En el último Think Tank Legal organizado por Aranzadi LA LEY, los expertos debatieron sobre la integración de la IA en empresas y bufetes pero siempre con criterio, ética y transparencia.

La implantación de la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que regula los nuevos Tribunales de Instancia (TI), supone una de las reformas estructurales más relevantes de la Administración de Justicia en décadas y constituye una oportunidad probablemente única para modernizar la organización judicial en su conjunto y mejorar la eficiencia del sistema. Y es que la envergadura y el dimensionamiento de la transformación han supuesto un atropello al «normal» y disfuncional funcionamiento existente (síndrome de fallo múltiple), y han puesto sobre la mesa una serie de carencias, vacíos normativos y puntos ciegos que pueden generar diferentes interpretaciones y posibles controversias que ni la redacción actual de la Ley Orgánica del Poder Judicial ni las recientes instrucciones emitidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia aclaran de forma taxativa y definitiva; en concreto, quién debe tomar las decisiones organizativas esenciales[1], pese a que la reforma situaba la coordinación y la eficacia como pilares del nuevo sistema. Estos vacíos afectan, entre otras materias, al protocolo de coordinación o instrumento de coordinación entre presidencia y servicios comunes y al sistema de resolución de discrepancias entre ambas entidades. Esta omisión es especialmente preocupante porque se refiere al funcionamiento cotidiano de los nuevos tribunales y servicios comunes y puede generar inseguridad jurídica tanto para jueces y letrados de la Administración de Justicia como para profesionales, resto de operadores jurídicos y ciudadanos. Por ello, deben analizarse con prudencia, pues de lo contrario, las cuestiones organizativas que se pretenden solucionar podrían trasladarse —o incluso amplificarse— en el nuevo modelo y comprometer el éxito de la reforma.

El legislador decide conectar la PPR y prisión a través del art. 70.4 CP, que permite calcular la inferior en grado de una pena indefinida. Con esta conexión, se puede analizar la continuidad entre la pena perpetua y la prisión, y poner de manifiesto el escalón penológico que supone la PPR, con su consiguiente desproporcionalidad. La inserción abrupta de esta pena en el ordenamiento jurídico ha generado inconsistencias que todavía no se han resuelto, al tiempo que se ha mantenido la condena acumulada de 40 años, que cuestiona aún más la necesidad de la pena perpetua.

La reciente Orden INT/63/2026, por la que se dispone la creación del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras, reactiva un debate jurídico que trasciende la mera adecuación de infraestructuras: la legitimidad constitucional del internamiento administrativo, su régimen real de garantías, su eficacia como instrumento de política migratoria y su encaje en el nuevo marco normativo europeo derivado del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

El presente artículo analiza de forma detallada la naturaleza jurídica de los CIE(*), el estatuto de derechos y obligaciones de las personas internadas en comparación con el régimen penitenciario, el papel de la asistencia letrada y del control judicial, la evolución jurisprudencial reciente y la constatación empírica derivada de más de una década de informes especializados. El estudio concluye que el internamiento administrativo, pese a su carácter formalmente no penitenciario, se ha consolidado como una privación de libertad estructuralmente menos garantista que la penal, y que el nuevo Derecho de la Unión Europea no solo no corrige esta deriva, sino que tiende a reforzarla.

La determinación de la «propia actividad» en el ámbito del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores es esencial para establecer la responsabilidad solidaria de las empresas principales en casos de subcontratación. El concepto incluye actividades fundamentales para el ciclo productivo o la función encomendada, como servicios indispensables para el cumplimiento de objetivos empresariales o públicos. En el caso analizado, se confirmó la responsabilidad solidaria del Servicio Canario de Salud por salarios adeudados por sus contratistas al considerarse el transporte sanitario parte de su «propia actividad.

La Sala de lo Social del TSJN archiva la propuesta de sanción para una abogada que citó jurisprudencia inventada debido a que se apresuró a pedir disculpas, manifestó que lo hizo sin mediar mala intención y alegó que su error se produjo solo por la falta de revisión.

• • Fecha clara para la activación de ciertas reglas en sistemas de IA de alto riesgo.
• • Flexibilidad para las empresas en ciertas normas y apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
• • Las obligaciones de la Ley de IA pueden ser menos estrictas para los productos regidos por leyes sectoriales.
• • Los eurodiputados han acordado propuestas para simplificar las normas sobre inteligencia artificial y proponen fechas de aplicación claras para los requisitos de los sistemas de alto riesgo, así como la prohibición de los sistemas de IA que "desnudan" a los usuarios.

Quiso actualizar dicho censo utilizando un sistema de reconocimiento facial y de voz sin la adecuada Evaluación de impacto de protección de datos exigida por el art. 35 del RGPD.

Se trata de cantidades debidas como consecuencia de la falta de pago de las rentas en el plazo contractualmente previsto.

La mera transmisión de la nuda propiedad de la vivienda familiar por parte del cónyuge titular de la misma en favor de un hijo extramatrimonial no perjudica el derecho de uso familiar que ostenta la exesposa demandante, por lo que no era necesario su consentimiento.

Se acredita el estándar exigible de rendimiento del servicio público, concretamente la adopción de las medidas de seguridad oportunas, medidas que burló el tercero no identificado que lanzó el objeto, rompiendo el nexo causal.

El Hospital incumplió su deber de protección frente al Covid 19 al no impartir instrucciones concretas ni garantizar equipos de protección adecuados, pese a la existencia de un riesgo biológico grave e inminente.

Mediante la Orden HAC/277/2026, de 25 de marzo, se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 2025, determinándose el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos.

La Orden también se hace eco de las novedades normativas y jurisprudenciales que afectan al periodo impositivo 2025 de ambos tributos, incorporándolas a los modelos de declaración.

Asimismo, se regulan los medios de información, asistencia y atención al contribuyente y se determina la obligación de declarar o la exención de dicha obligación de los contribuyentes tanto del IRPF como del Impuesto sobre el Patrimonio.

Por otro lado, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, regulando el procedimiento para la presentación de ambos por medios electrónicos.

Por último, se determinan las normas para el pago de la deuda tributaria, la obtención de la devolución y la domiciliación bancaria.

Se establecen las categorías y elementos que deben ser conceptuados como material escolar y sus límites para la aplicación de la deducción fiscal por la adquisición de libros de texto y material escolar en la Comunidad Autónoma de Galicia, aplicable al IRPF correspondiente al período impositivo 2025.

También ha tomado en consideración una reforma del Código Penal para reducir los umbrales de exceso de velocidad constitutivos de delito y una modificación de la Ley seguros agrarios combinados para establecer seguros sobre ingresos y rentas.

La sentencia declara que el Consistorio ha vulnerado con su actuación los derechos fundamentales de los demandantes a la intimidad y a la integridad moral. Ordena también a la Administración municipal a adoptar las medidas necesarias, incluida la revocación de autorizaciones o reubicación de eventos, para “imposibilitar definitivamente” esa “violación de derechos”.

Ha fiscalizado a doce entidades en su actuación: los ministerios de Trabajo y Economía Social, Sanidad, Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Igualdad; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Educación, Formación Profesional y Deportes y Vivienda. Su informe sobre programas de protección social denunca retrasos en la ejecución y un bajo grado de cumplimiento de obligaciones.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores(CNMV) y el Consejo General del Notariado (CGN) han firmado la renovación del convenio de colaboración entre ambas instituciones para compartir información de las bases de datos notariales.

Defiende que si se quiere usar las mutuas para un mayor control de la IT, deben ser públicas para no generar un "conflicto de interés".

Facua-Consumidores en Acción ha anunciado este jueves que considera "inaceptable" y una "práctica abusiva" y en contra de la legislación que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) "pretenda trasladar" parte del coste económico del apagón a los consumidores.

La magistrada concluye que se limitó “el derecho del BNG a que las propuestas pudieran ser debidamente escuchadas en el pleno y, por ende, debatidas y votadas”.