Termina mayo, y como es habitual, el Diario LA LEY cede su espacio en exclusiva al Especial de la Unión Europea en este último día del mes. Les ofrecemos una selección de lo más importante publicado en la revista mensual. Esperamos que sus contenidos les resulten de utilidad.

La AESIA, el Consejo de Estado y Garrigues analizan los retos regulatorios que plantea la inteligencia artificial.

El trabajo analiza la reacción de la Unión Europea ante la crisis iraní como expresión de las tensiones estructurales que atraviesan el sistema internacional contemporáneo. A partir del conflicto en Oriente Próximo, se examinan las divisiones internas europeas, la dependencia energética y de seguridad respecto de actores externos y la dificultad de construir una autonomía estratégica coherente. El estudio aborda igualmente la erosión del orden internacional basado en reglas, el debilitamiento del multilateralismo y el retorno de dinámicas de poder hegemónico. Desde esta perspectiva, la crisis iraní aparece no como un episodio aislado, sino como un factor revelador de la redefinición del equilibrio global. Finalmente, se sostiene que el futuro de la relevancia internacional de Europa dependerá de su capacidad para reforzar su cohesión interna, preservar sus valores fundacionales y proyectar una voz propia en la gobernanza mundial.

La propuesta de nuevo Marco Financiero Plurianual para el septenio 2028-2034 presentada por la Comisión Europea en julio de 2025 dará lugar a una profunda negociación con el Parlamento Europeo y el Consejo, en la que muchas otras instituciones, órganos y Estados miembros de la Unión Europea también se pronunciarán. Se trata de una planificación presupuestaria que rompe con algunos planteamientos tradicionales y consolidados y que responde a un contexto cada vez más complejo tanto en el ámbito interno de la Unión como a nivel internacional. El presente comentario analiza los informes y resoluciones que preceden a la propuesta de la Comisión, con el fin, por un lado, de determinar si esta se ha adaptado a las reivindicaciones y críticas de diversos actores y, por otro, de anticipar las posturas de estos en las negociaciones.

La cosa juzgada y la preclusión están condicionadas a la equivalencia y —sobre todo— efectividad de los derechos de los consumidores. Se analiza la jurisprudencia sobre la cuestión, y se destaca Ibercaja Banco, conforme al que existirá cosa juzgada si se cumplen los requisitos de control de oficio, motivación y advertencia en la resolución. Soledil es continuista pero muy relevante por dos razones. Primera, la especial complejidad del pleito y centralidad de la cosa juzgada. Se confirma el control de oficio cuando el Juez disponga de los elementos necesarios, incluso tras múltiples instancias. Segunda, el rechazo del control «implícito» ilustra que el control de oficio como excepción a la preclusión y la cosa juzgada se fundamenta en la tutela judicial efectiva. El control implícito habría desvirtuado el control de oficio y la interpretación uniforme del Derecho de la Unión.

La lucha contra la discriminación por razón de género ha ocupado un papel central en todos los debates políticos, económicos y sociales, tanto en nuestro país como en el plano internacional desde hace décadas. Dentro de las múltiples aristas de esta problemática se encuentra el de la discriminación salarial, esto es, la existencia de diferencias, por razón de sexo, en el salario para trabajos considerados de igual valor. Esta cuestión, como es bien sabido, no agota sus efectos únicamente en la cantidad que los trabajadores perciben a final de mes, sino que posteriormente deriva en diferencias en la protección social, especialmente en el marco de las prestaciones de carácter contributivo, entre otros muchos problemas. Precisamente por ello, existe una rica producción legislativa en esta materia a todos los niveles, habiendo sido de entidad las medidas acometidas en materia de discriminación en general por razón de sexo y, en particular, dentro de la discriminación salarial. Pues bien, el reciente pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por medio de la Sentencia (Sección Quinta), caso Ortega Ortega c. España, de 4 de diciembre de 2025, ha vuelto a poner el foco de atención en esta problemática. Ante esta situación, por medio del presente estudio entraremos a analizar en qué estado se encuentra actualmente la lucha contra la brecha salarial en nuestro país. Para ello, partiremos analizando las últimas estadísticas publicadas sobre esta cuestión, para ver en qué medida las distintas estrategias implementadas en las últimas décadas han servido o no para reducir la misma. Tras ello, y partiendo de la sentencia objeto de análisis, entraremos a señalar algunos de los principales avances normativos que se han producido en los últimos años en España.

La sentencia Shipova introduce una nueva modalidad de obstáculo a la libertad de circulación que conlleva la obligación del Estado miembro de la nacionalidad de permitir la modificación de los datos referidos al género de una persona, incluso en el Registro Civil, si ello fuera necesario, con el fin de que el ciudadano pueda ejercer sin obstáculos su libertad de circulación y residencia. La sentencia se aparta del método del reconocimiento mutuo e impone una orden directa al Estado miembro de origen. Formalmente los argumentos no son nuevos y el TJUE vuelve a justificar su posición en la doctrina del TEDH como canon interpretativo de los derechos fundamentales de la Carta.

El presente estudio analiza la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de marzo de 2026 (en adelante, TJUE), asunto C-239/24, dictada para dar solución a una cuestión prejudicial expuesta por la Cour d’Appel de Bruxelles (Tribunal de Apelación de Bruselas), con el objetivo de delimitar el concepto de víctima al amparo de la Directiva 2012/29/UE y, por ende, solucionar un conflicto de competencia de los órganos jurisdiccionales penales belgas. El Alto Tribunal europeo desestima la petición por entender que la determinación de la competencia es una potestad inherente a los Estados miembros y que la citada Directiva solo resulta aplicable respecto de aquellos procedimientos en los que ya se ha fijado la competencia.

El presente trabajo analiza la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo de 2026 (asunto C-371/24, Comdribus), centrada en la interpretación del criterio de estricta necesidad en el tratamiento de datos biométricos por parte de las autoridades policiales durante una investigación en el ámbito penal. A partir del examen del art. 10 de la Directiva (UE) 2016/680, en relación con los arts. 4 y 8 de la misma, el estudio aborda tres cuestiones clave: la prohibición de la recogida sistemática de datos biométricos de sospechosos, la exigencia de motivación individualizada por parte de la autoridad competente y la compatibilidad con el Derecho de la Unión de la tipificación penal de la negativa a someterse a dicha recogida.

El Tribunal de Justicia establece un estándar elevado de protección de los derechos fundamentales, en particular de los derechos a la vida privada y a la protección de datos personales, exigiendo una evaluación caso por caso del cumplimiento de los elementos imprescindibles para cumplir con el criterio de estricta necesidad. Asimismo, rechaza cualquier automatismo en la utilización de estos datos y refuerza el papel de la motivación como garantía esencial frente a la arbitrariedad. No obstante, admite la sanción penal por negativa a someterse a esa medida, siempre que se cumpla con el requisito de estricta necesidad. Por todo lo mencionado, la sentencia constituye un hito en la delimitación de los límites del uso policial de tecnologías biométricas en la Unión Europea.

El pasado 19 de marzo de 2026, el Tribunal de Justicia dela Unión Europea resolvió varias cuestiones prejudiciales planteadas por un tribunal húngaro. Todas ellas relacionadas con el día inicial de cómputo del plazo de prescripción de la acción de restitución derivada de la nulidad por abusividad de la cláusula de tipo de cambio de una hipoteca multidivisa. El Tribunal consolida su doctrina al respecto, bien conocida por los juristas españoles, pero añade un requisito adicional consistente en la individualización de la declaración de abusividad como requisito para el inicio del cómputo de ese plazo.

La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Quinta), caso Ortega Ortega c. España (Demanda n.^o 36325/22) se pronuncia sobre la vulneración del derecho al respeto a la vida privada y familiar reconocido en el art. 8 del Convenio, en relación con la prohibición de discriminación prevista en el art. 14 del Convenio, con ocasión del despido de una trabajadora tras haber denunciado una situación de discriminación por razón de sexo consistente en la percepción de una retribución inferior a la de sus compañeros varones.

(…(

El Tribunal de Justicia declara que la normativa nacional no puede impedir al juez examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual tras la devolución del asunto por el tribunal de casación, aunque el consumidor no hubiera alegado previamente dicha abusividad. El TJUE considera que el principio de cosa juzgada no puede prevalecer cuando la cláusula nunca fue analizada judicialmente, ya que ello vulneraría la protección efectiva reconocida por la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y el art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La sentencia refuerza así el deber de control judicial de oficio en materia de protección de consumidores frente a cláusulas abusivas.

El Tribunal de Justicia declara que el Derecho de la Unión se opone a una normativa nacional que impide modificar en el Registro Civil los datos relativos al género —incluidos el sexo, nombre o número de identificación— de un ciudadano que ha ejercido su derecho a la libre circulación en otro Estado miembro, por vulnerar el art. 21 TFUE, la Directiva 2004/38 y el derecho al respeto de la vida privada reconocido en la Carta de Derechos Fundamentales. Asimismo, afirma que el Derecho de la Unión impide que los órganos jurisdiccionales nacionales queden vinculados por interpretaciones del tribunal constitucional que obstaculicen dicha modificación registral, cuando estas resulten contrarias a la interpretación del Derecho de la Unión establecida por el propio Tribunal de Justicia.

La Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable en un litigio relativo a la competencia de los órganos jurisdiccionales penales de un Estado miembro para conocer de hechos cometidos fuera del territorio de este y no puede afectar al alcance de las disposiciones de Derecho nacional que establecen tal competencia

El Tribunal de Justicia declara que la Directiva 2016/680 se opone a una normativa que permita la recogida sistemática de datos biométricos de cualquier sospechoso sin una justificación concreta y sin evaluar, caso por caso, su estricta necesidad. Asimismo, exige que la autoridad competente motive de forma individualizada dicha necesidad, en garantía del derecho a la tutela judicial efectiva. No obstante, admite que se sancione penalmente la negativa a someterse a esa recogida, siempre que la medida sea estrictamente necesaria y la sanción proporcional. Con ello, refuerza la protección de los derechos fundamentales frente al uso de datos biométricos.

El Tribunal de Justicia declara que la Directiva 93/13 se opone a que el plazo de prescripción para reclamar los efectos de la nulidad de un contrato comience en la fecha de su celebración cuando el consumidor no conocía ni podía conocer el carácter abusivo de la cláusula. Asimismo, rechaza que dicho plazo pueda iniciarse en función de sentencias del Tribunal de Justicia o de tribunales nacionales sobre cláusulas similares. El cómputo debe vincularse al conocimiento efectivo del consumidor. Con ello, se refuerza la protección del principio de efectividad y de los derechos del consumidor.

En el marco del largo litigio relativo a la reproducción de una muestra (sample) de un título musical del grupo alemán Kraftwerk, el Tribunal de Justicia especifica el alcance de la excepción del «pastiche», que permite usar elementos de una obra protegidos por derechos de autor sin la autorización previa de los titulares de derechos. El Tribunal de Justicia señala, entre otras cosas, que esta excepción engloba creaciones que evoquen una o varias obras existentes, si bien diferenciándose de ellas de modo perceptible, y que usen algunos de los elementos característicos de estas protegidos por derechos de autor, también a través del «muestreo» (sampling), con el fin de entablar con dichas obras un diálogo artístico o creativo que sea reconocible como tal. Este diálogo puede adoptar distintas formas, como, en particular, una imitación abierta del estilo de las obras, un homenaje a estas o una confrontación humorística o crítica con ellas.

En este asunto prejudicial, el Tribunal de Justicia proporciona al Tribunal Supremo aclaraciones sobre la conformidad con el Derecho de la Unión de las medidas previstas en España para poner remedio a los abusos derivados del uso, en el sector público, de contratos de duración determinada sucesivos. El Tribunal de Justicia considera que estas medidas (la transformación de estos contratos en una relación laboral indefinida no fija; el pago de indemnizaciones al trabajador en el momento de la extinción de la relación laboral; el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas y la convocatoria de procesos selectivos que tienen en cuenta la experiencia anterior del trabajador y el tiempo de servicio dedicado por este al desarrollo de sus tareas) no parecen permitir sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión.

El Tribunal de Justicia declara que el procedimiento de asilo en frontera puede aplicarse aunque el solicitante esté internado en un centro no situado físicamente en la frontera si la normativa nacional lo equipara a tal. No obstante, una vez transcurrido el plazo de cuatro semanas, el examen deja de regirse por el procedimiento fronterizo y pasa al régimen general. El cambio de situación no afecta a la competencia de la autoridad, pero obliga a informar al solicitante y garantizar plenamente sus derechos. Además, el procedimiento puede continuar con carácter prioritario y apoyarse en actuaciones previas, siempre que se respeten las garantías fundamentales.

El Tribunal de Justicia confirma que el control de los actos procesales de la Fiscalía Europea corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales, con posibilidad de plantear cuestión prejudicial ante el TJUE. En consecuencia, el Tribunal General carece de competencia para conocer del recurso, lo que no afecta al fallo. Asimismo, se rechaza que la inadmisibilidad deba analizarse junto al fondo, al tratarse de una cuestión autónoma.

El Tribunal de Justicia declara que una fundación debe poder verificar si los cigarrillos con filtro cumplen los niveles máximos de emisiones fijados por el Derecho de la Unión, conforme a los métodos establecidos en normas ISO. Dicho acceso a las normas ha de ser libre, efectivo, gratuito y no discriminatorio. Sin embargo, aunque estas normas no se hayan publicado en el DOUE, siguen siendo vinculantes. En consecuencia, no pueden utilizarse métodos alternativos para cuestionar la legalidad de los productos ni para solicitar su retirada del mercado.

El Tribunal General desestima el recurso de Red Bull y confirma que solo son reembolsables los costes estrictamente adicionales derivados de que la inspección continúe en las oficinas de la Comisión. Precisa que estos gastos deben ser distintos de los que la empresa habría asumido igualmente si la inspección hubiera tenido lugar en sus propias instalaciones. En este caso, los honorarios de los abogados no se consideran costes adicionales, ya que su asistencia habría sido necesaria en cualquier escenario. Además, el Tribunal señala que Red Bull no acreditó qué parte concreta de dichos honorarios podría considerarse reembolsable.

El Tribunal de Justicia declara que la Directiva 2008/48/CE sobre crédito al consumo se opone a cláusulas que permitan aplicar intereses no solo sobre el importe del crédito concedido, sino también sobre los costes asociados al mismo. Considera que estas cantidades ya forman parte del coste total del crédito para el consumidor. En consecuencia, no pueden generar intereses adicionales. Esta interpretación refuerza la protección del consumidor frente a prácticas que incrementan indebidamente el coste del crédito.

El Tribunal de Justicia declara que la retransmisión simultánea, íntegra e inalterada de emisiones de radiodifusión dentro de una residencia de mayores no constituye una «comunicación al público» en el sentido de la Directiva 2001/29/CE. Considera que esta actividad, realizada a través de una red interna de cable conectada a las habitaciones, no cumple los requisitos para ser calificada como tal. En consecuencia, no genera obligaciones adicionales en materia de derechos de autor para el operador de la residencia.

A fecha de 10 de abril de 2026, se completó el despliegue progresivo del Sistema de Entrada/Salida (EES) en todo el espacio Schengen. A esta fecha, todos los países Schengen han desplegado el sistema en sus fronteras exteriores, concluyendo así una fase de implementación coordinada de 180 días tras su entrada en funcionamiento en octubre de 2025.

El BCE ha presentado una serie de propuestas dirigidas a mejorar la capacidad del sistema bancario y de la infraestructura financiera europea para apoyar el crecimiento económico, en respuesta a la consulta pública de la Comisión Europea sobre la competitividad del sector bancario de la Unión.

La Comisión Europea ha adoptado el 16 de abril de 2026 Reglamento revisado de exención por categorías aplicable a los acuerdos de transferencia de tecnología («RECATT») y las Directrices relativas a la aplicación del art. 101 del Tratado a los acuerdos de transferencia de tecnología («Directrices»), tras una revisión exhaustiva de las disposiciones vigentes desde 2014.

El Consejo dio el visto bueno definitivo el 21 de abril de 2026 a una nueva Directiva UE que armoniza la definición de corrupción en todos los Estados miembros y establece un nivel común de sanciones para castigar estos delitos. Con medidas para prevenir la corrupción y normas para reforzar la investigación y el enjuiciamiento, la ley reforzará la lucha contra la corrupción tanto en el sector público como en el privado.

El Consejo aprobó el 21 de abril unas conclusiones que reconocen la vulnerabilidad geopolítica de la UE debido a su considerable dependencia de los combustibles fósiles importados —como se ha demostrado en el contexto de la guerra de Ucrania y por las amenazas que plantean las hostilidades en Irán y en la región en general—, el Consejo reafirmó el compromiso de la UE con la transición ecológica como la estrategia más eficaz para lograr la autonomía estratégica de Europa.

Por segunda vez en menos de cinco años, los europeos están pagando el precio de la dependencia de Europa de los combustibles fósiles importados. AccelerateEU es el conjunto de instrumentos de la Comisión para proporcionar ayuda inmediata a los hogares e industrias europeos, especialmente a los más vulnerables, al tiempo que sitúa a Europa en una senda constante hacia la independencia energética. Desde la escalada del conflicto en Oriente Próximo, la UE ha gastado 24 000 millones de EUR adicionales en importaciones de energía debido al aumento de los precios, sin recibir una sola molécula adicional de energía.

La UE y los EE UU han firmado el 24 de abril de 2026 un Memorando de Entendimiento sobre una asociación estratégica en materia de minerales críticos y han acordado un Plan de Acción UE-EE UU sobre Minerales Críticos. Estas iniciativas reflejan el compromiso de la UE de intensificar la cooperación en materia de materias primas fundamentales. Se trata de un paso clave para mejorar la resiliencia y la diversificación de las cadenas de suministro, en medio de retos geopolíticos y económicos compartidos.

El 27 de abril de 2026 se conmemoró el décimo aniversario de la adopción del Reglamento 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD), el primer marco integral de protección de datos que abarca todo un continente y que establece derechos claros para las personas y obligaciones para las organizaciones en toda Europa.

La presente Comunicación de la Comisión Europea constituye una propuesta estratégica de gran alcance destinada a reformar profundamente la manera en que se diseñan, aplican y hacen cumplir las normas en la Unión Europea. Se inscribe en un contexto internacional marcado por crecientes tensiones geopolíticas, incertidumbre económica y desafíos a los valores democráticos, lo que exige una Unión más competitiva, resiliente y cohesionada.

En un informe aprobado el 28 de abril de 2026 con 447 votos a favor, 160 en contra y 43 abstenciones, los eurodiputados instan a los Estados miembros que aún se basan en definiciones de violación que implican el uso de la fuerza o la violencia a que adapten sus leyes a las normas internacionales (incluido el Convenio de Estambul, ratificado por la UE en 2023). Asimismo, exigen un apoyo y una protección adecuados para las víctimas y supervivientes en toda la UE. El Parlamento afirma que el silencio, la falta de resistencia, la ausencia de un «no», el consentimiento previo, las conductas sexuales anteriores o cualquier relación actual o pasada no deben interpretarse como consentimiento.

Tras considerar insuficientes los avances realizados desde la apertura del procedimiento de infracción en 2017, la Comisión Europea ha decidido, el 29 de abril de 2026, llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber cumplido íntegramente las obligaciones de recogida, tratamiento y control establecidas en la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (Directiva 91/271/CEE del Consejo).

En una votación celebrada el miércoles, los eurodiputados hicieron balance de la situación de los derechos fundamentales en la UE en 2024 y 2025. Los valores consagrados en el art. 2 del Tratado de la UE y en la Carta de los Derechos Fundamentales deben respetarse en todas las políticas de la UE y ser aplicados plenamente por los Estados miembros, según afirma el Parlamento en un informe aprobado por 328 votos a favor, 199 en contra y 98 abstenciones.