En los últimos años el Tribunal Supremo ha dictado sentencias fijando doctrina jurisprudencial sobre el alcance de la causa de desheredación prevista en el art. 853.2 CC . El objeto de este trabajo es analizar esta jurisprudencia y entender por qué y en qué casos la falta de relación paterno-filial podrá encajar en el maltrato de obra del art. 853 CC y, en consecuencia, encontrarnos con una desheredación justa y sus efectos.

Este trabajo analiza la construcción jurisprudencial del tercer nivel de protección en el sistema español de asilo, su consolidación como mecanismo de tutela reforzada y los interrogantes que plantea su aparente desaparición, examinando si los principios garantistas desarrollados por el Tribunal Supremo podrán seguir proyectándose sobre otras figuras del ordenamiento jurídico español.

La STS 603/2024, de 14 de junio, dictada por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, constituye el primer pronunciamiento de máximo rango sobre el denominado stealthing; esto es, la retirada subrepticia del preservativo pactado como condición esencial del consentimiento sexual. La sentencia, por mayoría, califica los hechos como agresión sexual sin acceso carnal (art. 178 CP), con el argumento de que el acto sexual realizado desbordó el consentimiento prestado, negando que el engaño sea el mecanismo típico relevante. El extenso voto particular de cinco magistrados sostiene, en cambio, que la penetración vaginal fue consentida y que la ausencia del preservativo únicamente vicia ese consentimiento, lo que debería reconducir la conducta al tipo agravado del art. 179 CP. El presente trabajo analiza la solidez dogmática de ambas posiciones, examina las implicaciones de la teoría del "consentimiento desbordado" sobre el sistema de tipos sexuales de la LO 10/2022 y concluye que la solución mayoritaria, aunque prácticamente razonable por razones de proporcionalidad, adolece de una tensión con el principio de legalidad que el propio voto particular pone de manifiesto con precisión.

• • Entre los asuntos tratados figuran la colaboración en sandboxes, y cuestiones como el impacto de la inteligencia artificial en ámbitos como la biometría o los procesos electorales
• • Ambas agencias han intercambiado información sobre las actuaciones realizadas en el ámbito de sus respectivas competencias, con posibles fórmulas de coordinación en materias de interés común

La Comisión Europea adoptó dos resoluciones en las que constató el incumplimiento por parte de Google de la Ley de Mercados Digitales (DMA) por priorizar sus propios servicios en la Búsqueda de Google y por imponer restricciones a las empresas para dirigir a los consumidores a canales de compra alternativos, a menudo más baratos, en Google Play (seguimiento estratégico).

El espacio físico en que se desenvuelve la actividad educativa forma parte de ella, y la exclusión del uso del castellano incide negativamente sobre la lengua vehicular de la enseñanza o restringe su normal potencialidad, contraviniendo la Constitución.

La asistencia a exámenes oficiales forma parte del permiso retribuido regulado en el art. 23 ET, por lo que la empresa debe mantener íntegramente el salario de la persona trabajadora y no puede exigirle recuperar las horas de ausencia ni compensarlas con otros tiempos de trabajo.

Que los cofiadores fueran socios de la sociedad deudora afianzada no significa que el pacto entre ellos fuera un pacto parasocial. La pérdida por la demandante de la cualidad de socio era indiferente, puesto que frente a la entidad acreedora la garantía era solidaria, con independencia de que fueran o hubieran sido socios de la deudora principal.

Interpretación del art. 753, párrafo cuarto, del CC. La excepción que establece a la prohibición de disposición testamentaria en favor de quien sea tutor o curador representativo del testador, se aplica atendiendo a la vocación hereditaria, es decir, a cualquier pariente hasta el cuarto grado en línea colateral.

Los operadores internos deben asumir el riesgo operacional y los Estados miembros pueden establecer requisitos adicionales a los previstos en la normativa europea para restringir el uso de las adjudicaciones directas.

Para ello es preciso, no obstante, que se establezcan una estricta regulación legal de las facultades de esas autoridades y garantías adecuadas y suficientes contra los abusos y la arbitrariedad, como un control judicial a posteriori efectivo de la medida.

El órgano judicial destaca que hoy existen soluciones tecnológicas específicas para la práctica jurídica, conectadas con bases de datos oficiales y editoriales especializadas, cuyo uso reduce drásticamente el riesgo de errores de esta naturaleza y refuerza la diligencia exigible a los profesionales.

La ley ha salido adelante y ahora el Gobierno tiene tres meses para elaborar el Reglamento que la desarrolle. Recogemos a continuación las reacciones de distintos colectivos al Texto aprobado en el Congreso.

El pasado mes de diciembre, el Pleno del Tribunal Constitucional declaró la pérdida sobrevenida del requerimiento formulado por el Senado en febrero de 2025 sobre este mismo artículo del Tratado.

Aplica la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo y condena a la Xunta y a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil a indemnizar con 10.000 euros a las personas afectadas.

Con un 50,8% de custodias compartidas el año pasado, se convierte en el porcentaje más elevado de la serie del INE.

AIReF señala que el IMV supera a las ayudas similares en Europa y tiene "resultados inferiores" en reducción de pobreza. El análisis concluye que el subsidio por desempleo es la prestación que más se complementa con el IMV.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática tiene previsto ultimar en los próximos días con la Xunta de Galicia el tramo final de la negociación para la transferencia de las funciones y servicios en materia de autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena de las personas extranjeras cuya relación laboral se desarrolle en Galicia.

La medida, prevista en el Reglamento de Diseño Ecológico para Productos Sostenibles, obliga a las grandes empresas a priorizar la reutilización, donación o reparación de los excedentes de ropa y calzado.