Durante el mes de agosto el Diario La Ley ha preparado ediciones semanales, temáticas, con lo más destacado que ha ido publicándose en la revista en lo que llevamos de año. Les recordamos que durante este mes las Newsletters serán semanales, y no diarias como es habitual. Por otra parte, se suspenden los podcast de noticias diarias, que se retomarán en septiembre.

El Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, introduce la primera de las reformas del nuevo Reglamento de Extranjería, pese al escaso tiempo transcurrido desde su entrada en vigor (20 de mayo del pasado año). Aunque el foco mediático se ha situado en las nuevas vías extraordinarias de regularización, la norma despliega una transformación más profunda: reconfigura el estatuto jurídico de la solicitud, redefine el alcance del arraigo y ajusta múltiples aspectos del régimen general. El resultado, como veremos, es un modelo que combina una apertura funcional —facilitando la integración inmediata— con un reforzamiento de la selectividad en el acceso a la residencia.

Desde el 10 de abril de 2026, la Unión Europea ha culminado la implantación del Sistema de Entradas y Salidas (SES), un instrumento tecnológico que sustituye el tradicional sellado de pasaportes por un registro automatizado de datos biométricos y de movimientos fronterizos de nacionales de terceros países. Este artículo analiza el alcance jurídico del SES, su encaje normativo en el Derecho de la Unión, sus implicaciones en la gestión migratoria y de seguridad, así como su proyección sobre el ordenamiento español, en particular en relación con la Ley Orgánica 4/2000 y su reciente desarrollo reglamentario.

Sigue la doctrina del TJUE en el asunto Obadal, redefine la respuesta al abuso de la temporalidad en la Administración y descarta la fijeza como solución general, reforzando un modelo de indemnizaciones y sanciones sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Aproximación doctrinal temprana a la STJUE, de 14 de abril de 2026, que desautoriza una vez más la figura jurisprudencial del trabajador indefinido no fijo, creada y defendida por el Tribunal Supremo, cuya inminente «respuesta» al TJUE presenta diferentes alternativas objeto de análisis en este estudio. Está en juego el diseño de un nuevo régimen indemnizatorio para hacer frente al abuso de la temporalidad en el sector público, que supere las carencias de la jurisprudencia actual y de la reforma legal del año 2021. Pero hay en juego mucho más, el cuestionamiento del entero sistema indemnizatorio del despido improcedente.

El Real Decreto 247/2024, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos (BOE de 28 de marzo de 2024), crea la figura de la asesoría confidencial para atender a la víctima que presente una comunicación por acoso sexual y acoso por razón de sexo y para indagar la conducta comunicada y elaborar un informe en el que proponga cómo actuar ante ella; y establece su régimen jurídico, integrado por los elementos descritos en el Protocolo de actuación que se exponen a continuación. El Anexo I del Protocolo de actuación recoge su definición, su nombramiento, los principios por los que se rige su actuación y su formación. Sin embargo, estas cuestiones deben ser completadas con varias previsiones legales y, en particular, con las normas internacionales y nacionales en las que se enmarca el Protocolo de actuación, para poder disponer de un régimen jurídico más completo de esta figura que contribuya a la realización de sus funciones.

Este trabajo, titulado «El peso de la púrpura», analiza la inmensa responsabilidad consustancial a la judicatura en la España contemporánea, empleando la metáfora del tinte púrpura, símbolo histórico de la autoridad suprema y del sacrificio. Partiendo de un marco multidisciplinar que integra la historia, la filosofía del derecho y la sociología, el estudio postula que la toga judicial es la encarnación moderna de dicha púrpura, representando no un privilegio, sino una pesada carga de servicio público.

El análisis traza la evolución de la magistratura desde sus fundamentos en la separación de poderes de Montesquieu (1748) hasta su configuración actual como pilar del Estado de Derecho y garante de los derechos fundamentales. Se profundiza en los deberes deontológicos de imparcialidad y neutralidad, se examina la soledad inherente al acto de juzgar y se explora el impacto de las resoluciones judiciales en la sociedad. Finalmente, el artículo aborda los desafíos contemporáneos más acuciantes —presiones políticas y mediáticas, sobrecarga de trabajo y dilemas tecnológicos—, concluyendo que la salvaguarda de la independencia y la integridad judicial no solo es esencial para la vitalidad de la democracia española, sino que demanda un compromiso firme con refuerzos institucionales, formativos y materiales (Consejo General del Poder Judicial, 2019).

Existe una justificación razonable para la cobertura provisional y temporal de unas plazas que tienen titulares o están llamadas a ser cubiertas por funcionarios, de acuerdo con el sistema legal previsto en la LOPJ.

El presente trabajo analiza la problemática jurídica que se suscita cuando la Administración adjudica plazas vacantes a funcionarios de nuevo ingreso por promoción interna en la especialidad de juristas del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, sin haberlas ofertado previamente en el concurso general de provisión de puestos de trabajo. Aunque dicha práctica puede encontrar amparo formal en el artículo 18.4 de la Ley 30/1984, el análisis jurisprudencial y doctrinal revela una tensión estructural con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso y la carrera en la función pública. A través del estudio de un supuesto fáctico concreto (concurso general de 2025 y proceso de promoción interna convocado por Resolución de 4 de noviembre de 2024), se identifican las vías de lesión material de estos principios y se proponen soluciones compatibles con el ordenamiento vigente.

El TS considera que el Estado no tiene competencia para realizar una regulación exhaustiva del nuevo registro único a nivel nacional.

La STS 521/2026 aborda la exigibilidad de la memoria de viabilidad económica del art. 22.5 TRLSRU, manteniendo formalmente su carácter preceptivo y la consecuencia de nulidad de pleno derecho por su omisión. Sin embargo, introduce un criterio material y de proporcionalidad que desactiva el automatismo invalidante y reconfigura funcionalmente la nulidad de pleno derecho, al permitir considerar cumplido el requisito cuando el análisis económico se encuentra en el expediente, aunque de forma dispersa o incorrectamente articulada. El artículo analiza esta tensión con el art. 47.1.e) LPACAP y sostiene que nos encontramos ante una mutación funcional de la doctrina jurisprudencial.

La fijación del justiprecio en los expedientes de expropiación forzosa suele situarse, al menos inicialmente, por debajo del valor real de mercado. Esta tribuna analiza cómo la falta de estrategia jurídica y pericial perjudica a propietarios y empresas, y defiende la necesidad de una actuación planificada y técnica desde las primeras fases del procedimiento para alcanzar una indemnización verdaderamente ajustada al valor económico de lo expropiado

Declara la Sala que debe estarse al momento en el que se concreta el alcance de las secuelas, pues el carácter crónico o continuado de la enfermedad no impide conocer en un determinado momento de su evolución su alcance y secuelas definitivas o al menos de aquellas cuya concreta reparación se pretende, y para ello puede estarse a la fecha de estabilización que puede no coincidir con aquella en la que se dicta la resolución administrativa de incapacidad.

No puede hablarse de infracción del derecho a la no autoincriminación cuando el acusado aporte voluntaria la información autoincriminatoria o cuando esta información conste en registros públicos o tenga una existencia independiente de la voluntad del sospechoso, esto es que proceda de un tercero.

Dentro del rico contenido del derecho de defensa, la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, ha perdido la oportunidad de consagrar uno de sus elementos clave, por ser la puerta de acceso al efectivo ejercicio de ese derecho fundamental: el derecho de los justiciables y la obligación de los órganos jurisdiccionales, a través de la oficina judicial, de apurar las posibilidades razonables de localización y emplazamiento inicial de los implicados en el objeto de un litigio. La doctrina constitucional es tan consolidada y constante como apropiada para ser refrendada en una ley general sobre el derecho de defensa, y habría ayudado a reducir un problema real y frecuente de nuestra Justicia.

La reciente sentencia Remling del TJUE refuerza la doctrina KUBERA y, con ella, la obligación de los órganos jurisdiccionales de última instancia de valorar la procedencia de elevar cuestión prejudicial y motivar, en su caso, de manera específica y concreta la decisión de no hacerlo conforme a las excepciones CILFIT, incluso en resoluciones de inadmisión sucintamente motivadas. Se examina el impacto de esta doctrina en el modelo español de casación contencioso-administrativa —en particular, la providencia del artículo 90.3 LJCA— y se valora la conveniencia de una reforma normativa del sistema.

No se puede acceder a la notificación el cuarto día hábil siguiente y pretender computar el plazo desde ese día pues la notificación se entiende practicada el tercero.

El silencio administrativo y la inactividad administrativa creados en un contexto jurídico, tecnológico y social muy distinto al existente en el siglo XXI tienen difícil cabida en el tráfico jurídico administrativo. Realizamos una breve referencia a la motivación que fundamentó su creación y se cuestiona si su utilización actual está justificada, o representa una infracción del principio de buena administración, refiriendo en este caso, algunas posibles soluciones lege ferenda.

El TEAC unifica su doctrina para los periodos en los que el que se adquirió una vivienda sin posibilidad de acogerse a la deducción por inversión en vivienda habitual.

Los pagos fraccionados tienen naturaleza autónoma y su modificación puede realizarse en las leyes de presupuestos, pues no se encuentran incluidos dentros de la prohibición establecida por el art. 134.7 CE.

La estancia durante largas temporadas en casa de su madre, a fin de poder atenderla, no impide considerar que la vivienda sigue siendo habitual y por tanto, puede practicar la correspondiente deducción en Renta, al cumplir los requisitos exigidos.

La sentencia examina y fija doctrina sobre la fecha del devengo del Impuesto sobre Sucesiones, cuando la sucesión se abre mediante testamente ológrafo. La regla general establece que el devengo se produce el día del fallecimiento del causante, a partir del cual han de computarse el plazo de seis meses para presentar la autoliquidación del Impuesto. Sin embargo, en el caso de la modalidad especial del testamento ológrafo, es necesaria su protocolización dentro del plazo de cinco años, sin que el testamente despliegue plena eficacia hasta que dicha formalidad se cumple. Esa circunstancia suscita la duda de si, en este supuesto, existe una regla especial de devengo que permita considerar como fecha relevante la de la protocolización del testamento y no la del fallecimiento del causante.

Históricamente, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a determinados sectores de la población, el legislador español ha establecido diversos beneficios fiscales en favor de la adquisición de viviendas de protección oficial ("VPO"). Aunque el desarrollo de la política de vivienda en España en el ámbito tributario se ha articulado tradicionalmente mediante la implementación de beneficios fiscales en el ámbito de los impuestos directos, los beneficios fiscales asociados a la vivienda protegida han adquirido particular relevancia en el ámbito de la imposición indirecta. En este sentido, destaca especialmente la aplicación del tipo reducido del 4 % en el Impuesto sobre el Valor Añadido ("IVA") a la adquisición de determinados tipos de VPO.

Sin embargo, la progresiva cesión de competencias a las Comunidades Autónomas en materia de vivienda y la falta de actualización de la normativa estatal reguladora de la vivienda protegida han generado un marco de incertidumbre jurídica en la aplicación de este tipo reducido. Esta situación supone un riesgo significativo tanto para promotores como para adquirentes, quienes pueden enfrentarse a liquidaciones complementarias por aplicación indebida del beneficio fiscal, debido a la ausencia de criterios normativos claros y objetivos.

El presente artículo analiza en profundidad la redacción y alcance del artículo 91.Dos.1.6.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido ("LIVA"), así como la doctrina administrativa y la jurisprudencia aplicables a este precepto y a otras disposiciones conexas. En particular, se examina la problemática derivada de la equiparabilidad de las viviendas protegidas en un contexto normativo desactualizado y fragmentado. Finalmente, se plantean algunas soluciones normativas y doctrinales orientadas a reforzar la seguridad jurídica en la aplicación del tipo reducido del 4 % en el IVA.

Esta cuestión adquiere especial relevancia en el contexto actual de crisis habitacional, caracterizado por un incremento continuado y exponencial de los precios tanto del alquiler como de la compraventa, lo que refuerza la necesidad de contar con un marco normativo claro y eficaz que garantice el acceso a la vivienda en condiciones asequibles.

Una empresa dedicada a la fabricación de artículos de limpieza puede deducirse el IVA soportado en los gastos de explotación de un amarre.

El Informe Técnico Económico carece de la metodología de cálculo empleada para establecer los datos de generación por actividad, lo cual, hurta al ciudadano de conocer la racionalidad del coste de la tasa.

La remisión que efectúa la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos a las normas tributarias generales y en particular a las previstas para las entidades sin fines lucrativos no puede extenderse a la tributación de ámbito local.

El texto analiza la controversia generada por la denominada «tasa Amazon» implantada por el Ayuntamiento de Barcelona para gravar el supuesto aprovechamiento especial del dominio público derivado de la distribución de bienes adquiridos mediante comercio electrónico. La sentencia del TSJ de Cataluña de 2 de octubre de 2024 (rec. 1110/2023) anuló la ordenanza al considerar que no concurre un uso privativo ni un aprovechamiento especial del dominio público que justifique la exigencia de una tasa conforme al TRLRHL. A juicio del tribunal, el gravamen se configura en realidad sobre la actividad y los ingresos de los operadores logísticos, lo que lo aproxima a un impuesto basado en la capacidad económica. El Tribunal Supremo, mediante auto de 14 de enero de 2026, ha admitido el recurso de casación para fijar doctrina sobre la conexión entre el hecho imponible y el método de cuantificación de las tasas locales. La futura jurisprudencia será relevante para delimitar los límites de la potestad tributaria local en el contexto de la logística del comercio electrónico.

Acaba de cerrarse el texto definitivo de la reforma del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, alcanzándose el acuerdo el pasado 13 de mayo. Tan solo queda pendiente su adopción formal por parte del Consejo y del Parlamento Europeo. El autor nos explica sus principales novedades.

La contaminación acústica es un problema de especial importancia en la vida cotidiana, que actualmente tiene su tipificación expresa en el código penal, si bien no siempre ha sido pacífico en la doctrina científica que se tipificara por la vía penal, sino que se había defendido que se limitara su regulación al ámbito administrativo o bien se recondujera su respuesta a la aplicación de tipos como delito de lesiones o coacciones, por ejemplo. La evolución del derecho del medio ambiente, la relación de éste con otros derechos de carácter fundamental, como el derecho a la integridad e incluso la inviolabilidad del domicilio, y el reconocimiento de los graves problemas que la contaminación acústica puede generar a la salud de las personas, ha dado lugar a una respuesta afirmativa, ahora sí consagrada y firme, para la necesidad de otorgar una protección penal frente a este tipo de contaminación.

La Revista Carta Tributaria Opinión te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, nº 134 del mes de junio de 2026, firmado por Néstor Carmona Fernández, Abogado, Inspector de Hacienda (ex.) y Director de Carta Tributaria Opinión.

La revista Práctica Urbanística te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, nº 200, mayo-junio 2026, firmado por Sergio Fernández Monedero, consejero, área de Derecho Urbanístico de Cuatrecasas.

Este dosier, que Aranzadi LA LEY te ofrece de forma gratuita, proporciona una visión integral y práctica para los profesionales del derecho, facilitando el entendimiento de las cuestiones más relevantes de este proceso.