La evolución del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) constituye uno de los procesos de transformación jurisprudencial más intensos del Derecho Tributario español contemporáneo. Desde las primeras declaraciones de inconstitucionalidad parcial pronunciadas por el Tribunal Constitucional en 2017 hasta la reforma operada por el Real Decreto-ley 26/2021, el tributo ha experimentado una profunda redefinición de sus fundamentos constitucionales. Paralelamente, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desempeñado una función esencial de integración y estabilización del sistema, delimitando los efectos temporales de la STC 182/2021 y perfilando los criterios interpretativos aplicables al nuevo régimen jurídico.

El presente trabajo sostiene que la reciente STC 13/2026, relativa al valor de referencia catastral, no supone una rectificación de la doctrina constitucional sobre el principio de capacidad económica, sino una evolución de la misma. Frente al sistema objetivo expulsado del ordenamiento por la STC 182/2021, el Tribunal Constitucional admite ahora un método objetivo de valoración sustentado en parámetros técnicos verificables y en la posibilidad de contradicción por el contribuyente. Esta evolución revela una transformación del control constitucional de la tributación objetiva que puede proyectar consecuencias sobre el futuro del IIVTNU y, en general, sobre la configuración de los tributos patrimoniales.

La litigación en masa derivada de acciones individuales del consumidor de ineficacia contractual (gastos hipotecarios, microcréditos, revolving y entrega de documentación, entre otras) ha supuesto, en los últimos años, un incremento exponencial de la entrada de asuntos en la jurisdicción civil. Este tipo de pretensiones representa, junto con reclamaciones monitorias de empresarios, más del 50% de la entrada de asuntos civiles en algunos partidos judiciales, saturando esa jurisdicción hasta niveles desbordantes.

La denegación injustificada de suspensión, con justificación médica suficiente, genera nulidad automática por ausencia letrada obligatoria, salvo excepciones de abuso o mala fe procesal; no es necesario evaluar un juicio hipotético sobre la influencia en la sentencia, pues la ley establece el estándar de indefensión. Se declara nula la sentencia y actuaciones desde la denegación de suspensión, ordenando repetir la vista garantizando asistencia.

La Revista Española de Derecho Financiero te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, 210 abril-junio 2026, firmado por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat de València, Salvador Montesinos Oltra.

La LO 13/2015, de 5 de octubre, reformó la LECrim con el propósito de reforzar las garantías procesales y dotar de una regulación expresa a las medidas de investigación tecnológica en ámbitos especialmente sensibles, como la intimidad, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos. En ese marco, se completa el régimen del agente encubierto del art. 282 bis LECrim, incorporando, entre otras previsiones, la posibilidad de que el juez autorice a la Policía Judicial a actuar con identidad supuesta en canales cerrados de comunicación (y, con autorización específica, a intercambiar o enviar archivos ilícitos y a analizar resultados de algoritmos de identificación), así como a obtener imágenes o grabar conversaciones, porque los métodos pensados para perseguir delitos «a pie de calle» se quedan cortos cuando la conducta criminal se oculta tras grupos privados, servicios cifrados o redes opacas.

El jueves, el Parlamento aprobó enmiendas a una exención de privacidad que permite a los servicios de comunicación electrónica detectar voluntariamente el abuso sexual infantil.

Durante su última sesión plenaria, el CEPD adoptó directrices sobre anonimización y sobre extracción de datos web en el contexto de la IA generativa. Asimismo, el Comité adoptó la versión final de sus directrices sobre el tratamiento de datos personales mediante tecnologías blockchain.

Se pronuncia sobre la posibilidad de valorar independientemente los títulos de graduado universitario cuando ya ostenta también la titulación de licenciado, declarando que deberá atenderse a la homogeneidad o no de las titulaciones pre y post Bolonia.

Para que la naturaleza del documento privado falso mute a oficial por incorporación no basta que se den las condiciones de la creación finalística y efectiva incorporación, sino que el documento debe servir, también, de base o fundamento de una declaración o resolución oficial.

Se aplica la doctrina del Supremo y fija que la fecha de la sentencia que declara la filiación no matrimonial determina la normativa y la duración de la prestación, evitando efectos retroactivos y reforzando la protección del menor.

Para estos casos, la Administración Local deberá solicitar el auxilio de los órganos de la Comunidad Autónoma o del Estado, según el lugar donde radique el inmueble que se pretende embargar.

Siendo un régimen de carácter voluntario, no podrá aplicarse cuando la ropa se haya adquirido a un empresario o profesional y haya tributado en el régimen general.

El reparto de dividendos que una sociedad matriz beneficiaria redistribuye a sus socios en un importe prácticamente igual al de los dividendos que ha percibido de su filial, no implica necesariamente un arreglo falseado, ni tampoco la proximidad cronológica entre la percepción y la distribución de dividendos por la sociedad matriz.

El Colegio lanza un estudio para conocer si el expediente judicial electrónico, las plataformas, los juicios telemáticos y la inteligencia artificial están agilizando la Justicia o generando nuevas barreras para el derecho de defensa.

Considera que se trató de un acto de fuerza, equiparable al corte de cables, para forzar a la esposa a abandonar el domicilio, y mejorar así su posición en la negociación subsiguiente a la ruptura matrimonial.

El Consejo de Ministros aprueba este martes 14 de julio en segunda vuelta el proyecto de Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia Vicaria tras meses de negociaciones entre los ministerios de Igualdad, Justicia y Juventud e Infancia.

El ICAM, que ha venido dando voz a las reivindicaciones de los mutualistas afectados, advierte de que el texto aprobado mantiene la exclusión de los pensionistas, salvo viudedad.

Se incorporan a la Comisión los magistrados/as Manuel Almenar, del Tribunal Supremo, y María Teresa Sáez Martínez y Juan Jesús García Vélez, de las Audiencias Provinciales de Málaga y Sevilla, respectivamente.

La sentencia refuerza la protección de menores y familias, elimina algunas restricciones a la regularización y mantiene las nuevas reglas sobre arraigo para solicitantes de asilo.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en su sede de Las Palmas ha anulado la ordenanza fiscal de la tasa de residuos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por considerar que la memoria técnico-económica no estaba suficientemente motivada y que el expediente no incorporó documentación esencial para justificar la nueva carga tributaria.