La mediación, la Justicia restaurativa y la implantación de los MASC como requisito de procedibilidad obligatorio centran la conversación que Sónia Calaza, decana de la Facultad de Derecho de la UNED, mantiene con Carme Guil, magistrada y presidenta del Grupo Europeo de Magistratura por la Mediación de España, en una nueva entrevista de la sección «De decana a decana».

Con este trabajo pretende el autor analizar brevemente el origen y la necesidad de la reforma, la actual estructura organizativa y su diseño normativo, así como sus principales problemas prácticos detectados ya con la implementación de las dos primeras fases y agudizados al extremo con su puesta en práctica en las principales capitales de provincia como Madrid y Barcelona (fase 3), disfunciones que están generando una situación de grave estrés a todos los operadores jurídicos afectados por la reforma, especialmente en algunos funcionarios judiciales superados por la improvisación y/o precipitación a la hora de implantar la última fase de la reforma en las principales capitales de provincia.

El presente artículo analiza la profunda tensión jurídica entre la autonomía de la voluntad y la intervención de terceros en los procesos de ayuda para morir, tomando como eje gravitatorio la resolución del TEDH de 24 de marzo de 2026. A través de un estudio pormenorizado, se examina el encaje de la Ley Orgánica 3/2021 (LORE) en el bloque de constitucionalidad, subrayando la doctrina de la STC 19/2023, que transmuta la eutanasia de un protocolo administrativo a un derecho fundamental prestacional vinculado a la dignidad y la integridad física y moral. El trabajo aborda el complejo iter procesal que enfrentó la decisión de una joven capaz frente a la ofensiva judicial de su progenitor, analizando los límites de la legitimación de los familiares para interferir en el agere licere de una persona adulta. Asimismo, se profundiza en la naturaleza excepcional de las medidas cautelares bajo la Regla 39 del Reglamento del TEDH, contrastando la convergencia doctrinal entre la justicia europea y el Tribunal Constitucional español al priorizar la irreparabilidad del sufrimiento del paciente sobre el interés afectivo del tercero. Mediante un análisis comparado con precedentes clave como Mortier c. Bélgica y Lambert c. Francia, se evalúa el rigor del sistema de «doble control» español y la inexpugnabilidad de la voluntad expresa en pacientes con padecimientos psíquicos. El estudio concluye que la resolución de Estrasburgo cierra el círculo de la seguridad jurídica en España, ratificando que el derecho a la vida no puede traducirse en un deber de vivir forzoso frente a una autodeterminación consciente, libre y madura.

El presente trabajo examina la evolución legislativa y jurisprudencial del tratamiento de la multirreincidencia en el delito de hurto, desde el texto original del Código Penal de 1995, pasando por las reformas de 2003 y 2010 y la reordenación introducida por la Ley Orgánica 9/2022 hasta el momento presente, analizando la proposición de ley impulsada inicialmente por Junts per Catalunya y su posterior transformación durante la tramitación parlamentaria, con especial atención al texto aprobado por el Senado el 18 de marzo de 2026 y a su aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados el 26 de marzo de 2026. El artículo pretende identificar la razón de ser político-criminal de la reforma, exponer sus principales modificaciones técnicas y anticipar algunos de los problemas interpretativos que probablemente suscitará su entrada en vigor.

Esta investigación se adentra en la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Álvaro García Ortiz, en su calidad de Fiscal General del Estado, por el delito de revelación de datos reservados previsto en el artículo 417.1 del Código Penal, en el marco de un caso que involucró la filtración de un correo electrónico confidencial relacionado con una propuesta de conformidad penal. El análisis no solo desglosa las intrincadas cuestiones procedimentales que marcaron el itinerario judicial, desde la incoación de la causa especial hasta el juicio oral, sino que también profundiza en los pilares jurídicos que respaldaron la condena, examinando cómo se interpretaron los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal en un contexto de alta responsabilidad institucional.

La revista Sostenibilidad Práctica te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, nº 4 enero-abril 2026, firmado por Omar Hatem Ortega, profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, auditor de cuentas y verificador de información sobre sostenibilidad.

El encuentro reunirá a expertos y directivos para analizar el impacto ejecutivo de la IA, la evolución regulatoria en Portugal y la conexión entre ciberseguridad y alta dirección.

El cotitular de la comunidad postganancial que continúa en el uso de la vivienda ganancial está legitimado para ejercitar la acción de desahucio por precario frente a un tercero, sin necesidad del acuerdo o autorización del otro cotitular, e incluso con su oposición, siempre que actúe en beneficio de la comunidad o conforme al título que resulte de la voluntad de las partes.

Aunque el Ayuntamiento de Madrid no acometió las obras de canalización necesarias para evitar las continuas filtraciones, tampoco la comunidad de propietarios realizó las tareas de impermeabilización que le fueron requeridas.

Existe delito de prevaricación administrativa punible penalmente y no una mera ilegalidad administrativa, no pudiendo considerarse cumplida su obligación por el hecho de haber celebrado nueve Plenos extraordinarios.

Aunque es cierto que lo publicó en su red privada de Facebook, el suyo es un perfil público de acceso ilimitado y aunque no están realizados en tiempo y lugar de trabajo ni con medios empresariales, sí se puede entender que están producidos en el marco de una relación laboral.

Los trabajadores desplazados al territorio español podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, cuya normativa no permite la deducción relativa a la realización de obras de eficiencia energética.

Para dilucidar si el gasto es o no deducible hay que determinar la afección del vehículo a a la actividad profesional y sus características objetivas.

Recoge el contenido que debe tener cada una de las estancias, modifica la capacidad alojativa máxima para aumentar la calidad y confortabilidad del alojamiento, se amplía la información que se tiene que proporcionar a los usuarios turísticos y en la puerta de la vivienda se debe colocar un plano de evacuación del edificio y de la vivienda.

Deducir gastos cuando tienes tu despacho en tu vivienda habitual es complejo: hay que acreditar que están vinculados a la actividad profesional.

La denegación de la suspensión por enfermedad justificada del letrado solo podría ampararse en la doctrina general del TC de evitar las suspensiones inmotivadas, solapadamente dilatorias, carentes de la diligencia debida por parte del interesado, o indebidamente lesivas del derecho a la tutela judicial efectiva de la contraparte, de la garantía a un proceso sin dilaciones indebidas o de la regularidad, buen funcionamiento e integridad objetiva del proceso.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia considera a los once acusados autores de un delito de odio en concurso de normas con un delito contra la integridad moral y en concurso real con otro leve de lesiones. A diez de ellos les impone una pena 2 años de prisión y multas que ascienden a 2.700 euros y al undécimo acusado una pena de prisión de 14 meses y multas que suman 1.710 euros al apreciar la atenuante de anomalía psíquica. El tribunal estima probado que el joven fue objeto de un ataque físico y verbal, “en manada”, con una “indudable significación homófoba y discriminatoria”, que no provino de un “mero acaloramiento” sino que tuvo un “claro ánimo de exclusión” por razón “únicamente de su orientación sexual”.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha destacado que los datos de afiliación al régimen de autónomos en marzo confirman la consolidación de un nuevo modelo de trabajo autónomo, con más profesionales cualificados pero problemas de relevo generacional en los sectores tradicionales.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han destacado este lunes la subida de impuestos para las rentas de ahorro elevadas y la deducción del salario mínimo interprofesional entre las novedades de la Campaña de la Renta 2025, que arranca este miércoles.

Revoca la sentencia de instancia, que consideró que se trataba de una contingencia común, argumento que hace suyo uno de los jueces de la Sala.

El movimiento 'Regularización Ya' ha lamentado la "demora" del Consejo de Estado en la elaboración del informe sobre la regularización extraordinaria de migrantes y confía en que el texto definitivo esté publicado el próximo 15 de abril. De no ser así, ha advertido, exigirá una prórroga del plazo de solicitudes, que finaliza el 30 de junio.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado este martes el inicio de una campaña para organizar la primera huelga estatal de alquileres contra la inmobiliaria Alquiler Seguro, a la que acusa de sostener prácticas "sistemáticas y estructurales contrarias a la legalidad", ha informado en un comunicado.