El objetivo de este compromiso es claro: dotar a los abogados que están empezando de las mejores herramientas digitales para mejorar su competitividad y facilitar su trabajo diario.

El presente estudio analiza el alcance del ámbito objetivo de aplicación del Reglamento (UE) 2024/1028 y del Real Decreto 1312/2024, destacando que su finalidad principal es crear un sistema armonizado de recogida e intercambio de datos sobre los alquileres de corta duración, sin regular el acceso a la actividad. Se subraya que su ámbito incluye no solo viviendas turísticas, sino también arrendamientos de temporada y de embarcaciones. Asimismo, se aclara la diferencia entre el registro único estatal, con función identificadora, informativa y de control de la legalidad civil y administrativa, y los registros autonómicos, de carácter habilitante de la actividad. El Número de Registro Único de Alquiler no sustituye las licencias administrativas, sino que exige su cumplimiento previo. La intervención de los Registros de la Propiedad y de Bienes Muebles garantiza la fiabilidad de los datos a través de la seguridad jurídica.

El presente trabajo propone una reconstrucción del concepto de título-valor a partir de una distinción estructural entre cosa, valor e instrumento. Frente a la concepción clásica, que identifica el título-valor con la incorporación de un derecho de crédito, se sostiene que el título no es soporte de derecho alguno, sino un instrumento documental que permite obtener un valor mediante la activación de un régimen jurídico específico.

Sobre esta base, se desarrolla una teoría de la abstracción cambiaria como proceso progresivo de depuración del sistema, en el que se eliminan sucesivamente los planos de la prestación y de las alteraciones, hasta concentrarse en la legitimación. Esta concepción permite reinterpretar la Ley Cambiaria y del Cheque, en particular el régimen de excepciones, el endoso, la posición del tenedor y la acción cambiaria, no como categorías autónomas, sino como manifestaciones de una misma estructura.

El trabajo se completa con una revisión crítica de las nociones de crédito y dinero, defendiendo que el crédito no constituye una categoría sustantiva, sino un adjetivo (certum datum), y que el dinero no es objeto de derecho ni de apropiación, sino valor circulante. En consecuencia, la posición jurídica relevante no es la titularidad de un derecho, sino la legitimación para instar la correspondiente acción. Esta reconstrucción no pretende negar la tradición dogmática, sino ofrecer una explicación más simple, coherente y funcional de sus resultados.

El artículo analiza el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales planteado por el Senado ante el Tribunal Constitucional derivado de la negativa del Ejecutivo a presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). El estudio examina si el artículo 134.3 de la Constitución española impone un deber imperativo o una facultad discrecional al Gobierno, especialmente en contextos de fragmentación parlamentaria. A través del análisis del principio de lealtad institucional y la potestad presupuestaria de las Cortes, se colige que el uso sistemático de la prórroga presupuestaria como estrategia política menoscaba las facultades de enmienda y veto del Senado, alterando el equilibrio de poderes y la centralidad del Parlamento en el sistema democrático.

El incidente de extensión de efectos de una sentencia que haya adquirido firmeza, dictada en recurso cuya pretensión esté referida a una pretensión jurídica individualizada en materia de personal al servicio de la Administración pública, entre otras, está condicionado a que el solicitante de la extensión de efectos haya impugnado las concretas resoluciones que se hayan dictado en el correspondiente proceso selectivo agotando incluso la vía contencioso-administrativo. Sin embargo, dicha exigencia solo es necesaria cuando se hayan dictado concretos actos que se hubieran notificado al interesado. Cuando solo se hayan dictado actos plurales, como puede ser una lista de aprobados, esa exigencia y previa impugnación no puede constituir un óbice formal para la extensión de efectos, siempre que concurra la identidad sustancial entre la situación reconocida en la sentencia y la del solicitante de la extensión de efectos.

La revista Práctica de Tribunales te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, nº 179, marzo-abril 2026, firmado por Álvaro Perea González, letrado de la Administración de Justicia.

El documento Industrial Policy for the Intelligence Age, publicado por OpenAI en abril de 2026, constituye una propuesta integral de reordenación económica, laboral, fiscal y de seguridad para la transición hacia la superinteligencia. Desde una perspectiva jurídica, este texto representa un fenómeno inédito de autorregulación sectorial y de influencia en la política pública, que exige un análisis detallado por sus implicaciones en el derecho del trabajo, la fiscalidad, la gobernanza algorítmica, la protección de datos, la responsabilidad civil, el derecho administrativo global y la teoría constitucional. El presente ensayo examina críticamente las principales ideas del documento —jornada de 32 horas, derecho a la inteligencia artificial, fondo público de riqueza, auditorías de seguridad, gobernanza corporativa misionera, mecanismos de participación democrática—, identificando tensiones normativas, riesgos de captura corporativa, desafíos de implementación jurisdiccional y la necesidad de repensar categorías jurídicas fundamentales a la luz de la automatización avanzada.

La compañía de telecomunicaciones ha visto desestimados los tres recursos que presentó ante la Agencia Española de Protección de Datos, y ha sido sancionada con una multa ejemplar de 100.000 euros.

Ajustarse al modelo oficial no es suficiente, en sistemas retributivos con variables, atrasos o incidencias la empresa debe indicar días, periodos y proporcionalidades para que la persona trabajadora pueda verificar sus retribuciones de forma razonable.

Tal normativa no limita su ámbito subjetivo a los consumidores. Ha sido concebida para ser aplicada a todos los clientes de las entidades bancarias, independientemente de si reúnen o no los requisitos legales para ser considerados consumidores. Por ello, si las cláusulas que contemplan la comisión por posiciones deudoras no se ajustan a esa normativa, la aplicación conjunta de la misma y de los arts. 1255 y 1895 CC ampara la posibilidad de declarar su nulidad y de condenar al banco a devolver lo indebidamente cobrado.

El TSJ Madrid declara que se debe aplicar la reducción de los aranceles notariales y registrales a todas las compraventas de vivienda sin que sea requisito que se destine a vivienda habitual, sin que con ello se haga una interpretación extensiva y analógica a casos no previstos en la norma que la introduce, sino que de lo que se trata es de no limitar, arbitrariamente, una reducción arancelaria.

Condenado inicialmente por imprudencia menos grave, el TS revoca la sentencia calificando la imprudencia como grave al considerar determinante no el exceso de velocidad, sino la falta de atención, no apercibiéndose de la presencia del peatón.

En el marco de la Ley de la Segunda Oportunidad, y tras la aceptación por la entidad bancaria de la dación en pago, el deudor va a enajenar su vivienda no habitual a un tercero para poder satisfacer el préstamo hipotecario, operación a la que será aplicable la disp. adic. 43 LIRPF.

Fija los criterios mínimos y comunes para la elaboración de planes de protección civil frente al riesgo de inundaciones, incluidas las derivadas de balsas y presas, definiendo los análisis de riesgos y los sistemas de alerta y coordinación operativa. Con la finalidad de mantener en permanente estado de plena operatividad todos los procedimientos, mecanismos y dispositivos de los planes, se realizarán regularmente ejercicios y simulacros, en colaboración con otras administraciones públicas, organismos, servicios integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil y sector privado.

Con el fin de ofrecer la información más adecuada posible se establecerán mecanismos de coordinación entre la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el organismo autonómico con competencias en predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos que garanticen la armonización de sus criterios técnicos y con los criterios europeos comunes contemplando los tres niveles de aviso estandarizados (amarillo, naranja y rojo) en función de su peligrosidad.

Se trata de un formato ágil que está indicado para la mejora de determinadas competencias de los abogados de tu despacho.

Una ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso se reunirá este martes para estudiar a puerta cerrada la proposición de ley para conceder la nacionalidad a saharauis, una iniciativa impulsada por Sumar que todavía no cuenta con respaldo del PSOE y cuya tramitación lleva más de un año parada en el Congreso.

El sindicato de inspectores de Trabajo y Seguridad Social ha avisado de que la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que equipara el domicilio social al personal y obliga a exigir autorización judicial previa, dificultará las inspecciones "sorpresa" en miles de empresas.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha impuesto a Correos nuevas medidas de control para la tramitación de solicitudes dentro del proceso de regularización extraordinaria de migrantes.

El paro subió en 231.500 personas entre enero y marzo, lo que supone un 9,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se redujo en 170.300 personas (-0,7%), concentrándose la pérdida de empleo en el sector privado, donde se destruyeron 191.400 puestos de trabajo, ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La obtención del certificado de vulnerabilidad aglutina el 60% de las consultas de los migrantes que quieren regularizar su situación administrativa a través de el proceso extraordinario abierto por el Gobierno el pasado 16 de abril.

La Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados ha aprobado este lunes una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) para reforzar la formación en seguridad vial de los conductores de furgonetas y mejorar la seguridad de este tipo de vehículos, cuyos elementos diferenciales inciden en la siniestralidad.

Analiza la jurisprudencia sobre los ficheros de morosidad, destacando su función de interés general y equilibrio entre derechos de acreedores y deudores.