A lo largo de la guía se analizan momentos decisivos como la primera entrevista, la gestión de expectativas, la información durante el desarrollo del asunto, la preparación del juicio, la negociación y la forma de actuar cuando la relación deja de funcionar.

Elaborado por Francisco Uría, experto con más de veinte años de ejercicio profesional en estos ámbitos y con experiencia docente universitaria, el libro está adaptado a los programas que se siguen en buena parte de los centros universitarios.

El artículo analiza la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta y rechaza que la responsabilidad principal corresponda al Tribunal Supremo. Explica que la sentencia citada no elimina el control fronterizo, sino que distingue entre el rechazo en frontera y el procedimiento legal de devolución. Defiende que las devoluciones deben respetar las garantías jurídicas, especialmente en el caso de solicitantes de asilo y menores no acompañados. El autor atribuye a Marruecos un posible uso político de la migración para presionar a España. Además, critica la política española respecto al Sáhara Occidental y cuestiona la fiabilidad de Marruecos como socio.

Un reciente informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), de 30 de junio de 2026, —UM/045/26— concluye que la exigencia de un doble título administrativo habilitante para el inicio de la actividad turística de alojamiento (viviendas turísticas en este caso) suponen un obstáculo o barrera de acceso a la prestación de servicios que vulnera el principio de simplificación de cargas del art. 7 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre de garantía de la unidad de mercado (LGUM). La trascendencia de este informe radica en que estas limitaciones son habituales en la práctica administrativa en esta materia. Se hace referencia a la reciente modificación de la normativa canaria sobre viviendas vacacionales que supone un «regalo envenenado».

La inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE) constituye uno de los derechos fundamentales que con mayor frecuencia entra en tensión con las necesidades de la investigación penal cuando la vivienda es compartida por una pluralidad de moradores. El presente trabajo analiza los criterios constitucionales y jurisprudenciales relativos a la validez del consentimiento prestado por uno solo de los cotitulares o convivientes para autorizar la entrada y registro domiciliario, distinguiendo la titularidad del derecho a la inviolabilidad domiciliaria —que corresponde individualmente a cada morador— de la facultad de autorizar la entrada, que puede ejercer cualquiera de ellos salvo que concurra un conflicto de intereses acreditado con el investigado. A tal efecto, se examinan los pronunciamientos más recientes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (2025-2026).

La geolocalización constituye una de las técnicas más eficaces de investigación tecnológica en el proceso penal, pero también una de las que presenta mayores riesgos para los derechos fundamentales. Este artículo analiza su régimen jurídico tras la incorporación de las medidas de investigación tecnológica a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, examinando los presupuestos de legalidad constitucional que condicionan su utilización, su regulación específica y su aplicación en un caso real. La validez de la geolocalización no depende únicamente de la autorización judicial, sino de un riguroso juicio de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Su eficacia probatoria exige una interpretación garantista que preserve el equilibrio entre las necesidades de la investigación penal, la protección de las víctimas y la tutela de los derechos fundamentales del investigado.

El abogado siempre ha hecho tres cosas: plantear el asunto, planificarlo y producir, y lo que cambia es el reparto del tiempo que dedica a cada una.

La Defensora del Pueblo inició una investigación y presentó una lista de preguntas a la Comisión.

La decisión incide en los límites de la retribución variable ligada a objetivos comerciales y recalca que sólo son legítimos los incentivos basados en el rendimiento neto, no en sanciones encubiertas mediante incidencias.

El contenedor era visible tanto por sus notables dimensiones como por el hecho de estar situado en un tramo recto y a nivel de la calle y ocurrir la colisión a plena luz del día, no constando maniobra de esquiva, que resultaba posible.

Acreditación del nexo causal entre la actividad ilegal de desalobración con vertido del rechazo sin depurar y la contaminación, aplicando el principio de precaución para evaluar la significatividad del daño.

Conforme al principio de especialidad o determinación registral, todo derecho que pretende su acceso al Registro de la Propiedad debe de estar perfectamente diseñado y concretado en lo que a sus elementos personales y reales se refiere y por ello una de las circunstancias que debe concretarse en su duración o término ya sea este fijo o variable.

La fecha que tiene trascendencia a efectos del IVA no la marca la contabilidad, sino el momento de la inscripción en el Registro Mercantil.

Mediante Resolución de 2 de octubre de 2026, el Congreso de los Diputados acuerda la derogación del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible y, en consecuencia, el decaimiento de las medidas tributarias incorporadas en la referida disposición.

Se modifica el Texto refundido de las personas con discapacidad y la Ley de dependencia -entre otras normas- para adaptarse a la reforma del art. 49 CE, con especial atención a colectivos vulnerables como mujeres e infancia.

Este delito contra la seguridad vial no está comprendido ni en la delincuencia organizada ni en un ámbito delictivo que pueda tener una dimensión transfronteriza o un carácter grave y no constituye una «infracción penal» en el sentido del artículo 2.1 de la Decisión Marco 2005/212.

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid solicita a la ministra Elma Saiz que el desarrollo reglamentario continúe con carácter urgente y se apruebe dentro del plazo fijado por las Cortes.

El adelanto electoral anunciado para el 29 de noviembre por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deja en el aire multitud de normas de corte social planteadas por el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, algunas de ellas ya en tramitación parlamentaria y que decaerán por la disolución de las Cortes Generales.

La proposición de ley del Grupo Socialista relativa a la reducción de la tasa máxima de alcohol en la conducción queda en el aire tras la disolución de las Cortes Generales por la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, poniendo fin a una legislatura que ha logrado avances en materia de protección a los usuarios más vulnerables de la vía.

El Ministerio de Hacienda ha publicado en el BOE orden ministerial por la que se regulan los elementos técnicos y funcionales de la solución pública de facturación electrónica, un paso normativo clave que activa formalmente los plazos para la entrada en vigor progresiva de la factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales en España.

El Gobierno ha rechazado la propuesta de la patronal catalana Foment del Treball de recuperar el despido por bajas laborales repetidas o de larga duración, al considerar que vulnera "los más elementales principios constitucionales e incluso éticos y morales".

Entre el 97% y el 99% de la desigualdad de la renta en España se produce dentro de los propios colectivos de hogares nacionales e inmigrantes, y únicamente entre un 1% y un 3% responde a la brecha de ingresos medios existente entre ambos grupos.

El propietario del inmueble tenía un enganche a la luz sin contador del que se benefició durante un año.

La edición actualiza concordancias incluyendo las últimas disposiciones. Además, incorpora más de 600 extractos de sentencias y resoluciones, facilitando su lectura con palabras subrayadas y epígrafes claros.