¿Cómo beneficia la inteligencia artificial a la revisión de documentos jurídicos? Las respuestas en esta nueva entrega de la «GuIA Práctica de la Inteligencia Artificial» que Aranzadi LA LEY pone a tu disposición de forma gratuita.

Aplicación de la Ley Orgánica del derecho de defensa a la asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas. La nueva Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. La difícil conjunción de las cualidades de Abogado y de funcionario de los Abogados del Estado.

En este trabajo se analizan algunos de los problemas de interpretación que suscita el artículo 36.2 y los criterios que ha ido adoptando el Tribunal Supremo para resolverlos. En concreto, la posible aplicación retroactiva del período de seguridad, la interpretación de la referencia a «cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años», la concreción del fundamento del período de seguridad, o la determinación del órgano que debe adoptar la medida y cuáles han de ser los motivos en los que fundamentar su aplicación.

El texto analiza la controversia generada por la denominada «tasa Amazon» implantada por el Ayuntamiento de Barcelona para gravar el supuesto aprovechamiento especial del dominio público derivado de la distribución de bienes adquiridos mediante comercio electrónico. La sentencia del TSJ de Cataluña de 2 de octubre de 2024 (rec. 1110/2023) anuló la ordenanza al considerar que no concurre un uso privativo ni un aprovechamiento especial del dominio público que justifique la exigencia de una tasa conforme al TRLRHL.

Aunque reconoce que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se desprende que la importancia de la aplicación inmediata y uniforme del Derecho de la Unión Europea exige que el proceso de ejecución de las sentencias del TJUE por parte del Estado miembro de que se trate se inicie inmediatamente y concluya lo antes posible, la Defensora del Pueblo, de forma poco reflexiva, acoge las evasivas esgrimidas por la Comisión Europea de que el cumplimiento de las sentencias «depende de cada caso concreto».

Es un hecho que la generalización del uso de sistemas de IA generativa en cualquier ámbito de la vida privada o del sector profesional provoca que, más allá de las evidentes ventajas que nos ofrece una tecnología que promete y cumple con asumir las tareas más tediosas de cualquier oficio, decidamos como sociedad dar un paso más y aprovechar aquellas en sectores como la Administración de Justicia, asfixiada por el volumen de litigiosidad y la paupérrima dotación de medios. Es en este momento cuando el Reglamento de Inteligencia Artificial, Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024 (en adelante, RIA), por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, articula mecanismos para hacer frente al riesgo cierto de que su uso genere o perpetúe sesgos, errores y opacidades, y de ese modo asegurar que los sistemas de IA que se utilicen en Justicia sean fiables. El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, introdujo lo que denomina actuaciones judiciales y procesales automatizadas, asistidas y proactivas, analizando en este trabajo si el empleo de este tipo de resoluciones puede causar algún impacto en derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva o el juez imparcial.

En febrero de 2025, la AEPD inició el procedimiento sancionador de este caso, por infracción del artículo 5.1.f) del RGPD. Sin embargo, un año después se ha tenido que archivar por cierre del negocio y falta de «capacidad de obrar».

El elemento intencional requerido por el tipo de “querer perjudicar a otro” queda cubierto por la aceptación del riesgo de involucrar a tercero en las consecuencias.

Interpretación sistemática del art. 24 TRLGDCU, relativo a la legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios, con el art. 37 del mismo Texto Legal, referido a los derechos de tales asociaciones.

Era evidente el mal estado de la calzada, pero siendo ciclistas habituales, por fuerza circulan por firmes distintos y se les debe exigir una especial precaución.

La decisión empresarial busca evitar que las especiales circunstancias de la trabajadora interfieran en el funcionamiento ordinario de la empresa, trasladando a la víctima el coste de su situación de violencia.

El beneficio del licitador recurrente con la estimación del recurso es meramente hipotético, porque no le convertiría indefectiblemente en adjudicatario, no obteniendo un beneficio cierto.

El efecto de esta oscuridad debe ser la aplicación del criterio de adjudicación en los términos realizados por el técnico informante, otorgando puntuación a la acreditación de la conformidad con el ENS, de cualquiera de los sistemas de información que intervienen en la ejecución del objeto del contrato.

Se sintetizan los diez principales puntos que deben tenerse en cuenta del Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, por el que se desarrolla el sistema de facturación electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales.

Se adoptan medidas extraordinarias, urgentes y temporales para paliar la crisis económica producida por los efectos de la guerra en Oriente Próximo, en especial en los sectores económicos agrícola, ganadero, pesquero, de los transportes, de la industria, de la construcción y del comercio, introduciéndose nuevas deducciones en el IRPF, para el ejercicio fiscal 2026, respecto a los préstamos hipotecarios y tipo de interés variable subscritos para la adquisición de vivienda habitual; y, por la obtención de subvenciones o ayudas para paliar el impacto provocado por la guerra.

Marca que incluye un número percibido por el público pertinente como indicativo del año de creación de la empresa. Indicación engañosa sobre las características del producto.

• • El coste de las quiebras bancarias debería recaer principalmente sobre los accionistas, los acreedores y las redes de seguridad financiadas por el sector.
• • Más bancos estarán sujetos a medidas de resolución, y los fondos de garantía de depósitos financiados por la industria pueden utilizarse en la resolución de un banco en quiebra.
• • Los clientes minoristas y las micro, pequeñas y medianas empresas estarán mejor protegidos contra las pérdidas.

La Comisión Europea y las autoridades de protección del consumidor han descubierto, gracias a la última investigación, que algunos descuentos online durante las rebajas del Black Friday y el Cyber Monday eran engañosos.

• • El ICAM considera que la reforma está generando inseguridad jurídica y puede acabar operando como una barrera de acceso a la tutela judicial efectiva.
• • A juicio del ICAM “la discusión sobre la reforma ya no puede limitarse a su finalidad teórica, sino a su impacto real sobre el ejercicio profesional y sobre el derecho de defensa”.

El real decreto para la regularización extraordinaria de medio millón de personas migrantes en España se encuentra pendiente del dictamen del Consejo de Estado, que tiene hasta dos meses para emitirlo, aunque esto no significa que vaya a agotar este plazo, según han precisado fuentes del órgano consultivo.

Propone impulsar la gratuidad de los servicios de atención al cliente y mejorar la claridad normativa.

Considera clave separar de forma efectiva las llamadas comerciales para evitar confusiones.

Entre el 1 y el 30 de junio la Agencia Tributaria podrá confeccionar las declaraciones presencialmente. No obstante, hay que tener en cuenta que el plazo de presentación para las declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación finaliza el 25 de junio.

En términos desestacionalizados se superaron por primera vez los 22 millones de ocupados, tal y como ha adelantado Sánchez.

En 2026, la Ley 9/2025 obligará a las empresas con más de 200 empleados por centro (o 100 por turno) a implantar un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo, con posibles sanciones si no se cumple, lo que exige revisar a fondo la política de movilidad corporativa y de flotas. Esta normativa impulsa la digitalización, el uso de analítica e IA, el control avanzado de las flotas, la ciberseguridad en vehículos conectados y la electrificación, convirtiéndose en una oportunidad para reducir riesgos, ganar eficiencia y avanzar hacia una movilidad más sostenible.

El objetivo es eliminar las barreras para las personas con discapacidad física, intelectual y sensorial.

Explora cómo la falta de conformidad redefine el incumplimiento en las relaciones de consumo B2C, modernizando el Derecho civil a través de una integración progresiva con el Derecho de Consumo.