El fallecimiento del coordinador de la obra el pasado 15 de junio marcó de forma inevitable la presentación de la 19ª edición de uno de los libros más importantes del Derecho.

La mesa «Balance de un año de aplicación de la Ley de Eficiencia Procesal y situación actual de los Tribunales de Justicia: la perspectiva desde la abogacía», se celebro el pasado jueves en el acto de presentación de la colección «Práctica para Abogados 2026» de Aranzadi LA LEY.

En septiembre se cumplen cinco años de la entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. ¿ Qué ha ocurrido desde entonces? ¿La discapacidad ha cambiado realmente sus paradigmas fundamentales? ¿Cuáles son los pronunciamientos jurisprudenciales más relevantes? ¿Qué queda por hacer?

El Reglamento (UE) 2023/1543, relativo a las órdenes europeas de producción y conservación de pruebas electrónicas en procesos penales, y que será plenamente aplicable a partir del 18 de agosto de 2026, coincide con una intensificación de las amenazas híbridas, las campañas de desinformación y las operaciones de manipulación e interferencia extranjera de la información, conocidas en la práctica europea como Foreign Information Manipulation and Interference, o FIMI. El presente trabajo analiza si dicha norma europea puede ser considerado un instrumento jurídico de respuesta frente a tales amenazas. La conclusión principal es que el Reglamento, pese a no regular la FIMI, la desinformación o establecer un régimen europeo de protección de la integridad informativa, puede, sin embargo, desempeñar una función relevante como instrumento procesal penal para obtener o conservar pruebas electrónicas cuando determinadas operaciones FIMI incorporen conductas subsumibles en infracciones penales concretas. Su utilidad reside en facilitar la identificación, preservación y reconstrucción probatoria de la infraestructura digital utilizada en operaciones híbridas, siempre bajo exigencias de necesidad, proporcionalidad, control judicial y respeto de los derechos fundamentales.

La inevitable vida monacal del opositor encuentra, a la vista de exámenes y pruebas, un muy cierto paralelismo con la del doctorando, ya que, a pesar de la redacción dada al artículo 32 del Código Civil; su etapa como opositor se convertirá quizá en lo más parecido a la extinción de su personalidad civil o, al menos, a la suspensión de esta. No en vano, fue Gregorio Marañón quien se refirió a las oposiciones como el más sangriento espectáculo nacional, después de los toros.

La responsabilidad de la sociedad titular del motor de búsqueda deriva del propio tratamiento de datos que realiza ella misma, con su actividad. Basta pues que el interesado se dirija contra ella y que al ser requerida realice una valoración de si resulta procedente la cancelación.

La consignación del importe de la condena exigida por el art. 230 LRJS solo garantiza la ejecución futura de la sentencia y no equivale al pago, por lo que no enerva el carácter indemnizatorio de los intereses moratorios del art. 20 LCS, que compensan al acreedor por la demora en el cobro hasta que la cantidad queda definitivamente a su disposición.

No se acredita que hubiera aceptado el encargo antes de finalizar el plazo para personarse. Aunque no consta por escrito que hubiese condicionado su aceptación al pago de la provisión de fondos, lo cierto es que hizo referencia en múltiples ocasiones a la provisión en las comunicaciones que mantuvo con el letrado de la parte demandante y finalmente le informó de su decisión de no hacerse cargo del asunto por no estar dispuesto a adelantar cantidades.

La empresa solo tuvo conocimiento efectivo de los actos de acoso sexual cuando concluyó el expediente interno y se emitió el informe de acoso, pues hasta entonces solo existían sospechas vagas, insuficientes para activar el cómputo del plazo de prescripción.

La deducción pues es una ayuda que la Administración Tributaria establece al margen de las ayudas previstas por la Seguridad Social, una suerte de "impuesto negativo", por ello no pueden aplicarse los límites de inembargabilidad recogidos en el art. 607 LEC. Así pues es plenamente embargable y compensable de oficio.

Tiene como finalidad establecer un marco normativo que permita la celebración segura y responsable de los festejos populares taurinos en los que participen menores en Euskadi, reconociendo su valor cultural, protegiendo a las personas participantes y garantizando el escrupuloso respeto a los animales involucrados, ya que estos festejos carecían hasta ahora de una regulación propia y específica, lo cual generaba un vacío normativo que dificultaba su celebración y creaba inseguridad jurídica para los ayuntamientos, organizadores y participantes.

Situar a un abogado que ha mostrado un excelente desempeño en un puesto de liderazgo requiere reflexión y análisis.

Juana Pulgar recibió el «Premio a la trayectoria profesional», Enrique Gandía el «Premio al desarrollo e investigación del Derecho de la insolvencia» y Marcelino Abad y Patricia Esteban el «Premio a la mejor pieza periodística».

El Colegio de Abogados de Granada denuncia el grave deterioro del servicio público de Justicia ante los inasumibles retrasos en los señalamientos judiciales.

La resolución identifica expresamente los créditos que quedan exonerados -incluyendo varios créditos bancarios y comerciales- y determina el alcance concreto de la exoneración frente a la Tesorería General de la Seguridad Social, aplicando los límites jurisprudenciales.

La sentencia resuelve un recurso de casación que había interpuesto un cliente del Banco Popular (posteriormente absorbido por Banco Santander). Al cliente le habían dado la razón en primera instancia, aunque en segunda instancia habían absuelto al banco.

El Ministerio diseña un borrador para negociar con los agentes sociales con el que quiere transponer la directiva europea de igualdad salarial.

Según Bruselas, la revisión hace el marco de información "más breve y claro", al tiempo que mantiene las divulgaciones que considera necesarias para que inversores y otras partes interesadas evalúen los riesgos e impactos de su actividad.

Le empresa concursada típica no genera recursos suficientes, tiene diez años de edad y pertenece al sector servicios.

Se han presentado 53.700 declaraciones complementarias rectificando tras los avisos preventivos enviados por la Agencia Tributaria.

La presente monografía analiza la valoración del fondo de comercio generado internamente, integrado en los activos intangibles de la empresa y derivado de recursos internos de naturaleza extracontable.