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El artículo examina críticamente la argumentación de las dos sentencias del TJUE de 16 de julio de 2026 sobre la Ley de Amnistía española. Identifica un formalismo que acepta la reconciliación nacional como finalidad de la ley sin justificar suficientemente ese presupuesto. Analiza la influencia de las conclusiones del Abogado General y de la sentencia del Tribunal Constitucional, especialmente respecto de la autoamnistía y las motivaciones del legislador. Defiende una argumentación atenta a los hechos y propone que la deferencia al legislador y la autorrestrición judicial podrían fundamentar las respuestas prejudiciales sin asumir la justificación política de la ley.

Las sentencias del Tribunal de Luxemburgo sobre la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) no encuentran, en lo esencial, incompatibilidades con el Derecho de la UE. A este resultado se llega a partir de distintos mecanismos: no se consideran las objeciones del dictamen emitido por la Comisión de Venecia, se construye una doctrina novedosa sobre la exigencia de problemas sistémicos para entender que se ha vulnerado el art. 19 TUE, se recurre a la doctrina del efecto útil para limitar el alcance literal de la normativa de la UE y se asumen como propios los argumentos de la LOA y del TC.

Es obvio que en un tema como este no resulta posible eliminar completamente de la decisión judicial valoraciones políticas. En este caso la opción del Tribunal de Luxemburgo es clara y cabe preguntarse si no podría conducir a una diferencia de trato en función de los planteamientos políticos que se defiendan.

Este art. ofrece una panorámica del tratamiento de la amnistía en el Derecho de la Unión Europea, con especial atención a sus límites. Para ello, examina las referencias contenidas en los instrumentos jurídicos vinculantes, los pronunciamientos de las instituciones europeas y la jurisprudencia del TJUE. Concluimos que, mientras la normativa y la jurisprudencia de la Unión muestran una amplia deferencia hacia las amnistías estatales, sus pronunciamientos políticos son más exigentes respecto de los crímenes excluidos, su justificación por razones de interés general y la reparación a las víctimas.

Análisis y valoración de las dos primeras sentencias del TJUE de 16 de julio de 2026, que han dado respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre la compatibilidad de la Ley de Amnistía de 2024 con el DUE.

Este trabajo contiene un comentario crítico de las dos sentencias dictadas el 16 de julio de 2026 por la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con las que respondió a dos de las cuatro cuestiones prejudiciales que le habían sido planteadas por tribunales españoles cuestionando la compatibilidad de la regulación de la malversación y el terrorismo en Ley de Amnistía (LOA) con el Derecho de la Unión Europea. Tres son las principales críticas que cabe formular a las sentencias. La primera, la extralimitación funcional en la que incurre el Tribunal. En lugar de limitarse a examinar si era posible o no interpretar el Derecho de la Unión de modo que resulte compatible con la LOA lo que ha hecho es incluir una serie de consideraciones políticas sobre los beneficios y virtudes de la amnistía para la «reconciliación». La segunda objeción es la referida al duro golpe que asesta al principio de cooperación leal en general y al del efecto útil de las directivas en particular. El Tribunal sienta un nefasto y peligroso precedente en virtud del cual la búsqueda de determinados fines políticos justificaría que un Estado dejase parcialmente sin efecto en la práctica una Directiva europea. La tercera objeción es la devaluación que realiza la sentencia del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva como elemento esencial del Estado de Derecho.

Este comentario analiza las dos sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 16 de julio de 2026 (asuntos C-523/24 y C-666/24) sobre la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. En él se sostiene que, pese a haber declarado recientemente el carácter vinculante de los valores del artículo 2 TUE en el caso Comisión c. Hungría, el Tribunal de Luxemburgo ha mostrado una deferencia excesiva hacia el legislador español y hacia el Tribunal Constitucional, absteniéndose de revisar en profundidad las limitaciones procesales que la Ley de amnistía impone a los jueces nacionales y aceptando acríticamente las finalidades de reconciliación invocadas por el legislador. El trabajo examina, en particular, la respuesta dada a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y por la Audiencia Nacional, así como la falta de diálogo judicial derivada de la decisión del Tribunal Constitucional de no plantear cuestión prejudicial antes de resolver sobre la constitucionalidad de la ley. Se concluye que las sentencias sientan un precedente preocupante para el Estado de Derecho europeo, en la medida en que legitiman un supuesto de autoamnistía sin exigir una verificación judicial independiente de sus fines declarados, en un contexto de expansión del populismo iliberal en el que resulta especialmente necesario reforzar, y no relajar, los estándares de control jurisdiccional.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó en julio de 2026 sendas sentencias en los asuntos Sociedad Civil Catalana y Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), que resuelven las primeras cuestiones prejudiciales planteadas en torno a la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía. En ellas, en esencia, se rechazan todas las dudas sobre la contradicción entre esta ley y las normas de derecho europeo, con la única salvedad de un mandato de interpretación conforme sobre una cuestión procesal. La línea que vertebra estas decisiones es que la amnistía, en la medida en que se inserte razonablemente en un proceso de reconciliación social, es una cuestión estatal que puede incluso excepcionar el cumplimiento de algunos mandatos europeos. Las sentencias son un respaldo a las posiciones de nuestro Tribunal Constitucional y, en el ámbito europeo, suponen un cambio jurisprudencial en lo relativo a la intensidad del control del TJUE sobre las garantías procesales estatales.

La prueba genética de ADN constituye hoy una herramienta esencial en la investigación penal por su gran capacidad para identificar autores de delitos o excluir sospechosos, aunque su valor probatorio depende tanto de su fiabilidad científica como de la legalidad de su obtención. Se analizan en el texto los diferentes derechos que pueden ser afectados y los tres regímenes jurídicos en que se puede clasificar la obtención de muestras: los restos biológicos abandonados; las muestras corporales obtenidas con consentimiento, que exigen garantías como la asistencia letrada; y las muestras obtenidas sin consentimiento, que requieren autorización judicial motivada.

La Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión modifica de forma sustancial la posición jurídica de los órganos de dirección de las entidades esenciales e importantes. La ciberseguridad deja de poder ser tratada exclusivamente como una función técnica delegada en el CISO (Chief Information Security Officer) o en el departamento de tecnologías de la información: el artículo 20 exige que los órganos de dirección aprueben las medidas de gestión de riesgos del artículo 21, supervisen su aplicación y puedan responder por su incumplimiento. El presente trabajo analiza el contenido y los límites de ese mandato, la delimitación subjetiva del concepto de órgano de dirección, las medidas de ejecución que pueden afectar personalmente a directivos y representantes, y su relación con los principios de culpabilidad, personalidad y proporcionalidad propios del Derecho administrativo sancionador. Se dedica especial atención a España, donde, a la fecha de cierre del estudio, la transposición completa de NIS2 continúa pendiente. Sobre esa base se examina críticamente el texto del Anteproyecto sometido a audiencia pública en enero de 2025, en particular su previsión de responsabilidad solidaria de los miembros de los órganos de dirección. Finalmente, el artículo conecta NIS2 con los deberes de diligencia y responsabilidad de los administradores previstos en la Ley de Sociedades de Capital y propone un estándar práctico de diligencia en materia de ciberseguridad. La tesis central es que NIS2 intensifica la responsabilidad de gobierno, pero no configura una responsabilidad objetiva por la mera producción de un incidente, partiendo de la base de que un incidente, una infracción de ciberseguridad y una responsabilidad personal son categorías distintas que requieren presupuestos de imputación diferenciados.

Previa puesta de manifiesto de la creciente preocupación por la paulatina generalización del fenómeno de ocupación inmobiliaria en nuestro país, la presente comunicación aborda distintas cuestiones de calado jurídico que tienen que ver con esta expresión delictiva, como son el cierto desaguisado, de índole procesal, creado a la luz de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, o la falta de aprovechamiento de esta reforma para habilitar expresamente el desalojo cautelar de la vivienda. A cuyo efecto se ofrecen los criterios proporcionados por la Fiscalía General del Estado y por la Secretaría de Estado de Seguridad para, desde la primera institución, proporcionar por vía interpretativa una salida honrosa al desbarajuste y, desde ambas, arrojar luz acerca del «sí» y del «cómo» de esa medida de desapoderamiento interino del inmueble frente al usurpador. Y con mención, en fin, a un muy relevante pronunciamiento reciente del Tribunal Supremo respecto a la no punibilidad de la baja o cese en el pago de los suministros por parte del propietario espoliado, en los casos de intrusión que, siquiera sea de manera refleja, puede provocar el efecto de disuadir de las ocupaciones o poner fin a las ya acometidas.

La revista Práctica Urbanística te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, nº 202, septiembre-octubre 2026, firmado por Jorge Rollnert-Liern Pellicer, área de Derecho Público Gómez-Acebo & Pombo Abogados.

• El III Foro Regional de Ciberseguridad de ISMS Andalucía se celebró con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Málaga

• ISMS Forum impulsa estudios y herramientas prácticas para reforzar la seguridad y el buen gobierno en la adopción de inteligencia artificial

• El 22,5% de las brechas de 2025 involucraron a terceros y su detección y contención tarda de media 254 días

Demostrar que un espacio de datos es seguro, interoperable y está preparado para generar valor compartido puede marcar la diferencia. La Lista de Confianza de los Espacios de Datos nace para reconocer a aquellos ecosistemas que cumplen criterios objetivos en ámbitos clave para considerarse un espacio de datos operativo, convirtiéndose en una referencia para organizaciones que buscan colaborar en entornos fiables y alineados con Europa.

Según la Asamblea ampliada, la IA está "inaugurando una nueva era de posibilidades que ofrece oportunidades significativas, pero que también plantea grandes amenazas", con consecuencias para las personas, la economía, los mercados laborales, la educación, los servicios públicos y la gobernanza.

El cambio de uso de local a vivienda no se puede autorizar desatendiendo la normativa urbanística aplicable a todas las viviendas construidas en la parcela.

La voluntariedad tiene como presupuesto la imputabilidad del sujeto, es decir, la capacidad de entender y de querer en el momento en que se efectúa la acción, lo que no ocurre en el caso, en que la actuación del asegurado estuvo íntimamente vinculada a sus condiciones laborales, en concreto, a la situación derivada de una demanda por acoso laboral y las consecuencias de la misma.

La empresa afirma falta de puestos y causas organizativas, pero la publicación inmediata de ofertas de dependienta y la proximidad de la reincorporación llevan a apreciar discriminación por razón de sexo y a imponer indemnización por daño moral.

Los operadores internos deben asumir el riesgo operacional y los Estados miembros pueden establecer requisitos adicionales a los previstos en la normativa europea para restringir el uso de las adjudicaciones directas.

Los cuidadores no profesionales que han suscrito un convenio con la Seguridad Social ejercen una actividad por cuenta propia y se encuentran en situación asimilada al alta por lo que podrán aplicar las deducciones previstas en el art. 81 bis LIRPF.

Es un paso clave que hay que tratar con transparencia y claridad para no poner en riesgo el futuro del despacho.

El Pleno considera que el propósito de obtener un enriquecimiento personal de carácter patrimonial, utilizado en la Ley de amnistía como noción excluyente de su aplicación, es un concepto autónomo, no identificable con la noción de enriquecimiento que es inherente a todo delito de malversación. La sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera, César Tolosa Tribiño y José María Macías Castaño.

La Agencia Tributaria ha decidido aplazar la implantación de 'Verifactu' hasta la entrada en vigor de la factura electrónica para todos los obligados tributarios, es decir, en octubre de 2028, según se desprende de una nota informativa publicada por el Ministerio de Hacienda.

El censo electoral para los comicios del 29 de noviembre, que incluirá las inscripciones de quienes tengan la mayoría de edad el día de la votación, está compuesto por el censo electoral de españoles residentes en España (CER) y también por el censo electoral de españoles residentes-ausentes que viven en el extranjero (CERA).

El tribunal confirma que las secuelas de una hernia discal operada no anulan la capacidad para desempeñar su profesión.

Llamó ‘chihuahua’ a una compañera y se negó a trabajar con cuchillos, alegando que había soñado que tras ser despedido los usaba para matar a dos jefes.

España ha registrado en los tres primeros trimestres de 2026 un total de 4.699 procedimientos concursales, un 2% menos respecto al mismo periodo del año pasado, y 22.701 disoluciones en España, un 10% más, según los datos publicados este lunes por Informa D&B.

La afiliación a la Seguridad Social aceleró una décima, hasta el 1%, su crecimiento trimestral durante los meses de julio a septiembre en datos corregidos de variaciones estacionales y efecto calendario, gracias, en gran medida, al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, según el 'Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo', elaborado por el Instituto EY Talento e Innovación en colaboración con BBVA Research y Fedea.