La STS (Pleno, Sala Primera) 435/2026, de 19 de marzo, fija doctrina sobre la interpretación del art. 188.1.5ª LEC y las consecuencias de denegar injustificadamente la suspensión de una vista cuando se acredita la enfermedad del letrado y el acto se celebra sin asistencia letrada en un procedimiento de postulación preceptiva. El Tribunal Supremo establece como regla general la nulidad de la vista y la retroacción de actuaciones, por conexión sistemática con los arts. 225.4 LEC y 238.4 LOPJ, sin exigir un juicio hipotético sobre la indefensión material concreta. La Sala delimita un elenco de excepciones: abuso del derecho, mala fe, ánimo dilatorio, falta de diligencia o posibilidad real de sustitución y, en supuestos extraordinarios, la protección frente a dilaciones indebidas o el buen orden procesal, e integra el nuevo marco de conciliación instaurado por el RDL 5/2023 y el refuerzo conceptual de la LO 5/2024, del Derecho de Defensa. Este comentario analiza la fundamentación, la relación con la doctrina constitucional y la jurisprudencia ordinaria previa, el voto particular y, sin caer en corporativismos, incorpora una reflexión deontológica: la existencia de malas praxis dilatorias ha favorecido una cultura de sospecha que termina afectando a toda la profesión(*).

La fase de ejecución en el proceso penal plantea numerosos desafíos prácticos que afectan tanto a la efectividad del sistema de justicia como a los derechos fundamentales de las personas condenadas y las víctimas. ¿Está nuestro sistema preparado para garantizar una ejecución justa, eficaz y respetuosa con todos los derechos en juego? ¿Qué soluciones pueden plantearse ante los problemas prácticos más recurrentes? ¿Cómo afecta la digitalización y las nuevas tecnologías a esta fase procesal?

La LSE establece en su regulación qué información o conocimiento puede tener la consideración de secretos empresariales y los condicionantes que debe cumplir para su protección. La propia naturaleza de este activo dificulta su defensa en los tribunales pues el carácter secreto obliga al titular a probar desde el inicio del proceso la existencia de su derecho y que éste ha sido apropiado ilícitamente. En la práctica, el éxito del proceso dependerá de la llamada prueba indiciaria como mecanismo intelectual a través del cual el juez puede concluir motivadamente en la sentencia que un hecho ha resultado probado.

La equiparación del permiso por nacimiento y cuidado del menor para ambos progenitores constituye uno de los avances más relevantes del Derecho español en materia de conciliación e igualdad. Esta evolución permite diferenciar entre una primera generación de derechos de conciliación, cuyo objetivo principal fue facilitar que las mujeres pudieran incorporarse y mantenerse en el mercado de trabajo, pero sin alterar de forma sustancial los roles tradicionales de género en el ámbito de los cuidados, y una segunda generación orientada a la corresponsabilidad como elemento clave para la reducción de la brecha de género. El modelo normativo actual refleja así una evolución hacia un enfoque más igualitario que, no obstante, aún presenta importantes límites. En particular, la regulación vigente plantea conflictos cuando se aplica a determinadas realidades familiares, especialmente en el caso de las familias monoparentales y en relación con el carácter intransferible del permiso. El trabajo analiza estos problemas, la jurisprudencia reciente y posibles vías de mejora.

La Revista Carta Tributaria Opinión te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, nº 131 del mes de marzo de 2026, firmado por Francisco Mellado Benavente, Abogado, Auditor de cuentas e Inspector de Hacienda del Estado (en excedencia).

Se aprueba la circular que regula el procedimiento de inscripción, modificación y cancelación de los alias en un nuevo Registro, una base de datos que permitirá identificar a los remitentes que utilizan nombres comerciales o marcas en mensajes SMS, MMS y RCS enviados a números españoles.

Solo se entregarán a los usuarios españoles los mensajes con alias previamente inscritos en el Registro y asociados a entidades legítimas. Así, si una empresa quiere enviar mensajes con el nombre de su marca como remitente, deberá registrarlo previamente; de lo contrario, el mensaje tendrá que ser bloqueado.

Los operadores de telefonía deberán bloquear los mensajes que provengan de alias no registrados a partir del 7 de junio de 2026.

La Comisión Europea ha incoado procedimientos formales para investigar si Snapchat garantiza un alto nivel de seguridad, privacidad y protección de los niños en línea, de conformidad con la Ley de Servicios Digitales (DSA).

Su conducta revela la voluntad de apartarse del contrato y que no tiene intención de cumplirlo. Por ello, el comprador que resuelve por incumplimiento tiene derecho a recibir las arras duplicadas.

Reitera la posibilidad de que pueda apreciarse la vulneración del principio de presunción de inocencia  si al contribuyente se  le imputa la omisión en su declaración del IRPF, de los rendimientos por servicios profesionales prestados a una sociedad, simulando que fueron prestados por otra, añadiendo, ahora, que a los efectos de la suspensión del procedimiento administrativo del art. 251.2 de la LGT, no concurrirá identidad fáctica en regularizaciones por investigación y comprobación de un tributo de ejercicios distintos, pese la que las conductas que integran la relación jurídico-tributaria obedezcan a un comportamiento análogo.

En aplicación del nuevo baremo se ha tenido en cuenta la mejoría clínica derivada del uso de la lengua de signos, aunque sea aún de nivel bajo e insuficiente para un desarrollo integral acorde con la edad.

El TEAC unifica su doctrina para los periodos en los que el que se adquirió una vivienda sin posibilidad de acogerse a la deducción por inversión en vivienda habitual.

Este real decreto tiene por objeto establecer los requisitos técnicos y de información del sistema español de factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales; los requisitos exigibles a las plataformas de intercambio de facturas electrónicas, entre ellos, los de interoperabilidad e interconexión mínima entre éstas; así como la regulación de los distintos estados de las facturas y el establecimiento de determinadas obligaciones de suministro de información.

Asimismo, desarrolla la disposición adicional 21 de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, relativa a la solución pública de facturación electrónica y realiza modificaciones puntuales sobre el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, a fin de acomodarlo a las futuras características y requisitos del nuevo régimen de factura electrónica.

Continuista respecto a la de los años anteriores. Incrementa las cuantías para este año conforme al art. 3 RD-ley 3/2026, de la que es desarrollo.

Si tu despacho corre el riesgo de perder talento y debes contener el gasto, puedes pactar aumentar las horas libres.

Su designación fuera refrendada por mayoría absoluta por parte de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados

Durante la reunión sobre la próxima regulación de extranjeros, el Ministerio de Migraciones, el Ministerio de Justicia y la Abogacía Española han resaltado la importancia de la formación especializada y el respeto a los principios deontológicos en el ejercicio de los profesionales de la abogacía en este proceso, como garantía de la defensa de los derechos de los ciudadanos.

La sala entiende acreditado que aprovechó su “posición de confianza" y vulneró los deberes deontológicos

La plataforma ha denunciado que, una década después de la filtración de los Papeles de Panamá, los avances han sido insuficientes y persisten importantes lagunas en la regulación internacional que siguen permitiendo la evasión de capitales.

Se pretende desarrollar programas de formación y empleo para preparar a personas jóvenes vulnerables, en especial, menores extranjeros no acompañados.

Los costes laborales por hora en España aumentaron un 3,5% en 2025, hasta situarse en 26,4 euros, por debajo tanto de la media de la Unión Europea (34,9 euros) como de la zona euro (38,2 euros), según los datos publicados por Eurostat.

El entorno familiar denunció el 1,96 % de los casos; el 7,07 % fue conocido por la autoridad judicial mediante parte de lesiones y el 16,25 % fue consecuencia de la intervención directa de la policía. Los órganos judiciales recibieron un 2,68 % menos solicitudes de orden de protección que hace un año y acordaron el 68,4 % de ellas. Los casos en los que la víctima se acogió a la dispensa del deber de declarar aumentaron un 12,60 por ciento; adoptaron esta decisión el 11,3 % de ellas. Los órganos judiciales tramitaron entre octubre y diciembre de 2025 3.272 denuncias como consecuencia de la nueva competencia en materia de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja