¿Puede la transformación digital de la Justicia reducirse a implantar software o inteligencia artificial? La experiencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia demuestra que no. Tras casi dos décadas de innovación, el TSJ MUR se ha consolidado como un auténtico laboratorio de transformación judicial, impulsando proyectos pioneros en automatización, robotización, calidad del dato y analítica avanzada. Desde la apostilla electrónica hasta los cuadros de mando judiciales o la automatización de procedimientos masivos, la clave del éxito ha residido en una combinación de liderazgo, planificación estratégica y trabajo colaborativo. El artículo repasa las principales iniciativas desarrolladas y extrae una conclusión esencial: la tecnología solo genera valor cuando está al servicio de una organización capaz de gestionar el cambio. Porque la verdadera transformación digital de la Justicia no va de herramientas, sino de personas y para las personas.

El objetivo de este artículo no es únicamente recopilar pronunciamientos judiciales, sino identificar las líneas doctrinales que han ido configurando el actual modelo español de gestión jurídica de la inmigración. A través de este recorrido jurisprudencial puede apreciarse cómo el Tribunal Supremo se ha convertido en un actor esencial en la definición práctica del estatuto jurídico de las personas extranjeras, contribuyendo a dotar de coherencia a un sector normativo caracterizado por la constante evolución legislativa, la influencia decisiva del Derecho de la Unión Europea y la creciente relevancia de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

El presente artículo analiza de manera exhaustiva el marco jurídico de los delitos de pornografía infantil y el fenómeno del childgrooming en España, con especial atención a las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 1/2015. Se explora la transición desde un concepto de pornografía basado en el menor real hacia uno expansivo que incluye la pornografía virtual y técnica, motivado por directivas europeas y convenios internacionales. Asimismo, se detalla la configuración del childgrooming como un delito de peligro que adelanta las barreras de protección penal ante el uso de las tecnologías de la comunicación para captar menores. Finalmente, se abordan los complejos problemas concursales que surgen cuando estas conductas preparatorias derivan en delitos de lesión sexual, aplicando las reglas de consunción y subsidiariedad para evitar la doble incriminación.

Evaluación de la obligación de subrogación de trabajadores en el contexto de la reversión de servicios sanitarios a la administración pública. Se anula la sentencia que había declarado la nulidad del despido colectivo aplicado por Torrevieja Diagnósticos SL y la Consejería de Sanidad, considerando que no existió una reversión del servicio de laboratorio tras la extinción del contrato con la concesionaria. Se concluye que la Consejería no estaba obligada a subrogar al personal del laboratorio, dado que no se produjo un traspaso que mantenga la identidad de la entidad económica. El despido se considera ajustado a derecho al cumplir con los procedimientos legales correspondientes.

La Comisión Europea ha presentado un plan para abordar los riesgos y aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial (IA) avanzada en ciberseguridad .

La AESIA y la Oficina de IA europea invitan a los proveedores y responsables del despliegue de sistemas de IA generativa a firmar el Código de Buenas Prácticas sobre la Transparencia del contenido generado por inteligencia artificial.

Aunque la sentencia dictada en el recurso de revisión, que anuló la condena penal, no incluye una declaración formal expresa de error judicial, sí resulta de ella de forma directa, clara e inequívoca la existencia de una equivocación cualificada, suficiente para generar responsabilidad patrimonial.

Esa modalidad de reducción del capital comporta una alteración en la posición jurídica de los socios, cuya eficacia requiere el consentimiento individual de todos ellos. Los titulares de las participaciones afectadas son los de aquellas que se van a amortizar (o cuyo nominal se va a reducir), pero también los titulares de las participaciones que se mantengan (o cuyo valor nominal no decrezca).

Pese a sus antecedentes psiquiátricos, la Sala considera que el atraco, unido a los cambios de horario y de zona de reparto, actuó como factor desencadenante y agravó una patología previa, aplicando la presunción de laboralidad y la doctrina del Tribunal Supremo sobre la agravación de dolencias preexistentes.

Presentada la demanda por una persona física y otra jurídica, distingue entre la difusión televisiva y en línea, y entre la persona física cuando el contenido difundido no permite identificarla, ni siquiera indirectamente, aunque identifique a un grupo restringido de miembros con el que se la puede relacionar, y la persona jurídica, dedicada a defender los intereses de ese grupo.

Tendrán la consideración de Viviendas Asequibles las de promoción privada o de promoción pública directa o en colaboración público-privada, ya sean de nueva construcción y/o terminadas o existentes que cumplan con los requisitos establecidos, independientemente de la calificación del suelo en el que se edifiquen y de que obtengan o no financiación pública, a estos efectos, se asimilarán a las Viviendas Asequibles de nueva construcción, las que procedan de la rehabilitación de edificios o estén ya construidas y tengan previamente la condición de libres, siempre que reúnan los requisitos exigidos para ello.

Es una decisión estratégica para el bufete, pero suele generar numerosas dudas e inseguridad a la hora de tomar la decisión.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de protección civil de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se trata de una norma más garantista y adaptada al entorno digital con la que se sustituirá la ley de 1982.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de creación de quinientas unidades judiciales correspondientes a la programación de 2026 y de adecuación de la planta judicial y el Real Decreto por el que se amplía y modifica la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes.

La Comisión Permanente reitera su petición a Justicia para que reconsidere su decisión de denegar la autorización económica previa de medidas de refuerzo en órganos judiciales especializados en materia de cláusulas abusivas. Un informe del Servicio de Inspección cifra en casi 12.500 los asuntos en esta materia que quedarán suspendidos y no resueltos a lo largo del segundo semestre del año como consecuencia de esa decisión.

El Tribunal ha acordado suspender la vigencia y aplicación de la ley impugnada, desde la fecha de interposición del recurso (9 de junio de 2026) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito por importe de 2.984 millones de euros al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para pagar prestaciones no contributivas por invalidez y jubilación.

El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado la reforma de las normas de coordinación de la Seguridad Social en la UE, que establece que el país donde un trabajador transfronterizo haya cotizado al menos 22 semanas será el responsable de pagar su prestación por desempleo, obliga a notificar previamente la mayoría de desplazamientos temporales de trabajadores entre Estados miembro y refuerza la cooperación entre las administraciones nacionales para prevenir el fraude.

El ministro de la Presidencia también ha afirmado que con esta ley se pretende "devolver el poder sobre su propia imagen a las personas y a los ciudadanos y quitarles parte de ese poder a los grandes oligarcas tecnológicos".

Isabel Perelló recuerda que el Poder Judicial hace efectivo el Estado de Derecho “asegurando que todo poder público quede sometido al imperio de la ley y consolidando, con ello, la democracia”. Asegura que la IA “nunca podrá sustituir el trabajo del juez independiente, inamovible y responsable que garantiza nuestra Constitución”.

Análisis jurídico integral, crítico y actualizado de la Ley Orgánica 3/2007 y de la configuración del derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres en España.