Debate a seis que centrará su atención, principalmente, en la implementación del nuevo modelo organizativo territorial del Poder Judicial y en la experiencia (de año y medio) de los MASC.

El trabajo examina los problemas organizativos, patrimoniales y contables que plantea la incorporación de fines sociales o medioambientales en las sociedades de capital, con especial referencia a las Sociedades de Beneficio e Interés Común. Frente a la insuficiencia del reconocimiento legal español, se analizan diversos modelos comparados: patrimonios separados, fondos afectos, responsabilidad social obligatoria, asset lock, capital lock y benefit corporations. El estudio sostiene que la credibilidad de las sociedades híbridas exige mecanismos jurídicos de indistribuibilidad, contabilidad diferenciada, reporting verificable y tutela efectiva de los beneficiarios del propósito social.

El debate examina si la declaración de la víctima en los delitos contra la libertad sexual puede bastar, en determinados supuestos, para desvirtuar la presunción de inocencia. A partir de tres preguntas —estatuto probatorio del testimonio de la víctima, suficiencia de la prueba única y función de la prueba pericial— cinco especialistas analizan los parámetros jurisprudenciales que condicionan la valoración del relato: ausencia de privilegio probatorio, motivación reforzada, coherencia externa, corroboración periférica, progresividad, credibilidad y fiabilidad. Las respuestas coinciden en rechazar cualquier presunción de veracidad de la víctima y cualquier inversión de la carga de la prueba, pero muestran matices relevantes sobre la intensidad del control judicial y el peso que debe darse a la ciencia psicológica cuando aporta conocimiento especializado sobre memoria, sugestión o margen de error.

El presente estudio analiza la inscripción obligatoria de las participaciones sociales en el Registro Mercantil y el depósito anual en formato electrónico del Libro Registro de Socios, previstos en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, en línea con la Directiva (UE) 2024/1640 y las prácticas de los principales ordenamientos europeos. Se examina el modelo vigente, basado en un Libro Registro de Socios carente de eficacia frente a terceros, que genera un déficit de transparencia en la identificación de la titularidad societaria difícil de justificar en el contexto actual. La inscripción de las participaciones refuerza la seguridad del tráfico mercantil, mejora la tutela de socios y acreedores, reduce la litigiosidad y facilita nuevas vías de financiación, mientras que el depósito anual telemático del Libro Registro de Socios dota a la información societaria de publicidad registral y garantiza su actualización periódica. Se concluye que la reforma resulta necesaria para alinear la sociedad limitada con las exigencias actuales de transparencia y seguridad jurídica.

El libro V del Código civil de Cataluña (Ley 5/2006, de 10 de mayo) ha incorporado la ya clásica afección real que la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, regulaba en su artículo 9 como corolario de la obligación que tienen los propietarios de pisos o locales susceptibles de aprovechamiento independiente de contribuir a los gastos comunes que genere el régimen de propiedad horizontal. Al carecer Cataluña de tradición jurídica en el ámbito de la Propiedad Horizontal esta incorporación presenta una serie de desafíos en cuanto a su estudio y aplicación por los profesionales del Derecho. Este trabajo no pretende más que recoger y ordenar de forma práctica las aportaciones que la doctrina nacida del artículo 9 LPH ha realizado y ver si, dados los cambios introducidos por el legislador catalán en esta institución, siguen siendo válidas.

La STS 204/2026 consolida la concepción de la atenuante de dilaciones indebidas como reacción frente a procesos de duración global superior a cinco años sin especial complejidad, admitiendo su apreciación en casación incluso cuando el factum no menciona las incidencias de tramitación.

En el plano sustantivo, reafirma con claridad que el atropello de un peatón en paso de cebra supone una imprudencia grave.

La Red Judicial Europea contra la Ciberdelincuencia (EJCN, por sus siglas en inglés) celebró su décimo aniversario durante su 20ª Reunión Plenaria, que reunió a miembros de la EJCN, socios institucionales, estados observadores y partes interesadas clave de toda Europa.

• Empresas y expertos se reúnen en Madrid para abordar cómo seguir operando ante crisis digitales, IA y nuevas exigencias regulatorias.

• ISMS Forum celebra el III Foro de Ciber Resiliencia y presenta el Libro Blanco del Chief Resilience Officer, una guía para integrar ciberseguridad, gestión del riesgo, continuidad de negocio y gobernanza corporativa.

La Comisión Europea impuso una multa de 200 millones de euros a Temu en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA) . La empresa no identificó, analizó ni evaluó debidamente los riesgos sistémicos derivados de la oferta de productos ilegales en su plataforma y el consiguiente perjuicio para los consumidores de la Unión Europea.

Debe rechazarse la construcción de un único delito continuado cuando concurren varios actos amenazantes desplegados en momentos diversos y contra distintas personas.

Debe entenderse que, tras la decisión del empresario de no readmitir y optar por la indemnización, con la conformidad del trabajador, el contrato de trabajo queda extinguido, aunque no hubiera una resolución judicial que declarara la improcedencia.

Admitido el recurso de un estudiante al que el Ministerio no reconoció la convalidación parcial de los créditos que había cursado en Italia, pudiendo afectar al resto de estudiantes italianos que cursaron sus estudios en la Universidad Rey Juan Carlos en 2016-2017.

Se toma en consideración que la autopsia reveló que falleció con el estómago vacío en torno a las 15:00 horas, indicio que, unido a la jornada flexible fijada, refuerza que el infarto se produjo en tiempo de trabajo y desplaza a empresa y mutua la carga de desvirtuar el carácter profesional del episodio.

La Orden TES/539/2026, de 25 de mayo, regula el sistema de legalización electrónica de los libros que han de llevar las Sociedades Cooperativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas y en el artículo 27 del Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas, aprobado por el Real Decreto 136/2002.

Entre las reglas básicas figura que la IA nunca podrá sustituir el control humano, que el profesional mantiene toda la responsabilidad sobre su trabajo y que el cliente debe saber cuándo intervienen herramientas automatizadas.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha anunciado que la prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la abogacía del año 2026 se realizará el 2 de julio a partir de las 9:00 horas, y se celebrará de forma ‘online’ y simultánea usando la plataforma Avex de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

La sentencia cuenta con el voto particular de los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera, César Tolosa Tribiño y José María Macías Castaño.

Ambos servicios concentran más del 90 % de los desplazamientos ferroviarios y suman unos 500 millones de viajeros al año en España.

Están sujetos a obligaciones de servicio púbico (OSP) y, de acuerdo con la normativa europea, deben abrirse a la competencia.

Ello mejorará la movilidad de los ciudadanos, la cohesión territorial y la sostenibilidad económica y ambiental.

El número de autónomos ha aumentado un 7,2% en la última década, ente junio de 2016 y el mismo mes de 2026, pasando de 3.231.941 a 3.463.806 afiliados, y ha presentado diversas transformaciones entre las que destaca el aumento del número de autónomos extranjeros, grupo que se ha duplicado en estos años, según ATA.

En concreto, estima que el impacto potencial en cotizaciones de la regularización extraordinaria de inmigrantes sea de 0,067 puntos porcentuales del PIB, atendiendo a patrones de regularización previos. Prevé que afecte a 950.000 personas en edad de trabajar.

La patronal traslada al Ministerio su rechazo a esta reforma y su "malestar" por "socavar" acuerdos ya alcanzados.

La Comisión de Hacienda y Función Pública acogerá la comparecencia a petición propia del ministro de Hacienda, Arcadi España, en la mañana del próximo jueves 4 de junio. España informará sobre las líneas generales de su departamento, como es habitual tras el nombramiento de un nuevo ministro o ministra.

Estudio comparado del tratamiento constitucional de la integración en la Unión Europea, la cesión de soberanía, la primacía del derecho de la Unión y la cogobernanza multinivel.