Teresa López Ruiz, directora de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores, es la invitada en nuestra sección «De decana a decana» que, en esta ocasión, conversa con Sonia Calaza, decana de la Facultad de Derecho de la UNED y coordinadora de la sección, y Fátima Yáñez Vivero, catedrática de Derecho Civil y directora de la Escuela de práctica jurídica de la UNED, sobre la actualidad del cuerpo de registradores y la función registral.

Con esta incorporación, la Fundación Aranzadi LA LEY refuerza su órgano de gobierno con una figura de máxima autoridad jurídica e intelectual sumándose al equipo existente formado por reconocidas personalidades del mundo del Derecho.

Se analiza la prescripción de crímenes ocurridos tiempo atrás cuando aparecen nuevas pruebas transcurridos años en base a las nuevas tecnologías de la genealogía genética o análisis del ADN. Comparativa del derecho anglosajón y el sistema continental en la prescripción de los crímenes

La STS 849/2026, de 3 de junio, dictada por el Pleno de la Sala Primera, abandona la doctrina de la adquisición directa fijada en 2013 y regresa a la teoría clásica de la doble transmisión en la interpretación del artículo 1006 del Código Civil sobre el llamado ius transmissionis. El trabajo sostiene que la controversia secular entre ambas teorías no es un problema, sino el síntoma de un precepto que admite las dos lecturas sin ofrecer criterio para optar. Se examinan los cánones interpretativos empleados, la apelación de la sentencia a lo «socialmente adecuado» y su silencio sobre la dimensión fiscal —que constaba en las actuaciones—, así como la vía indirecta por la que el cambio llega a casación. Se concluye que la certeza sólo puede provenir de una intervención del legislador.

El presente trabajo analiza en profundidad la Sentencia del Tribunal Constitucional 3/2025, de 13 de enero, que aborda la obligatoriedad de computar los días de detención en el plazo máximo de la prisión provisional y su impacto en la liquidación de la pena de prisión. A través de un enfoque jurídico y reflexivo se examinan las implicaciones de esta decisión en el derecho a la libertad personal, el principio de legalidad, la seguridad jurídica y la equidad en la ejecución penal.

La revista Quincena Fiscal te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, nº 12, julio 2026, firmado por Begoña Pérez Bernabeu, catedrática de Derecho Financiero y Tributario Universidad de Alicante.

El art. 24.5 del Real Decreto 1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPDP 1999, continúa vigente tras la entrada en vigor de la LOPDP 2018, y debe interpretarse en el sentido de que incumbe al interesado la prueba de la recepción por el responsable del tratamiento de la petición de acceso a sus datos, con independencia de que haya utilizado el canal oficial de ese responsable u otro alternativo.

La aportación realizada por el empresario para el descubrimiento de los delitos merece la aplicación de la atenuante analógica muy cualificada de confesión y la suspensión de la ejecución de sus penas privativas de libertad.

El hecho de que las necesidades del usuario aumentaran, y con ello el nivel de prestaciones de la residencia, no puede implicar una subida automática de cuota, pues no se encontraba así previsto.

No es suficiente con la mera "falsedad formal", sino que se requiere una "especial antijuricidad material" que implique, al menos, peligro para los bienes jurídicos subyacentes al documento amparado por la fe pública.

De la interpretación de la voluntad de las partes negociadoras se deduce la clara intención de evitar que el trabajador tenga una pérdida adquisitiva por el hecho de acceder a la jubilación anticipada.

No cabe entender que para el caso de que transcurra el plazo previsto sin que se hubiera cumplido la condición suspensiva ya se habrá producido la ineficacia del contrato de compraventa.

La 3/2026, realiza una serie de modificaciones de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por la cual se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, que ya figuraban en la norma, vehiculadas en su momento por el Decreto-ley 14/2025, de 26 de diciembre, del Consell, de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado, ahora derogado por el apartado 1.c) de la disposición derogatoria de la Ley 3/2026, de 29 de junio.

Con la finalidad de adecuar la regulación de los beneficios fiscales autonómicos dirigidos a las personas con discapacidad a la estructura de la información suministrada por los certificados de reconocimiento de la situación de discapacidad elaborados de acuerdo con las normas del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, se realizan cambios que afectan al IRPF, al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Por otro lado, se garantiza el carácter reforzado de los beneficios fiscales aplicables a todas las empresas emergentes y la simplificación de los requisitos formales para la aplicación de la deducción por aportaciones voluntarias u obligatorias efectuadas por los socios a las sociedades cooperativas.

También, se añade un artículo 9 bis, que introduce una deducción en el Impuesto sobre el Patrimonio para las personas físicas inversoras en Empresas Emergentes de la Comunitat Valenciana.

Por último, se producen cambios en el ámbito de las tasas autonómicas que ya estaban recogidos en el citado Decreto-ley 14/2025, de 26 de diciembre.

El recurrente exhibió sistemas internos de la empresa en su red de TikTok. Los magistrados sostienen que daña la reputación empresarial.

La posición en el mercado de la vivienda --ser inquilino, propietario o arrendador-- tiene un mayor impacto en la desigualdad que la edad.

La Asamblea de Madrid aprobó el jueves en un Pleno extraordinario la ley que reconoce al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar para poder acceder a ayudas públicas. La región se convierte en la primera de España en establecer este reconocimiento, ya que la normativa vigente en Galicia contempla una previsión similar, aunque circunscrita exclusivamente a las familias numerosas.

El TSJC invoca la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y recuerda que la falta de inscripción en el Registro Civil no puede perjudicar al beneficiario si la validez del matrimonio celebrado en el extranjero no ha estado cuestionada "en ningún momento" y se han aportado pruebas suficientes de la celebración de la unión.

Esta misma semana se va a remitir a las comunidades autónomas el primer borrador del acuerdo para reformar el sistema. La intención es aprobar después de verano el nuevo modelo en Consejo de Ministros y remitirlo al Congreso.

Así se desprende de la estadística 'Flujo de documentos de residencia concedidos a personas extranjeras durante 2025', publicada este lunes por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI). Las principales nacionalidades receptoras fueron Ucrania, Venezuela y Marruecos.