Un encuentro clave para los profesionales de relaciones laborales y recursos humanos.

La Audiencia Provincial de Sevilla dictó el 19/11/2019 la sentencia 490/2019 en la que se condenó a miembros del Gobierno y de la administración de la Junta de Andalucía por haber diseñado un sistema de concesión y ejecución de ayudas sociolaborales que suponía la eliminación de controles y procedimientos propios del régimen de subvenciones, concretamente la fiscalización previa por parte de la intervención de la Junta de Andalucía. Dicha sentencia, en lo esencial, fue confirmada por el TS, que mantuvo las condenas por prevaricación y malversación. El TC, en diversas sentencias, revocó las sentencias de la AP y del TS por entender que la redacción de proyectos y anteproyectos de ley no constituía actos administrativos y, consecuentemente, eran atípicos, ordenando a la AP que dicte nueva sentencia atendiendo a sus conclusiones. La AP ha planteado cuestión prejudicial ante el TJUE por entender que el mandato del Constitucional es contrario al ordenamiento jurídico comunitario.

Análisis de las circunstancias, criterios y requisitos del delito denominado de «acoso callejero» del art. 173.4.2 CP introducido por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de Septiembre para castigar las conductas que supongan expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad. STS 193/2026, de 5 de Marzo.

El Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, introduce la primera de las reformas del nuevo Reglamento de Extranjería, pese al escaso tiempo transcurrido desde su entrada en vigor (20 de mayo del pasado año). Aunque el foco mediático se ha situado en las nuevas vías extraordinarias de regularización, la norma despliega una transformación más profunda: reconfigura el estatuto jurídico de la solicitud, redefine el alcance del arraigo y ajusta múltiples aspectos del régimen general. El resultado, como veremos, es un modelo que combina una apertura funcional —facilitando la integración inmediata— con un reforzamiento de la selectividad en el acceso a la residencia.

La reciente sentencia Remling del TJUE refuerza la doctrina KUBERA y, con ella, la obligación de los órganos jurisdiccionales de última instancia de valorar la procedencia de elevar cuestión prejudicial y motivar, en su caso, de manera específica y concreta la decisión de no hacerlo conforme a las excepciones CILFIT, incluso en resoluciones de inadmisión sucintamente motivadas. Se examina el impacto de esta doctrina en el modelo español de casación contencioso-administrativa —en particular, la providencia del artículo 90.3 LJCA— y se valora la conveniencia de una reforma normativa del sistema.

La Revista de Fiscalidad Internacional y Negocios Transnacionales te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, 31 enero-abril 2026, firmado por Enrique de Miguel Canuto, catedrático de Derecho Financiero Universitat de Valencia.

Mediante este acuerdo, ANAVA-RC ha suscrito licencias para todos sus asociados de la revista Tráfico y Seguridad Vial a través de la biblioteca digital Legalteca y Aranzadi LA LEY patrocinará la próxima Convención Nacional de la asociación en la que se conmemora el 10º Aniversario de su fundación.

• • La red aglutina a casi 100 grupos y proyectos de toda España, formando una sólida comunidad científica y técnica
• • Tiene como finalidad garantizar la utilidad común de los recursos, facilitando la conexión de equipos multidisciplinares
• • Mediante el convenio de colaboración firmado entre la AEPD y la Fundación ValgrAI para este proyecto, esta última colaborará en la difusión y coordinación de la red, dinamizando los grupos inscritos
• • La iniciativa forma parte del Laboratorio de la AEPD, un espacio de colaboración, análisis y generación de conocimiento

La gobernanza de datos es un elemento central de cualquier estrategia digital. Gobiernos, empresas, organizaciones sociales e instituciones internacionales coinciden en que, sin reglas claras sobre cómo se recopilan, gestionan, comparten y utilizan los datos, es imposible aprovechar todo su valor.

Concedida la pensión ordinaria de jubilación por incapacidad permanente, se le niega indebidamente la propuesta prueba pericial médica realizada por especialista en traumatología o medicina del trabajo a fin de acreditar la relación causa-efecto de sus padecimientos con el accidente y así poder reconocerle la pensión extraordinaria.

Para que un socio titular de participaciones sin voto disfrute de este derecho, según el art. 99.3 TRLSC, es necesario que no haya cobrado el beneficio mínimo porque no hubiera habido beneficio repartible, y para esto último se requiere que, una vez terminado el primer ejercicio económico afectado por el derecho al dividendo mínimo, las cuentas anuales aprobadas en la junta muestren la inexistencia de beneficios repartibles. En los casos en que, cumplido el plazo legal para la celebración de la junta general ordinaria en la que deberían examinarse y aprobarse las cuentas anuales, ésta no se hubiera celebrado o no se hubieran aprobado las cuentas, será a partir de entonces cuando se entiende cumplido el presupuesto de dicho artículo de inexistencia de beneficio repartible.

La publicación en la intranet de los escalafones con nombres y apellidos, cuando lo exige el convenio, es compatible con el RGPD y la LOPDGDD siempre que el acceso se limite a los trabajadores afectados, sus representantes y quienes acrediten interés legítimo.

A efectos del Acuerdo Marco, el trabajador indefinido no fijo sigue siendo un trabajador con contrato de duración determinada mientras la Administración no convoque el proceso selectivo para la cobertura definitiva de su plaza.

Tendrá lugar el próximo 29 de abril en la sede Colegio de Registradores. La jornada también podrá seguirse en formato online vía Teams.

El Real Decreto 326/2026 aprueba el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026–2030, que sustituye al anterior y se centra en un sistema de ayudas públicas en materia de vivienda. Sus objetivos incluyen aumentar la vivienda asequible, mejorar su calidad, facilitar la emancipación, reducir costes y asegurar protección permanente en viviendas financiadas con ayudas públicas.

Hay determinados supuestos en los que es posible desgravar los gastos de asesoría jurídica en la Renta.

La Abogacía Española ha elaborado un informe en el que sostiene que el secreto profesional ampara, no solo las comunicaciones entre abogado y cliente, sino también los documentos elaborados por el letrado incluso después de haber sido entregados. Así, estos no pueden ser obtenidos por la Administración, en particular por la Administración tributaria mediante requerimientos dirigidos al propio contribuyente.

Recibió el Premio Luis María Pérez de los Cobos Mancha al mejor artículo periodístico en su IV edición por su reportaje «El blanqueo evoluciona: de mulas a cripto activos».

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que absolvió al jugador de fútbol Neymar Da Silva Santos Júnior y a exdirectivos del FC Barcelona de los delitos de corrupción en los negocios y estafa impropia en la modalidad de contrato simulado por los que estaban acusados.

El grupo de trabajo tiene el objetivo de crear un espacio de interlocución y colaboración institucional que permita conocer de primera mano la visión de las instituciones que trabajan en este proceso de implantación.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno madrileño contra la regularización extraordinaria de migrantes.

El órgano de gobierno de los jueces da así continuidad a los trámites para ejecutar la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2023.

El Ayuntamiento de Madrid, que aprobó el pasado marzo la nueva ordenanza de Movilidad que está en vigor, no devolverá el dinero de multas interpuestas en Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) anuladas porque no tienen efecto retroactivo según la jurisprudencia.

Reitera que el procedimiento "está abierto a personas que ya estén en el país, no para las que vengan".

Abogacía Española y Registradores de España celebraron la semana pasada un nuevo encuentro para avanzar en digitalización, cumplimiento normativo y transparencia. La reunión se realizaba en el marco de la Comisión de seguimiento creada para garantizar la eficiencia en el desarrollo del servicio público prestado por ambas profesiones.

La Sala de lo Social considera acreditado aprecia vulneración de derechos fundamentales al indagar sobre la causa de la incapacidad temporal. La sentencia declara la nulidad del despido, ordena la readmisión y fija una indemnización por daños morales.

El juzgado de lo social número 4 de Badajoz ha dictado una sentencia en la que reconoce una indemnización de 16.080 euros a un trabajador contratado temporalmente en 2008 por la Junta de Extremadura como bombero forestal y que no obtuvo plaza fija hasta casi 17 años después, en abril de 2025.

Esta monografía examina la transmisión de bienes integrados en la masa activa del concurso de acreedores, con un análisis detallado de la jurisprudencia más relevante y de la doctrina administrativa aplicable.