Hace más o menos una cincuentena de años, entre 1975 y 1978, las prisiones españolas se vieron sacudidas por una gravísima y persistente conflictividad colectiva sin precedentes en su devenir histórico. Este trabajo está dedicado a analizar las causas que la originaron y también a exponer, brevemente, cómo se enfrentó ese estado de cosas para alcanzar una normalidad que, con el transcurso de los años, dio paso a uno de los sistemas penitenciarios más avanzados a nivel internacional.

La determinación del momento inicial del cómputo del plazo de prescripción en los supuestos de responsabilidad tributaria subsidiaria ha constituido tradicionalmente uno de los puntos de mayor fricción entre la Administración tributaria y los obligados tributarios.

Se discute la responsabilidad civil del Instituto Tutelar por los daños ocasionados por una persona incapacitada mentalmente y tutelada, que arrojó un objeto causando lesiones a un tercero. Aunque el artículo 1903 CC, en su redacción previa a la Ley 8/2021, imponía responsabilidad al tutor por los actos de incapacitados bajo su autoridad y convivencia, el Tribunal confirma la exoneración del Instituto al entender que el tutelado residía en un piso tutelado gestionado por una fundación, que asumía la vigilancia y control cotidianos, delegando funciones del tutor. Asimismo, se valora la insuficiente previsibilidad del acto dañino y la conformidad con la Convención de Nueva York, que reconoce la autonomía de las personas con discapacidad, lo que limita el ámbito del control tutelar. Por ello, no se aprecia culpa in vigilando ni in eligendo del Instituto, ni obligación de vigilancia continua; tampoco procede imputar responsabilidad solidaria dado que la fundación no fue demandada. Finalmente, se desestima la inversión de la carga probatoria en favor del demandante, imponiéndose costas al recurrente.

La revista Actualidad Civil te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, 7-8, julio-agosto 2026, firmado por Javier Carrascosa González, catedrático de Derecho Internacional Privado Universidad de Murcia.

Obedeciendo a ese topógrafo del misterio que fue Jorge Luis Borges, en este aporte que seguramente no dé respuestas, se trata de trazar desde la literatura los contornos de lo inexplicable, sentando las bases y puntos de partida para que el lector pueda comenzar a comprender lo que subyace detrás del desarrollo de artefactos cuánticos de segunda generación, como las computadoras cuánticas; que hoy, más que nunca, necesita de esa mirada: no para resolver ecuaciones, sino para pensar lo impensable, imaginar lo invisible, narrar lo que no puede saberse del todo y avizorar lo que nos depara el horizonte de eventos cuánticos hacia el cual transitamos. Porque, al final, tanto la ciencia como la literatura no buscan certezas, ya que la humanidad no escribe para describir el mundo tal cual es, sino para aprender a soportarlo.

Una interpretación finalista de las normas por la que apuesta el Tribunal Supremo y el respeto al principio de capacidad económica llevan a la Sala a reconciliar los métodos a utilizar, pues el método de estimación directa y el de estimación objetiva no miden la misma realidad, por ello, debe optarse por comparar los rendimientos íntegros.

Atendida la exclusión legal de las generales medidas cautelares previas, considera que no es aplicable la exigencia de los MASC a las medidas provisionales previas a la demanda en materia de Derecho de familia, con independencia de que el procedimiento afecte o no a menores.

Se pueden concretar turnos rotativos, exclusiones y criterios de disfrute no detallados en el convenio sectorial, al existir en este una cláusula que remite expresamente a la negociación en la empresa para la planificación anual de las vacaciones.

Para ello es preciso, no obstante, que se establezcan una estricta regulación legal de las facultades de esas autoridades y garantías adecuadas y suficientes contra los abusos y la arbitrariedad, como un control judicial a posteriori efectivo de la medida.

Los españoles vivimos más y la etapa posterior a la jubilación puede prolongarse más de 30 años. De ahí que surjan numerosos interrogantes: a qué dedicar ese tiempo, cómo combatir los prejuicios del edadismo, cómo garantizar los cuidados cuando la enfermedad genera situaciones de mayor dependencia y cómo convivir con las nuevas generaciones. La última sesión de Jubilare volvió a abrir un espacio de reflexión sobre la realidad de las personas mayores.

Más allá del cumplimiento de la normativa sobre conciliación, hay políticas y prácticas que contribuyen al descanso de abogados y abogadas.

La medida busca que las personas afectadas puedan "centrarse en afrontar las consecuencias de la emergencia sin que ello repercuta en sus procedimientos judiciales".

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley de medidas urgentes de protección laboral y social frente a los incendios de 2026 que crea la Prestación Extraordinaria por Emergencia Extrema para los trabajadores que se vean obligados a suspender temporalmente su actividad como consecuencia de estos siniestros. La norma refuerza la protección de los derechos laborales de los afectados y establece la nulidad de cualquier represalia empresarial por el ejercicio de estos derechos.

El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, una norma clave dentro del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, aprobado en 2025 y que será la base para contrarrestar desde las Administraciones Públicas todo el ciclo de la corrupción. El texto será remitido al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria.

La norma incorpora nuevas discapacidades o patologías, como la espina bífida o el párkinson, al listado de supuestos que permiten acceder a la jubilación anticipada de las personas trabajadoras con discapacidad con un grado igual o superior al 45%. Esta medida permite que en torno a 50.000 trabajadores con discapacidad puedan anticipar su edad de jubilación hasta los 56 años.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley por el que se modifica el Estatuto de los Trabajadores para reforzar la protección de los empleados que informen sobre infracciones normativas y casos de corrupción en el ámbito laboral, con el objetivo de blindarles frente a represalias y discriminaciones.

Estos planes integrales tienen como objetivo, según ha indicado el ministerio liderado por Yolanda Díaz en un comunicado, hacer frente al desempleo estructural que sufren estas tres comunidades pese a la evolución positiva del empleo en el último año.

El Parlamento de Cantabria actualiza la normativa en materia ambiental y avanza hacia una economía más sostenible que mejore la protección del medio ambiente y la salud, para ello se simplifican los trámites burocráticos mediante declaraciones responsables para actividades de escasa relevancia, manteniendo las garantías ambientales y se endurecen las sanciones para infracciones graves.

Se analizarán las medidas cautelares solicitadas por la organización Iustitia Europa, que pidió la suspensión cautelar de las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la 'ley de nietos' por sus "efectos electorales".

Considera que queda acreditado que la exdirectiva acosó laboralmente a un trabajador de su equipo y rechaza que su despido se produjera como una acción de represalia.

Se trata de una infracción considerada "muy grave" al vulnerar "de forma continuada" el derecho fundamental a la huelga de la plantilla. La resolución considera acreditado el "esquirolaje interno y externo" durante una huelga indefinida en la que la plantilla reclamaba un convenio propio con mejores condiciones laborales y salarios superiores al SMI.

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