En la práctica forense se observa una frecuente confusión entre la acción reivindicatoria, la declarativa de dominio y el desahucio por precario, que pese a compartir un sustrato común —la protección del derecho de propiedad o del derecho a poseer— responden a presupuestos, estructuras procesales y efectos jurídicos profundamente distintos. Con este artículo se pretende: (i) sistematizar cada acción desde su fundamento legal y jurisprudencial; (ii) incorporar un análisis crítico de la jurisprudencia más reciente de la Sala Primera del Tribunal Supremo (2022-2024), que ha clarificado y en algunos ámbitos reformulado la doctrina clásica; (iii) delimitar sus diferencias prácticas con criterio comparado; (iv) analizar los principales problemas probatorios que surgen en la práctica; y (v) aportar una visión estratégica para la toma de decisiones en el litigio inmobiliario.

La defensa jurisdiccional del extranjero frente a resoluciones dictadas por las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se articula, con carácter prácticamente exclusivo, a través del procedimiento abreviado regulado en el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La reforma operada por la Ley Orgánica 19/2003 incorporó expresamente la materia de extranjería a este cauce procesal, convirtiéndolo en el instrumento ordinario y necesario de impugnación de expulsiones, devoluciones, denegaciones o inadmisiones de autorizaciones y demás actos dictados por la Administración periférica del Estado.

La reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección Primera, de 18 de febrero de 2026, declara la nulidad de la prueba esencial de cargo en un procedimiento por delito contra la salud pública y acuerda la absolución del acusado al haberse obtenido dicha prueba mediante una vulneración del derecho fundamental a la intimidad personal. El caso permite reflexionar sobre una cuestión esencial del Derecho penal contemporáneo: hasta qué punto el Estado puede avanzar en la investigación de un delito cuando en el camino se comprometen los derechos fundamentales de la persona.

La Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, nº 70, enero-abril 2026, firmado por Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros, catedrático de Derecho Civil Universidad Rey Juan Carlos.

La Comisión Europea ha enviado un pliego de cargos complementario a Meta en el que expone su intención de ordenar a Meta que restablezca el acceso de los asistentes de IA de terceros a WhatsApp en las mismas condiciones que antes de su cambio de política del 15 de octubre de 2025. Esto a pesar de las modificaciones anunciadas por Meta el 4 de marzo de 2026.

Aunque se confirma que la instalación de lectores de datos biométricos para ir al servicio no era proporcional ni necesaria, porque existían medios menos intrusivos para evitar el acceso de personal no autorizado, se sustituye la multa impuesta por una sanción de apercibimiento.

Pese al requerimiento efectuado, la editora incumplió su obligación legal de remitirle, al menos con carácter anual, las liquidaciones de la explotación de los derechos de reproducción y distribución de ejemplares impresos de su obra, y tampoco le facilitó los correspondientes certificados de impresión.

Determinación de la cuantía de la indemnización en función de la raza del animal, sus características físicas, adiestramiento y experiencia de caza, teniendo en cuenta la dificultad de encontrar un perro adiestrado para la caza.

Conforme dispone la Ordenanza reguladora de la Tasa para el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos del Ayuntamiento de Girona, el Ayuntamiento ha comprobado que, en algunas rutas de recogida, la separación de residuos no se hace de forma correcta, lo que obliga a llevar a cabo campañas de sensibilización. La implantación de un nuevo sistema de recogida exige la participación de los usuarios, cuya colaboración es imprescindible para el funcionamiento del sistema.

El Derecho de la Unión se opone a que el dies a quo del plazo prescriptivo de 5 años previsto en el Derecho nacional se fije en la fecha de celebración del contrato si el consumidor, en ese momento, no tenía o no podía tener conocimiento del carácter abusivo de la cláusula. También se opone a que se tenga en cuenta como punto de partida de ese plazo, o a efectos de su reanudación en el supuesto de haberse suspendido, la fecha en la que el Tribunal de Justicia o el TS nacional resolvieron sobre una cláusula análoga.

En el último encuentro de la comisión científica Jubilare, se habló de la fiabilidad de modelos como los RAG; se repasaron los modelos regulatorios de Europa, Estados Unidos y China y el enfoque en los riesgos del Reglamento de la UE; y se alertó del potencial adictivo en niños y adolescentes. Formarse e informarse ayudará a usar la IA de manera crítica, sin miedo y a desarrollar una vida digital y analógica saludable.

En los procedimientos iniciados de oficio, el incumplimiento de la Adninistración tributaria de efectuar las notificaciones en el domicilio del representante legal constituye una irregularidad no invalidante siempre que el obligado haya tenido conocimiento de lo notificado.

Denegación de la anotación preventiva de la solicitud de complemento de la convocatoria. Esta debe llevarse a cabo con un único objeto, el nombramiento de administrador o administradores. La pretensión de que se incluya en el orden del día la posible disolución de la sociedad con la consecuente designación de liquidador carece de apoyo legal. La notificación fehaciente de la solicitud de complemento debe dirigirse al propio registrador.

Un consumidor puede reclamar la devolución de las cantidades perdidas en apuestas a operadores establecidos en otro Estado miembro si los juegos de azar de que se trata estaban prohibidos en su Estado de residencia.

También pueden mantener internados en estos mismos centros a los solicitantes de protección internacional tras la expiración del plazo aplicable a los procedimientos fronterizos, a condición de que se cumplan los motivos y los requisitos de este internamiento, y las garantías previstas en el Derecho de la Unión para proteger los derechos de estos solicitantes.

El Abogado General opina que la normativa nacional crea una desigualdad de trato entre estudiantes residentes y no residentes y constituye, por lo tanto, una restricción al derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.

El Tribunal Constitucional aprecia que en este caso concurre una especial trascendencia constitucional porque el recurso de amparo plantea un problema o afecta a un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal, y porque el recurso puede dar lugar para aclarar o cambiar su doctrina.

El pasado Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta el Anteproyecto de Ley (APL) y el Anteproyecto de Ley Orgánica (APLO) para la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2024/1069, conocida como Directiva anti-SLAPP.

Ha recordado que España ya dispone de una Ley de Teletrabajo, fruto del acuerdo en el diálogo social, que da la posibilidad a las empresas españolas de que recurran al trabajo a distancia, pero desde la voluntariedad.

El Ejecutivo busca fijar una referencia "para afrontar o prevenir problemas reales de gestión hídrica o de planificación hidrológica".

El informe, elaborado por CCOO, relaciona la mayor presencia femenina en los accidentes 'in itínere' y en las enfermedades profesionales a la parcialidad de sus puestos de trabajo y a la carga de los cuidados que soportan las mujeres mayoritariamente.

El Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de ley del PSOE con la que plantea desarrollar una definición armonizada a nivel europeo de los productos ultraprocesados y que se indique en la parte frontal de sus respectivos envases.