Ambas organizaciones colaboran desde 2016 en la difusión en nuestro país de la cultura de la Justicia Restaurativa, complementaria de la Justicia Penal.

Los tiempos complejos que vivimos requieren un enfoque amplio y profesional. La organización derivada de la implementación del nuevo modelo de oficina judicial implica la necesidad de prestar especial atención a la dación de cuenta, eje esencial para la correcta tramitación, desarrollo e impulso del procedimiento y funcionamiento del Tribunal de Instancia. Las precisiones que se formulan en el presente trabajo se hacen con la finalidad de uniformizar la forma en que la oficina judicial debe dar cuenta, destacando su importancia como mecanismo básico de comunicación con el Tribunal de Instancia, haciendo hincapié en la necesidad de que sea lo suficientemente precisa y atinada, para que de forma rápida y sin necesidad de recurrir a la consulta del expediente, sea o no digital, se conozca, por quién ha de resolver, cuál es la resolución que se pretende y a instancia de qué parte, en qué estado se halla el procedimiento y las incidencias que sean relevantes para el dictado de la correspondiente resolución. Esta labor bien hecha implicará un «menos yo, y más nosotros», como elemento de equipo integral y engarce entre el artista-juez y sus colaboradores.

El Reglamento (UE) 2023/1543 redefine el acceso transfronterizo a la prueba electrónica mediante un modelo de cooperación directa. Su interacción con el Convenio de Budapest, el CLOUD Act y la Directiva 2023/1544 evidencia una reconfiguración del espacio probatorio digital, donde los prestadores de servicios asumen obligaciones públicas bajo estrictas garantías. Las órdenes europeas de producción y conservación articulan un equilibrio entre eficacia investigadora y protección de derechos fundamentales. El sistema descentralizado europeo consolida un marco técnico-jurídico orientado a la inmediatez, la trazabilidad y la seguridad jurídica en la evidencia digital.

No podemos menos que manifestar, después de toda una vida dedicada a la función pública, el auténtico desconcierto en que los lógicos vaivenes políticos y sociales han producido sobre aquel ilusionante proyecto administrativo que albergaba en su seno la Constitución de 1978 y que muchos jóvenes de entonces recibimos con la esperanza de que una Administración coordinada y eficaz sería posible en España.

El novedoso, entonces, Estado de las Autonomías que, constitucionalmente, pretendió una descentralización administrativa que acercara la Administración al ciudadano y, a su vez, protegiese la riquísima diversidad, personalidad y cultura propia de cada una de nuestras admirables regiones, ha desembocado en una Administración pública compleja, diversificada en exceso que, muchas veces, en determinados sectores administrativos y competenciales, se superpone o, por el contrario, entra en colisión, lo que repercute en una descoordinación administrativa que, en suma, hace que esta pierda eficacia, lo que no quiere decir que, con buen abordaje técnico, no pueda mejorarse y mucho la actual situación.

La partición hereditaria realizada por contador partidor no queda blindada frente a la rescisión por lesión. Aunque su actuación se equipare funcionalmente a la del testador por su carácter unilateral y no contractual, esa equivalencia no permite extenderle la excepción del artículo 1075 del Código Civil.

El contador partidor ejecuta la voluntad del causante, pero no lo sustituye. Por ello, si la partición produce una lesión superior a la cuarta parte, podrá ejercitarse la acción rescisoria del artículo 1074 CC.

La cuestión tiene una clara proyección práctica: exige extremar el rigor en la redacción testamentaria, en la designación del contador partidor y en la valoración pericial de los bienes hereditarios, especialmente cuando existan patrimonios complejos, bienes indivisibles o riesgo de conflicto familiar.

La revista Actualidad Administrativa te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, 7-8, julio-agosto 2026, firmado por Nuria Díaz Abad, abogada del Estado.

Se llevará a cabo un programa piloto en el BCE y en varios bancos centrales nacionales del Eurosistema para probar las funcionalidades del euro digital.

Las empresas deben garantizar que el uso de las redes sociales y del entorno digital sea seguro, en particular para los niños y los jóvenes, afirman los eurodiputados.

• • La Agencia Española de Protección de Datos ha sido la ponente principal de las mismas en la fase previa a su lanzamiento
• • Las Directrices ofrecen soluciones prácticas para que las organizaciones concilien el uso del blockchain con las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos
• • La consulta pública a la que se ha sometido el documento ha batido un récord de participación, convirtiéndose en el texto del Comité Europeo que más contribuciones ha recibido hasta la fecha

Ha de quedar debidamente justificado un perjuicio concreto para las relaciones exteriores, siendo insuficiente una sucinta explicación sobre la vinculación entre los procedimientos de expulsión y la imagen pública del país de origen, para derivar de ello que el conocimiento de la información relativa a la nacionalidad podría suponer un perjuicio a las relaciones exteriores y comprometer la colaboración de los Estados de origen.

Debe tomarse en consideración la singular configuración económica y jurídica de la operación concertada, que atribuía a cada comunero la obligación individual y exclusiva de satisfacer su parte del precio de la obra, así como la facultad de elegir la modalidad de pago correspondiente.

Renuncia a la condición de funcionario de carrera obtenida para seguir ocupando la plaza como interino, revocando la Administración su nombramiento interino al haber finalizado la causa que dio lugar a su nombramiento como tal interino

La sentencia rechaza que se utilicen fórmulas de cálculo del plus de nocturnidad que, en la práctica, extiendan la compensación a días en los que no se trabaja (como ocurre si se divide la retribución anual entre la jornada anual).

En Navarra se regula por primera vez el arrendamiento de habitaciones, distinguiendo vivienda habitual, temporada y hospedaje, y aplicando al arrendamiento para vivienda habitual el régimen protector del arrendamiento de vivienda. La nueva Ley Foral limita a un año los contratos temporales, exige su inscripción registral y declara nulas las cláusulas que perjudiquen a la parte arrendataria.

La excepción recogida en la jurisprudencia europea en relación con las restricciones de la competencia que persigan un objetivo legítimo de interés general puede aplicarse, en ciertas condiciones, a una normativa que se dirige a los miembros de la Federación y regula al mismo tiempo el recurso a los servicios de empresas terceras que no pertenecen a la misma.

La publicación en Internet, previo pago y sin elaboración editorial, de condenas penales no puede considerarse periodística por sí sola ni privar al afectado de las vías de reclamación y tutela previstas en el RGPD.

Abogacía Española ha presentado su nuevo Consejo Asesor de Derecho Tributario (CADT). Se trata de un órgano estratégico que contribuirán al análisis de los principales retos del sistema tributario y a la elaboración de propuestas.

Hay opciones interesantes que van más allá de la flexibilidad laboral, el seguro de salud o las ayudas para la guardería o el transporte.

La Sala subraya que su conducta supone “una vulneración de los deberes deontológicos más elementales” y “una falta de respeto” al órgano judicial. Señala que si bien el uso de sistemas de inteligencia artificial generativa en el ejercicio de la abogacía no es, en sí mismo, una práctica vedada”, es necesario control humano consciente y efectivo.

La Ponencia aprobó este martes el informe, que irá la próxima semana a la Comisión de Trabajo, a fin de pleno con la previsión de que se apruebe con competencia legislativa plena.

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles el inicio de un procedimiento de infracción contra España por no haber trasladado plenamente a su legislación nacional de la nueva ley europea contra delitos medioambientales, que los países de la Unión debían aplicar a más tardar desde el pasado mes de mayo.

La Sección Cuarta revoca la inadmisión de una solicitud al considerar que la Ley Orgánica 1/2025 no impone ese requisito de procedibilidad en este tipo de actuaciones. Aprecia que una interpretación rigorista de la norma comprometería el derecho de acceso a la jurisdicción y retrasaría la adopción de medidas que pueden afectar a personas menores de edad.

El acusado creó un entramado de cinco empresas para eludir las cuotas de 67 trabajadores. El tribunal aplica la atenuante por dilaciones indebidas al considerar injustificada la duración de cinco años del proceso.

Los magistrados de la Audiencia han tenido en cuenta los antecedentes previos de violencia de género de la persona acusada respecto de la misma víctima (la que fuera su esposa) y la valoración de “riesgo extremo” realizada por la policía.