Cumplido el primer aniversario de los tribunales de instancia (LO 1/2025), surge la necesidad de examinar cómo se ha llevado a cabo el despliegue, qué ha funcionado y qué elementos deben mejorarse. Con afán constructivo, pero con autocrítica responsable, se busca valorar la implantación de los tribunales con un mínimo de retrospectiva, reclamando, al mismo tiempo, el carácter vertebrador en los mismos del expediente judicial electrónico y la inaplazable necesidad de un diálogo institucional entre el CGPJ, el Ministerio de Justicia, abogados y procuradores.

La excusa absolutoria de ser víctima de trata, incorporada al artículo 177 bis.11 del Código Penal, que fue introducido por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ha tenido desde entonces un escaso recorrido aplicativo. Hasta el momento, dos sentencias del Tribunal Supremo, ambas del año 2023, nos ofrecen una perspectiva aplicativa distinta. La STS 59/2023 revocó una condena aplicando la excusa absolutoria directamente en casación y absolvió a una condenada en la instancia, lo que parecía una vía práctica para solucionar los problemas procesales que presenta la norma para su aplicación, introducida a modo de principio programático. La STS 960/2023, al contrario, revoca la sentencia absolutoria a una acusada por delito de tráfico de drogas por aplicación de la excusa absolutoria y viene a exigir la necesidad de un proceso penal de trata que reconozca la situación de explotación de la víctima. El análisis comparado de ambas resoluciones nos lleva a la conclusión de que, de prosperar la tesis de la STS 960/2023, la excusa absolutoria carece de posibilidad real de aplicación en nuestro ordenamiento jurídico, pese a estar recogida en el Código Penal.

Se pretende abordar con este estudio el devenir del proceso expropiatorio, tanto desde el inicio del proceso, como de otros estadios como son la afectación de los bienes, la desafectación y la reversión. Asimismo, tomaremos en consideración las vicisitudes entorno a los bienes demaniales y patrimoniales, y la problemática que se suscita con los aproximadamente 32.500 inmuebles del Estado sin tener un uso específico, cifra relevante teniendo en cuenta la escasez de suelo en todo el territorio de España.

Reflexión de un Letrado de la Administración de Justicia que trabaja en juzgados de Violencia sobre la Mujer. A partir de lo que escucha y presencia —declaraciones de mujeres, menores y hombres, silencios, lágrimas y discusiones— cuestiona el balance de la Ley Orgánica 1/2004 tras más de veinte años de vigencia. Reconoce que la ley era necesaria y ha visibilizado una realidad antes ignorada y mejorado la protección institucional, pero el problema no ha disminuido y se ha creado una gran estructura de recursos que necesita “alimentarse” de casos. Critica que se pretenda que el Derecho penal resuelva conflictos que nacen en la esfera íntima y afectiva, donde la incomprensión entre personas genera celos, resentimientos y violencias. También alerta de tensiones con el principio de igualdad y de ciertas prácticas procesales normalizadas en VSM. Concluye que la solución real pasa por la educación y por aprender a cooperar y cuidar de los demás.

La indicación de la identidad de una persona que era ajena al proceso de contratación encierra una mendacidad que lastra el contrato electrónico, por más que no se haya estampado una firma al pie de un documento entendido en su sentido más convencional.

Las fuertes lluvias no fueron la causa última del siniestro, sino el incumplimiento de ADIF del deber de incluir esa zona como de riesgo inundable, para aplicar las medidas previstas en los planes de contingencia y manuales de gestión.

Con estas horas creadas para ofrecer una alternativa viable y legal en el caso de los contratos a tiempo parcial, no se puede tratar de sortear la prohibición de realizar estos trabajadores horas perentorias, para conseguir un resultado similar a la realización de las mismas.

Sufrimiento adicional ya que la muerte no se produjo de manera inmediata, sino tras un largo período de espera y sufrimiento para los familiares, con una evolución lesional muy compleja y necesario reflejo en las respectivas actividades laborales.

Ausencias o retrasos, ofensas verbales o desobediencia en el trabajo pueden ser conductas sancionables. Hay seis errores que se deben evitar.

Entre otras medidas, elimina las incompatibilidades entre prestaciones, permite el reconocimiento automático de la discapacidad a través del grado de dependencia, incluye la figura del asistente personal y blinda la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia incorporando la obligación de que el Estado asuma el 50% de la financiación.

El delegado del Gobierno en Ceuta reconoce que es una sentencia que salió hace pocos días y están ahora mismo analizándolo. Una vez que se realice ese análisis, se estudiarán las soluciones pertinentes y las soluciones que se crean desde el Ministerio del Interior que son mejores para todos.

PP, Vox, Junts y UPN votan en contra, mientras que Podemos y la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Águeda Micó, se abstienen

La presidenta del foro reivindica la "voz de los regiones" para seguir construyendo Europa

El órgano de gobierno de la Cámara, tras analizar las propuestas que han ido poniendo sobre la mesa los servicios jurídicos ante los distintos expedientes abiertos, ha llegado a esta conclusión y este mismo martes ya la ha aplicado a los agitadores políticos Vito Quiles y Bertrand Ndongo, según confirmaron fuentes parlamentarias.

• • La nueva norma incorpora un examen de aptitud profesional para ser administrador concursal.
• • La CNMC valora positivamente aspectos como la sustitución de las titulaciones cerradas o de la experiencia previa.
• • Recomienda aplicar el test de proporcionalidad a los nuevos requisitos profesionales y valorar en el nombramiento elementos como la especialización o el desempeño.

La obra ofrece un estudio completo de la Ley 9/2025 de movilidad sostenible desde una perspectiva jurídica integrada. Parte de la configuración de la movilidad como derecho del ciudadano en un contexto de creciente protección ambiental y examina los principios, el alcance y la tramitación parlamentaria de la norma. Analiza el sistema general de movilidad sostenible, la cooperación entre Administraciones públicas, las bases para su fomento y la planificación y gestión de la movilidad, infraestructuras y servicios de transporte. Aborda la financiación estatal, la innovación mediante el banco de pruebas regulatorio, los vehículos automatizados y la digitalización y datos abiertos. Incluye el régimen de obligaciones de servicio público, medidas de competitividad en transporte de mercancías, participación pública, transparencia y régimen sancionador.