La presente comunicación aborda el análisis de una herramienta de lucha contra la criminalidad organizada, como es la colaboración eficaz, también conocida como «premial». Así, se hace alusión a la normativa internacional que puede ser su referente más inmediato, como es la Convención de Palermo. Se examinan sus contornos en el ámbito en que ha sido objeto de un mayor desarrollo y de una mejor implementación, como es el iberoamericano, con especial referencia a Perú, como modelo paradigmático. Y, previo buceo en su antecedente más reconocible, cual es la antigua atenuante de «arrepentimiento espontáneo», se reflexiona acerca del alcance legislativo de la figura en España, así como de su sentido y alcance a la luz de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo; razonamiento que lleva a concluir que lo escasamente atractivo, en términos de seguridad y de «premio», la disciplina para potenciales delatores y de la necesidad, por tanto, de dar lugar a un impulso legislativo de la misma.

En este trabajo se analiza la sentencia del TEDH de 6 de noviembre de 2025, asunto B.M. contra España. Esta resolución examina con detalle el procedimiento español de internamiento judicial forzoso por razón de trastorno psíquico. La condena al Estado español no deriva de la detección de carencias regulativas, sino de la falta de aplicación efectiva de las garantías fijadas en la normativa interna.

El presente trabajo constituye un análisis crítico y celebrativo de la Guía práctica para la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el proceso penal, publicada el 18 de diciembre de 2025 por el Consejo General del Poder Judicial. El texto examina la estructura, fundamentos y aportaciones de esta obra colectiva, dirigida por Isabel Revuelta de Rojas y Joaquín Delgado Martín, destacando su relevancia para la transformación del modelo de justicia penal español hacia un paradigma inclusivo y garantista. Se analizan los pilares teóricos que sustentan la Guía —el modelo social de discapacidad, los ajustes de procedimiento y los apoyos a la capacidad jurídica—, así como su incidencia práctica en la función jurisdiccional. El trabajo pone de relieve cómo esta publicación representa un hito en la materialización de los mandatos constitucionales y convencionales en materia de derechos de las personas con discapacidad.

La revista LA LEY Penal te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, nº 179 marzo-abril 2026, firmado por Natalia María Pemán Gracia, investigadora predoctoral en formación del Área de Derecho Penal Universidad de Zaragoza.

Su mandato se ampliará para mejorar la participación de las partes interesadas, permitir la creación de subgrupos y adaptar los métodos de trabajo de acuerdo con las normas de la Comisión para grupos de expertos.

La única excepción podría venir dada por la separación física apreciable entre la zona de oficinas y la de centro de trabajo, siempre que la autoridad informe que el propósito es acceder únicamente a la primera.

Las lesiones fueron producidas por el defectuoso funcionamiento del cierre automatizado de la puerta, no contando con sensor de presencia u otro mecanismo que evitara que la puerta se cerrase existiendo personas u obstáculos en el medio de las hojas, sin que exista culpa de la víctima por quedarse parada en medio de la puerta al no existir ninguna advertencia del riesgo de cierre de la misma.

Aunque consta el abandono de la familia por parte del causante, no se deduce de ella que existieran malos tratos determinantes de violencia de género en el momento de solicitar la nulidad eclesiástica del matrimonio.

La Sala de lo Social aclara que las ausencias por motivos familiares urgentes constituyen un mínimo de derecho necesario que debe pagarse en todo caso, de modo que ningún convenio ni acuerdo de empresa puede eliminar su retribución, solo concretarla o mejorarla. Se destaca la finalidad de conciliación y corresponsabilidad —con especial impacto en la igualdad de género— y alinea la interpretación del precepto con la Directiva 2019/1158.

Los países de la UE deben implementar las nuevas normas antes del 22 de diciembre de 2027. Las listas de contaminantes se seguirán revisando periódicamente y se actualizarán si es necesario.

Falta de acreditación de la fecha de la comunicación del siniestro a la aseguradora, a la que incumbe probarlo para aplicar la excepción del art. 21.6º LCS a la regla general que fija el dies a quo en la fecha del siniestro.

También ha reconocido la labor de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña y Alicante, de la Secretaría de Coordinación Provincial de Girona y de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia.

El acusado residió de forma irregular en las zonas comunes anexas a los trasteros de un edificio sin el consentimiento de los propietarios. La Audiencia de Las Palmas desestima el recurso del residente que destrozó cámaras, telefonillos y quemó trasteros en el edificio.

España se ha consolidado como el tercer país de la Unión Europea donde las cotizaciones empresariales tienen un mayor peso sobre la recaudación fiscal total, alcanzando el 25,8%, que sitúa al mercado nacional "muy por encima" de la media europea del 17,9%, según un análisis realizado por Quantax.

Una gerocultora que había pedido adaptar su jornada laboral acudió a la vía judicial pese a que la empresa le había ofrecido negociar distintas alternativas.

El Consejo recuerda que la crítica a las resoluciones judiciales no ampara campañas nominativas de descrédito profesional o de presión extraprocesal a los miembros del Poder Judicial.

La afiliación media de extranjeros subió en abril en 96.684 cotizantes respecto al mes anterior, un 3% más, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.248.247 ocupados.