La LO 1/2026 ha supuesto la consideración de los hurtos de teléfonos móviles u otros dispositivos de almacenamiento masivo de datos como delitos menos graves, independientemente de su valor económico. Tal circunstancia ha representado una auténtica revolución en la protección penal de dichos objetos del delito, con redundancia tanto desde el punto de vista sustantivo como procesal.

Desde esta última perspectiva, aparte del impacto que la norma ha supuesto en la posibilidad de adopción de medidas de prohibición de acercamiento en el contexto de la multirreincidencia y el posible sometimiento de la investigación penal a los cauces de las conocidas como diligencias urgentes, la consideración de la infracción en todo caso como delito castigado con penas de hasta tres años de prisión podría permitir el empleo de determinadas técnicas o herramientas de investigación tecnológica; aunque siempre con pleno respeto del principio de proporcionalidad.

La viabilidad de una acción de daños no depende solo de que el ordenamiento reconozca el derecho al resarcimiento. Depende también de que el valor esperado de la reclamación permita afrontar los honorarios profesionales, la prueba pericial, la duración del proceso, la ejecución y el riesgo de costas adversas. Parte de ellos para estudiar un problema diferente: la distancia entre las costas legalmente recuperables y el coste económico total de litigar, así como la aparición de la financiación por terceros como respuesta privada a esa distancia. Solo se conserva, como cuestión de enlace, el debate jurisprudencial más reciente sobre el acogimiento de pretensiones subsidiarias en la litigación del cártel de automóviles, con especial atención a las Audiencias Provinciales de Burgos, Murcia y León y a tres resoluciones del Juzgado de lo Mercantil n.^o 1 de Toledo redactadas por la autora. El núcleo del trabajo se dedica a delimitar la financiación frente a la cesión de créditos, la cuota de éxito, el préstamo y el seguro; a examinar sus funciones y riesgos; y a proponer reglas sobre transparencia, solvencia, control de decisiones, remuneración, retirada, confidencialidad y costas adversas. La tesis defendida es que la financiación puede ampliar el acceso a la justicia, pero no debe alterar la titularidad material de la pretensión ni permitir que el capital controle el proceso sin asumir responsabilidades correlativas.

Puesto que la determinación del convenio colectivo aplicable es una cuestión de orden público que no se puede dejar a la voluntad de las partes —salvo que no exista convenio colectivo de aplicación—, en las empresas en que concurren distintas actividades, la determinación de qué convenio colectivo se deberá aplicar, dependerá de lo que suponga «actividad preponderante» de la empresa, que se fija en torno a dos criterios: 1) Excluyentes, esto es, ni el objeto social ni el CNAE en que se da de alta la empresa, ni la facturación, son determinantes de cuál es la «actividad preponderante»; y 2) Concluyentes, esto es, habrá que tener en cuenta los resultados de la explotación y el número de personal estable que se dedica a las actividades que se desempeñan en la empresa, para determinar cuáles de las actividades reales es la «preponderante. Y ello teniendo en cuenta el principio de «unidad de empresa» —aplicación de un único convenio colectivo— y cuándo se podrán aplicar convenios diferentes en un mismo ámbito empresarial: 1) Cuando exista «segregación organizativa», esto es, plantillas estables y diferenciadas para cada actividad; y 2) Cuando exista «segregación funcional», esto es, procesos productivos y ciclos económicos autónomos, organización y gestión independiente y ausencia de conexión o dependencia entre actividades

La Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, nº 71, mayo-agosto 2026, firmado por Javier Plaza Penadés, catedrático de Derecho Civil Universidad de Valencia y director de la revista.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha hecho un llamamiento a Estados y empresas para gobernar la inteligencia artificial (IA), una tecnología que ofrece muchos beneficios para la sociedad pero que también pone en riesgo los derechos humanos. "Todos los derechos humanos están en riesgo", ha firmado.

• El XVI Encuentro de Cloud Security Alliance España, iniciativa de ISMS Forum, analizará el impacto de la inteligencia artificial, la automatización y las nuevas dependencias tecnológicas sobre la seguridad cloud.

• La cita se celebra en un momento clave para la ciberseguridad europea, marcado por las nuevas obligaciones del Cyber Resilience Act, el despliegue del AI Act y el debate sobre soberanía tecnológica.

• ISMS Forum presentará Soberanía Cloud, el XIV Estudio SOTA y el V Estudio Green Cloud, tres proyectos orientados a ayudar a las organizaciones a afrontar los nuevos retos de seguridad, resiliencia y sostenibilidad en la nube.

No es necesario contar con su consentimiento al no ser parte en el contrato ni ostentar a la fecha de su celebración la condición de herederos de los causantes, que solo adquieren por la muerte de estos.

Considera injustificado y discriminatorio el requisito de domiciliación del vehículo en la ciudad para poder circular, aun cuando carezca de etiqueta ambiental.

La empresa invoca pérdidas económicas relevantes y la existencia de hurtos internos, pero no acredita ni el volumen de pérdidas ni la parte atribuible a los empleados, ni un patrón de conducta que permita inferir un riesgo elevado.

La cláusula estatutaria debe interpretarse como una exigencia de que los pisos se destinen a un fin residencial, pudiendo esta residencia ser «permanente» o no, pues nada se añade al respecto. Dada la naturaleza residencial del arrendamiento de corta duración no turístico, no puede sino concluirse que la limitación estatutaria es compatible con dicho arrendamiento no turístico, y, por tanto, con la asignación del número de registro único de alquiler correspondiente.

Orientaciones basadas en pruebas y buenas prácticas en toda la Unión para que las autoridades competentes de los Estados miembros aborden los retos de asequibilidad de la vivienda en zonas de vivienda tensionada, o en riesgo de estarlo, mediante la promoción de respuestas de base local para aumentar la oferta de vivienda, centrándose en la vivienda por debajo del precio de mercado.

Con este Real Decreto por el que se transpone la Directiva (UE) 2019/1152, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, se incrementan las obligaciones informativas de las empresas a la hora de ofrecer un contrato de trabajo para combatir la precariedad, garantizando desde el primer momento de la relación laboral un acceso adecuado a las características esenciales de la relación laboral.

La libertad de expresión del tercero que usa un signo idéntico o similar a una marca de renombre puede constituir una justa causa para ese uso si, en la ponderación de los derechos en conflicto, esta libertad prevalece sobre el derecho exclusivo del titular de esa marca. En esa ponderación deben tenerse en cuenta todas las circunstancias del caso que sean pertinentes y, entre ellas, la intención de ese tercero, la cuestión de si la expresión controvertida contribuye a un debate de interés general y las consecuencias que el uso de dicho signo por el tercero puede acarrear para el titular de la marca o para el contenido esencial del derecho exclusivo que confiere su registro.

Fuentes del Ministerio de Justicia han indicado que el Comité de expertos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha analizado el procedimiento español para la elección de su juez titular del TEDH y ha concluido que "se ajusta por completo" a la normativa europea.

Jupol denuncia una "falta de previsión absoluta" y critica que "no se tuvieran en cuenta" informes de Extranjería, Frontex y Europol.

El CNLAJ considera imprescindible que cualquier propuesta de reforma parta de datos objetivos y de un conocimiento preciso del funcionamiento de un sistema que gestiona millones de operaciones cada año.

La Sala de lo Contencioso concluye que la evolución de la enfermedad permite revisar la situación por ser necesaria la ayuda de otra persona para las actividades básicas. La sentencia considera que la prueba médica practicada desvirtúa la valoración del EVI y reconoce un complemento del 50 % de la pensión

-La asociación reclama ajustes para garantizar un crecimiento ordenado del sector en un marco técnicamente sólido y competitivo que no frene la innovación

-Propone elevar de 1 a 5 MW el umbral de aplicación de determinadas obligaciones y adaptar los criterios de sostenibilidad energética y medioambiental a las características de cada instalación

La Fiscalía General del Estado "urge" a adoptar "todo tipo de medidas" ante el aumento de la siniestralidad en la que se han visto implicados los vehículos de movilidad personal (VMP) entre los que se incluyen los patinetes. Advierten un "progresivo y alarmante" crecimiento de las sanciones a conductores por consumo de droga.