puede impedir la entrada o acordar la salida de un ciudadano extranjero del territorio nacional, desde una perspectiva sistemática, analizando su naturaleza jurídica, su fundamento normativo y las garantías que deben respetarse durante su tramitación. A partir de la doctrina fijada por la STS 814/2026, se pone de manifiesto que el procedimiento constituye una garantía esencial del Estado de Derecho y que la correcta elección del instrumento jurídico aplicable no representa un formalismo carente de trascendencia, sino una exigencia derivada del principio de legalidad, del derecho a la tutela judicial efectiva y del respeto a los derechos fundamentales reconocidos tanto por la Constitución Española como por el Derecho de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Ante el reto de la digitalización de la justicia, en el que actualmente estamos inmersos, no debemos olvidar los principios que tan trabajosamente han venido definiendo el proceso debido, en los términos delart. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, suscrito por España, y del art. 24 CE.

La «instrucción» emitida por la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia (DGTDAJ), de fecha 21 de septiembre de 2026, relativa a las denominadas «notificaciones duales», supone un importante avance tecnológico para facilitar ese aspecto del proceso.

Pero, en el proceso digital social, en lo que se refiere a la citación de oficio a juicio de testigos propuestos por las partes, y dados los actuales términos del artículo 90.3 LRJS, dicha misión se convierte en prácticamente imposible, como se analiza a lo largo del presente, esencialmente, dada la falta de compatibilidad entre los plazos previstos en el mismo y los que la citada «instrucción» de la DGTDAJ establece para posibilitar dicha «citación dual».

Esta situación nos remite a la urgente necesidad de modificar el art. 90.3 LRJS y concordantes, para acompasar las exigencias de las nuevas tecnologías en la celebración de los actos procesales con los principios y garantías derivadas del proceso debido.

La Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, reguló el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información en los artículos 588 sexies a) a 588 sexies c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introduciendo por primera vez en el ordenamiento español una cobertura legal específica para el volcado forense del teléfono móvil del investigado. Sin embargo, la norma presenta una laguna estructural que la doctrina y la jurisprudencia han abordado de manera insuficiente: la ausencia de un régimen específico para los datos que, contenidos en el dispositivo del investigado, corresponden a terceros que no son parte en el procedimiento y que no han prestado consentimiento alguno para su examen. Mensajes, fotografías, contactos, historiales de localización y comunicaciones de personas ajenas a la investigación quedan expuestos al escrutinio policial y judicial por la sola circunstancia de haberse comunicado con el titular del dispositivo. El presente trabajo analiza el fundamento constitucional de la protección de esos terceros (anclado en los artículos 18.1, 18.3 y 18.4 CE), examina los límites que la regulación vigente impone y no impone a ese acceso, y propone criterios interpretativos y de lege ferenda para colmar una laguna que afecta a millones de personas cuya intimidad queda en manos de una autorización judicial que no las menciona.

El artículo analiza la extradición como mecanismo de cooperación judicial internacional para entregar a una persona al Estado competente para juzgarla o ejecutar una pena. Explica sus modalidades —activa, pasiva, de tránsito y reextradición— y su regulación en España mediante leyes y tratados internacionales, desarrolla los principios que determinan la aplicación de la ley penal en el espacio, como territorialidad, personalidad, protección real y justicia universal, y expone los principios específicos de la extradición, entre ellos la doble incriminación, legalidad, especialidad, reciprocidad y el principio non bis in idem. Detalla también las limitaciones relativas a la nacionalidad, los delitos políticos o militares, la gravedad de las penas y el respeto a los derechos humanos, y destaca que la extradición exige garantías jurídicas y representa una cesión controlada de soberanía entre Estados para combatir la impunidad.

La denunciante afirmó que Emirates le había exigido completar un formulario MEDIF (Información Médica para la Aptitud para Viajar o Asistencia Especial), a pesar de que ella alegaba no pertenecer a las categorías de pasajeros que debían hacerlo.

La brecha de seguridad afectó a bases de datos que contenían datos personales de un gran número de interesados, incluyendo datos de identificación y contacto, así como datos financieros y de salud.

Aplicación de la doctrina del daño ex re ipsa. El mero hecho de no poder usar de un bien como es una vivienda, que satisface una necesidad existencial con una cualificación evidente, supone una pérdida de valor, porque el comprador no puede disponer de ella o no puede arrendarla.

El plan debe establecer las líneas básicas de la ZBE, susceptibles de desarrollo y concreción mediante ordenanza, pero no cabe la mera remisión a una ordenanza que, además, había sido anulada.

No es necesario acreditar concretas alteraciones patológicas o psicológicas. Debe atenderse, para fijar su cuantificación, a la gravedad del hecho, repulsa social y circunstancias personales del ofendido.

Se admite que, ante la falta de un convenio estatutario específico de mensajería, la negociación colectiva del transporte por carretera extienda su ámbito funcional y se confirma la legitimación empresarial para pactarlo.

Si adquieren la nueva vivienda habitual en régimen de gananciales, el transmitente de la vivienda privativa, sólo podrá disfrutar de la exención por la parte que adquiere, esto es el 50%.

Se centrará en particular en el desarrollo y las pruebas de productos y tecnologías de defensa innovadores, incluida la adaptación de tecnologías civiles para aplicaciones de defensa.

La CCBE insta a la Comisión Europea a garantizar que los requisitos de diligencia debida no se conviertan en un medio indirecto para acceder a información protegida, no interfieran con el acceso a asesoramiento o representación legal, ni trasladen las responsabilidades de diligencia debida corporativa a los abogados y bufetes de abogados.

El reto es convencerlo de que merece la pena volver a trabajar juntos, pero muchas veces el orgullo es uno de los principales obstáculos.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de reposición presentados por la Abogacía del Estado contra los autos de 10 de septiembre de la misma Sección que establecieron medidas cautelares en relación a inscripciones en el Censo de Residentes Ausentes en Extranjero (CERA). Los autos, que han sido notificados a las partes, llevan adjunto el voto particular de una magistrada.

La Federación de Consumidores y Usuarios, la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región de Madrid y el Centro de Asesoría y Estudios Sociales han denunciado a dos inmobiliarias y a un grupo inversor por publicidad engañosa, después de detectar, a través de una investigación, que 12 de los 13 anuncios de compra y venta de vivienda analizados que simulaban proceder de particulares pertenecían en realidad a empresas.

El acuerdo entró en vigor el 31 de agosto de 2026 y las clases deben arrancar de forma gradual este curso escolar 2026/2027 en los centros con demanda suficiente.

El alto tribunal ha dictaminado que el servicio de atención residencial prestado a través de plazas públicas o concertadas constituye un servicio público y esencial, por lo que las aportaciones de los usuarios deben articularse a través de una Ley de Tasas.

Las personas procedentes de Colombia, Marruecos y Venezuela representan el 51% del total de 1.174.978 solicitudes registradas en el proceso de regularización extraordinaria celebrado en España, según señala el Gobierno en una respuesta parlamentaria.

Se congelan una media de 2,75 contratos de alquiler y se retiran casi 4 contratos por cada agencia inmobiliaria.