Se analizan las diferentes reformas legislativas del delito de estafa, la última acaecida por la LO 1/2026 de 8 de abril en materia de multireincidencia —en vigor desde el 10 de abril del 2026—, ahondando en la legislación aplicable en función del momento de comisión de la actividad defraudadora y analizando los elementos tipificadores del delito de estafa con pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia.

Se analizan ambas propuestas legislativas donde, en términos generales, el paquete normativo busca reducir barreras de acceso al mercado, fomentar la participación del inversor minorista y alinear el marco español con la normativa comunitaria más reciente. En concreto, se analizan las dos materias de mayor relevancia para el lector: las acciones de voto plural y las medidas orientadas a facilitar el acceso a los mercados de capitales.

Cuando una organización es objeto de una investigación penal, una de las primeras cuestiones que pueden analizar las autoridades es si existía un modelo de organización y gestión adecuado para prevenir delitos y si era realmente eficaz. La pregunta ya no es si una organización puede verse afectada por una investigación penal, sino si está preparada para demostrar que hizo todo lo razonablemente posible para prevenir conductas ilícitas. Y aquí reside una cuestión fundamental: no basta con tener un manual archivado en una carpeta o un documento descargado de internet adaptado superficialmente a la entidad. Lo que exigen los tribunales y los investigadores es la existencia de un sistema de cumplimiento efectivo, implantado y respaldado por evidencias objetivas.

La revista LA LEY Derecho de Familia te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, nº 50, abril-junio 2026, firmado por Ana de la Herrán Piñar, inspectora de Hacienda del Estado.

El presente artículo pretende abordar desde un punto de vista eminentemente práctico y por consiguiente a través de diferentes pronunciamientos judiciales, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, las vicisitudes más frecuentes —o más recurrentes— generadas y relacionadas con diferentes aspectos comunes a todas las diligencias de investigación tecnológicas.

Por la pérdida de confidencialidad, el elevado número de afectados y el hecho de que el DNI esté incluido en los datos exfiltrados, la AEPD ha multado con medio millón de euros a un negocio de telemarketing por un ciberataque, que tuvo entrada por medio de una subcontrata.

Europol ha ganado el Premio del Defensor del Pueblo Europeo a la Buena Administración de 2026 por un juego diseñado para ayudar a los niños a aprender a estar seguros en línea.

Si bien se debe combatir el absentismo, se debe hacer sin vulnerar la Constitución ni la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, ni la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Atendida la configuración jurídica de la figura, debe ser asimilado al propietario o dueño de la obra a efectos del ejercicio de las acciones típicas de esa Ley contra los agentes a los que considere responsables de los defectos de la edificación.

Aunque se produjo una demora inusual en la devolución, solicitada por el interesado en reiteradas ocasiones, no concurre un daño efectivo y acreditado susceptible de ser indemnizado.

Se trata de una obligación patrimonial privada, no de un deber público e inexcusable en el sentido del art. 37.3 d) ET, además el empleado pudo atender esa situación mediante vacaciones y otras licencias, sin que se haya vulnerado ningún derecho fundamental ni generado un daño indemnizable.

Dado que los salarios de las personas empleadas para la ejecución del contrato constituyen el coste principal del precio total, se deben indicar de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional, los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.

La presente reforma tiene por finalidad adecuar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General al nuevo texto del artículo 69.3 de la Constitución, sin alterar los principios que rigen nuestro sistema electoral, limitándose a adaptar la normativa a las nuevas circunscripciones electorales reconocidas en la Constitución. Con ello se asegura la plena vigencia del principio de seguridad jurídica y se garantiza que la ciudadanía de Ibiza y de Formentera pueda ejercer su derecho de participación política en igualdad de condiciones.

La actual complejidad normativa y la lentitud de determinados procedimientos administrativos, especialmente en ámbitos como el urbanismo, el energético, la vivienda o los servicios sociales, ralentizan la implantación de iniciativas privadas y dificultan la ejecución de políticas públicas clave; la simplificación administrativa y la eliminación de cargas innecesarias son, por tanto, condiciones indispensables para dinamizar el mercado, reforzar la confianza de los operadores y garantizar el acceso efectivo a los derechos.

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En relación con la denegación por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de la financiación de medidas de refuerzo para decenas de órganos judiciales.

Destaca que la acusada, “conocedora de la identidad de género de la denunciante -transexual- y con total desprecio a dicha identidad -comportamiento tránsfobo- no sólo la amenazó, sino que profirió expresiones vejatorias contra ella”. El juez subraya que la conducta discriminatoria “no sólo afecta a la víctima, como miembro del colectivo trans, sino también al propio colectivo y a la sociedad en su conjunto”.

• • Los días 23 y 24 de junio, la CNMC realizó inspecciones en la sede de una asociación de empresas dedicadas a la intermediación hipotecaria.
• • Estas inspecciones constituyen un paso preliminar a la posible incoación formal de un expediente sancionador.

Superan en más del doble las previsiones del Gobierno que había estimado en unas 500.000 el número de solicitudes.

La resolución da por probados todos los protocolos de esterilización. los magistrados recuerdan que las infecciones hospitalarias son un riesgo conocido que no siempre se puede evitar al 100%, incluso si el hospital usa todos los métodos de control y prevención que existen.

El nuevo reglamento para el sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC) que introduce medidas de protección para los usuarios como la prohibición de la subida de precios durante situaciones de emergencia entrará en vigor este mes de julio tras completar su tramitación administrativa.