LA LEY Probática aborda temas dogmáticos sobre la prueba, los avances del Derecho probatorio y la probática o cómo probar los hechos en el proceso. Dirige Frederic Munné Catarina.

En su editorial, el director de la Revista centra su atención en la cadena de custodia, como garantía procesal vinculada al derecho fundamental a la prueba. En su opinión, urge regular la cadena de custodia de un modo exhaustivo, que garantice la integridad de la prueba en su estado original, lo que pasa por asegurar que tan sólo pueda hacer acopio, traslado y almacenamiento de todo tipo de pruebas el órgano judicial competente para investigar los hechos, con plena inmediación en la retirada, manipulación, documentación y preservación de cualquier elemento probatorio.

El presente trabajo analiza la recusación de peritos judiciales y la tacha de peritos de parte y testigos en el proceso civil como mecanismos destinados a garantizar la objetividad de las fuentes de prueba personal. Se examina su fundamento normativo en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sus diferencias estructurales y sus efectos sobre la práctica y valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Asimismo, se estudia la figura del testigo-perito como categoría intermedia entre la prueba testifical y la pericial, destacando su régimen jurídico específico y su relevancia práctica en la actividad probatoria. El trabajo pone de relieve la función complementaria de recusación y tacha en la formación de la convicción judicial y su importancia para asegurar la fiabilidad del material probatorio en el proceso civil.

En el presente estudio abordamos la compleja problemática que suscita la valoración del testimonio único de la víctima como prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia. Partimos de la consolidada doctrina jurisprudencial que ha superado el antiguo aforismo testis unus, testis nullus, para centrarnos en el denominado «triple test» como instrumento de racionalización del juicio de credibilidad. Así, analizamos la credibilidad subjetiva, la verosimilitud objetiva y la persistencia en la incriminación como parámetros orientativos, no tasados, que han de guiar la valoración judicial. Subrayamos la necesidad de extremar la cautela cuando la declaración constituye la única prueba, exigiendo una motivación reforzada y fundada en criterios lógicos. Igualmente, destacamos que la ausencia de alguno de estos elementos no determina automáticamente la invalidez del testimonio, pero sí puede comprometer su suficiencia probatoria. Recordamos que esta actividad valorativa corresponde en exclusiva al tribunal de instancia, en virtud de los principios de inmediación y libre valoración de la prueba. En definitiva, sostenemos que la doctrina jurisprudencial persigue un equilibrio entre la tutela de la víctima y la salvaguarda de los derechos fundamentales del acusado.

Entrevistamos a Don José Alberto Marín Sánchez, Decano del Colegio Notarial de Catalunya.

Aunque a veces se cuestiona el uso de mapas y guías históricos como medio para acreditar, a través de indicios, o para probar la titularidad de los caminos públicos, la jurisprudencia española ha avalado, e incluso subrayado, reiteradamente la importancia y el valor probatorio de dichos documentos, especialmente cuando fueron producidos por instituciones oficiales sobre una base legal o normativa. En este artículo se describe el origen y el desarrollo de los documentos de referencia más significativos en este ámbito.

La impugnación de testamentos por presunta incapacidad mental del testador constituye una de las áreas más complejas del Derecho civil probatorio en España. La determinación pericial de la capacidad testamentaria exige integrar criterios jurídicos (arts. 662, 663, 665 y 666 del Código Civil) con fundamentos clínicos y neuropsicológicos. El presente trabajo analiza el rol del neurólogo, del psiquiatra y del psicólogo forense en este tipo de litigios, a la luz de la doctrina científica y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Se propone un modelo interdisciplinar como estándar técnico de buena práctica pericial.

Este trabajo examina el alcance de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Kučera c. Austria en el marco del debate sobre la digitalización de la Administración de Justicia y, en particular, sobre la celebración de juicios penales mediante plataformas telemáticas tras la pandemia de COVID-19. A partir del análisis del razonamiento del Tribunal, el estudio evalúa la compatibilidad de las audiencias virtuales con las garantías estructurales del juicio oral penal, con especial atención a la publicidad, la oralidad, la concentración y, sobre todo, la inmediación como presupuesto de la producción y valoración de la prueba. Sobre esta base, se identifica una tensión estructural entre la eficiencia procesal y la calidad epistémica del juicio, especialmente visible en la apreciación de la credibilidad y en la justificación racional de la decisión judicial. El trabajo sostiene que Kučera no debe leerse como una legitimación general de la normalización de los juicios penales en línea, sino como la reafirmación de su admisibilidad únicamente en circunstancias excepcionales, sometidas a estrictas exigencias de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En consecuencia, se defiende que la presencia física de las partes debe seguir constituyendo la regla general del juicio penal, a fin de preservar la inmediación no solo como garantía procesal, sino como condición estructural de la legitimidad y la solidez epistémica de la adjudicación penal.

La STS n.^o 64/2026, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, dictada en casación, trata de las cuestiones relativas a la valoración de la prueba pericial. En ella se analiza de forma ordenada la función del perito y su papel en el proceso, así como el margen de apreciación del órgano judicial al examinar este tipo de prueba y su valoración conforme a las reglas de la sana crítica. La contribución más importante de la sentencia radica en la exposición de los criterios que deben orientar la ponderación de los dictámenes periciales y la delimitación de los supuestos en los que la valoración judicial de esta prueba puede suponer una vulneración de dichas reglas de la sana crítica.

En el supuesto objeto del presente análisis, el Tribunal Constitucional, anula la prisión provisional impuesta a un investigado, en el marco de las diligencias previas declaradas secretas, en el contexto del delito de pertenencia a organización criminal, delito contra la salud pública y cohecho, por negar a este el acceso a actuaciones secretas esenciales. El tribunal recuerda que el secreto de las actuaciones no puede servir para excluir el acceso a los elementos esenciales necesarios para recurrir la privación de libertad. El Tribunal Constitucional, estima el recurso de amparo N.^o 2153/2025 en la Sentencia de 23 de febrero de 2026 declarando vulnerados los derechos fundamentales a la libertad personal y a la defensa jurídica al impedir impugnar de forma efectiva la legalidad de la medida cautelar. En la resolución, se aclara su doctrina sobre el derecho de acceso del investigado a los elementos esenciales de las actuaciones en causas penales declaradas secretas, con el fin de poder impugnar el Auto de prisión provisional.

En el presente trabajo tratamos de dilucidar las consecuencias de dos sentencias emitidas el pasado año por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que se mostraron especialmente restrictivas a la hora de admitir y valorar «pantallazos» de WhatsApp en procesos laborales y, la divergencia que supone dicha interpretación de la doctrina asentada por el Tribunal Supremo respecto de la admisión de este tipo de pruebas, que precisamente ha sido reiterada por la Sala de lo Penal del Alto Tribunal en sendas sentencias del año pasado.

El presente artículo analiza uno de los tres requisitos jurisprudenciales que deben concurrir para ejercitar correctamente la acción reivindicatoria respecto a los inmuebles, en particular, la posesión injustificada por el demandado, que puede quedar acreditada a través de una prueba de presunciones.

Se analiza la posibilidad de que el acusado en un procedimiento penal pueda llevar a cabo una consignación para la entrega de la indemnización a la víctima o perjudicado por encima de la cantidad que está reclamando este en concepto de responsabilidad civil, al objeto de que en determinados delitos se pueda apreciar la atenuante de reparación del daño del artículo 21.5 como muy cualificada para poder rebajar la pena en uno o dos grados.

El artículo analiza el Real Decreto-ley 8/2026, aprobado para frenar el impacto de la guerra de Irán en los alquileres y derogado por el Congreso poco más de un mes después, y se pregunta si este episodio es coherente con la Constitución. Sostiene, primero, que concurría la «extraordinaria y urgente necesidad» del art. 86.1 CE para usar el decreto-ley, aunque critica que sus efectos casi bianuales desbordan la idea de medida provisional. En segundo lugar, denuncia que la derogación sin régimen transitorio ha generado inseguridad jurídica y ha quebrado la confianza legítima de los arrendatarios que actuaron amparados en la norma. Defiende que las restricciones temporales a la renta y las prórrogas se encajan en la función social de la propiedad (art. 33 CE) y en la protección de la vivienda, pero evidencia la debilidad práctica del art. 47 CE, que no ofrece un escudo efectivo frente a cambios políticos bruscos. El trabajo concluye proponiendo reformas: clarificar la protección de las situaciones intermedias en los decretos-leyes, reforzar constitucionalmente el derecho a la vivienda y crear mecanismos legales automáticos de estabilización del mercado del alquiler para evitar vaivenes normativos.

El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública llega en un momento en que la sociedad española lleva años pidiendo a gritos herramientas más eficaces contra la corrupción. No es una reformita menor: estamos hablando de una de las iniciativas más ambiciosas que ha conocido nuestro ordenamiento jurídico en esta materia. Y cuando digo ambiciosa me refiero a que pretende tocar nada menos que una veintena de textos legales, desde el Código Penal hasta la Ley de Contratos del Sector Público, pasando por la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley de Sociedades de Capital. Es como si quisiéramos reordenar por completo el armario de la lucha anticorrupción, tirando lo que no sirve y poniendo cada cosa en su sitio.

Se insta a los países a revisar las reservas que limitan el enjuiciamiento por material de abuso generado por IA.

Debe atenderse a la fecha del vencimiento de cada uno de los recargos y de los intereses, y no a la fecha del vencimiento de aquellos originarios créditos de la Seguridad Social de cuyo impago proviene el devengo de los recargos e intereses.

El TS establece doctrina y estima el recurso contra la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que inadmitió el recurso especial por considerarse no competente al entender dichos contratos excluidos de la regulación de la Ley de Contratos del Sector Publico.

La trabajadora creyó seguir instrucciones del director general y realizó diez pagos en criptomonedas ajenos a los protocolos de la empresa, desoyendo advertencias explícitas de posible estafa y demorando durante horas el contacto con su superior.

La Directiva en cuestión menciona las Normas ISO relativas a los niveles máximos de emisión de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono de cigarrillos, normas no publicadas en el Diario Oficial de la Unión.

Tendrá lugar el próximo 8 de junio en la sede del IMSERSO a las 17,00 h. La jornada también podrá seguirse en formato online vía Teams.

Análisis sistemático de la tutela sumaria del artículo 250.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con especial atención a su inmediatez, cognición limitada y ausencia de cosa juzgada material.