La decimotercera edición del mejor evento legal del año tendrá lugar los días 22, 28 y 29 de septiembre en Madrid bajo el lema «12+1: Break the Code».

El trabajo examina, desde una perspectiva del derecho de consumo o consumerista (*), la eventual ilicitud de la práctica consistente en permitir la incorporación de vehículos a autopistas de peaje sin que la persona usuaria haya recibido, antes del punto de no retorno, una información clara, comprensible, accesible y materialmente útil sobre el precio final o, al menos, sobre los elementos determinantes de la tarifa aplicable al trayecto que razonablemente pretende realizar. La tesis sostenida es que la publicidad formal de tarifas en boletines oficiales, webs corporativas o sedes electrónicas no agota el deber precontractual de información cuando el acto de contratación se produce en movilidad, en un entorno de decisión rápida y bajo condicionantes de seguridad vial. En tales casos, el derecho del consumo exige trasladar la información esencial al lugar y momento en que el consumidor puede elegir entre acceder a la infraestructura de pago o utilizar una alternativa gratuita. La omisión tarifaria puede analizarse como infracción del deber de información precontractual, como práctica comercial engañosa por omisión, como práctica abusiva por falta de reciprocidad y como incumplimiento de los estándares de transparencia funcional propios de una relación contractual predispuesta y de adhesión.

La presente comunicación tiene por objeto arrojar luz sobre el interrogante que se plantea en el ámbito penal acerca de si los tipos de hurto, robo o apropiación indebida, cuyo objeto material se hace coincidir con una «cosa mueble», siguen abarcando a los animales, dado que estos, tras la promulgación de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales, han dejado de estar incluidos en esa categoría civil de los «bienes muebles» para pasar a ser conceptuados como una suerte de tertium genus, en cuanto que seres dotados de sensibilidad, separados de la materia inerte.

El Proyecto de Ley Orgánica de protección civil de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, llamado a sustituir a la Ley Orgánica 1/1982, introduce una actualización relevante del régimen civil de tutela de los derechos de la personalidad en el entorno digital. Aunque no constituye una norma específicamente dirigida contra la desinformación, la manipulación e injerencia extranjera en la información —Foreign Information Manipulation and Interference o FIMI— ni contra las amenazas híbridas, algunas de sus previsiones pueden tener una incidencia significativa en estos fenómenos. En particular, resultan relevantes la consideración como intromisión ilegítima de la utilización o difusión de imágenes o voces creadas, simuladas o manipuladas tecnológicamente con apariencia extremadamente realista; la delimitación más estricta del consentimiento en redes sociales; la protección reforzada de menores; la tutela frente a la revelación o difusión de comunicaciones privadas; las medidas cautelares de retirada de imágenes o voces reales, manipuladas o simuladas; y el refuerzo de la reparación civil. Este artículo sostiene que la futura ley no debe entenderse como un instrumento autónomo de política pública contra la FIMI, sino como una pieza complementaria dentro de una arquitectura más amplia de resiliencia democrática, integrada por el Reglamento de Servicios Digitales, el Reglamento de Inteligencia Artificial, la normativa de protección de datos, el marco europeo frente a FIMI y las herramientas de respuesta frente a amenazas híbridas.

El presente trabajo examina la doctrina de las unidades mínimas de observación como una matización del principio acusatorio, a partir del análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala II) 61/2025, de 30 de enero. Esta resolución, dictada por la Sala de lo Penal bajo la ponencia de Javier Hernández García, aborda un caso de agresión sexual y lesiones caracterizado por su complejidad fáctica y jurídica, ofreciendo un marco idóneo para explorar cómo el juez puede reconstruir el relato acusatorio sin vulnerar las garantías procesales.

Los ciudadanos deben comprender los efectos de la IA en la sociedad, no solo saber cómo funcionan las herramientas.

Nuevas cifras de los Estados miembros muestran que las empresas utilizan cada vez más las normas simplificadas del IVA para el comercio electrónico transfronterizo.

España y México han acordado estrechar su colaboración en ámbitos como la inteligencia artificial (IA), la supercomputación, la conectividad y la ciberseguridad, según establece el acuerdo firmado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de México, José Antonio Peña Merino.

El uso como auxilio en su labor jurisdiccional de esta clase de programas por parte de los Magistrados se regula internamente por la Instrucción del Consejo General del Poder Judicial nº 2/2026, sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional (Acuerdo de 28 de enero de 2026, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial) publicada en el BOE de 30 de enero.

El control judicial se limita a determinar si el registrador actuó de manera correcta al resolver el expediente y designar al experto. El registrador ha de limitarse a comprobar la concurrencia de los presupuestos para proceder al nombramiento del experto. No es competente para revisar el correcto ejercicio por el socio del derecho de separación.

La supresión de la línea no requiere declaración de impacto ambiental ni se opone a los objetivos de descarbonización, ya que funcionaba con trenes diésel poco eficientes y el cierre contribuye a reducir la contaminación, favoreciendo la búsqueda de alternativas de movilidad menos contaminantes.

Vulneración del derecho a la libertad personal, desde la perspectiva del derecho a la asistencia jurídica. Derecho del afectado a que, en todas las actuaciones que se lleven a cabo, la información se le facilite con los ajustes necesarios para garantizar su participación y su derecho a entender y ser entendido. Contenido de la asistencia jurídica que ha de prestarle el MF en su condición de defensor.

Bajo el lema “Arbitraje doméstico: escuchamos a las empresas”, el encuentro reunirá a directivos, asesores jurídicos, abogados, árbitros y representantes institucionales para analizar los principales retos del arbitraje desde la perspectiva de sus usuarios.

El 15 de septiembre entra en vigor el acuerdo del TC de 10 de junio de 2026, por el que se regula la presentación de los recursos de amparo a través de su sede electrónica y deroga el anterior Acuerdo TS de 15 de marzo de 2023.

El RD 707/2026, de 2 de septiembre, prevé que las personas con dificultades cognitivas podrán contar con la asistencia de profesionales que actúen como facilitadores procesales para realizar las adaptaciones necesarias y podrán estar acompañadas por una persona de su elección, conforme a la legislación procesal.

Se aprueban los nuevos modelos de autoliquidación y liquidación de las tasas por la prestación de servicios del mercado de tabacos; por la solicitud de concesión de expendedurías de tabaco; por autorizaciones de puntos de venta con recargo y del canon concesional.

Asimismo, se detalla el alcance general de las reglas aplicables a la medición de las distancias entre expendedurías.

Se modifica el Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias con la finalidad de que el documento único electrónico (DUE), además de servir como declaración censal de comienzo de las actividades económicas, también puede utilizarse para comunicar el cese de las actividades empresariales o profesionales.

El Abogado General Szpunar especifica los criterios para apreciar la compatibilidad de una normativa nacional con el Derecho de la Unión.

La política de selección para el acceso al cuerpo de policía italiano discrimina a las mujeres y no puede justificarse alegando que se trata de un requisito profesional esencial y determinante.

Tras el fin de las vacaciones, no suele ser fácil recuperar el ritmo habitual. Aquí, unos consejos para mitigar el “bajón” en tu bufete.

El Tribunal Supremo celebra una vista oral y pública para analizar las medidas cautelares solicitadas por distintas organizaciones que pidieron la suspensión cautelar de las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la llamada 'ley de nietos' por sus presuntos efectos electorales.

El tribunal señala que las dolencias crónicas con evolución fluctuante como la que padece deben cubrirse mediante periodos de incapacidad temporal durante sus picos de mayor gravedad.

El Consejo de Ministros aprobará hoy un Real Decreto que amplía las obligaciones empresariales de información en los contratos laborales.

Más de 1.600 menores migrantes han sido filiados en Ceuta tras la entrada masiva de extranjeros de julio y 500 plazas de acogida para niñas vulnerables están listas en la Península, a la espera de la firma de la comunidad autónoma de Ceuta.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) celebra el compromiso del Gobierno de impulsar a partir de septiembre la tramitación parlamentaria de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, al tiempo que ha reclamado reforzar la atención presencial en las entidades bancarias y avanzar en la accesibilidad de los servicios financieros para las personas mayores y con discapacidad.

Renfe vuelve a permitir el transporte de patinetes eléctricos a bordo de sus trenes, como parte de su apuesta por una movilidad cada vez más integrada, sostenible y accesible. La medida se aplicará en los servicios de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia, con las excepciones temporales de los núcleos de Rodalies y Cercanías Euskadi, donde por el momento no estará permitida.

La obra analiza las distintas obligaciones de facturación, registrales y censales ligadas a la gestión del IVA.