Se analiza el nuevo concepto de la violencia digital y la forma y modo en que se manifiesta en la sociedad actual con múltiples formas de expresión en cuanto a ejercicio de conductas violentas manifestadas por redes sociales y cualquier método tecnológico y que tiene gran proyección para causar daño a terceros.

El fenómeno de la delincuencia organizada se encuentra en pleno auge, no solo en España. La Evaluación de la Unión Europea sobre la amenaza de la delincuencia grave y organizada para 2025, EU-SOCTA 2025, ha advertido de un cambio de modelo en la delincuencia organizada, acelerado por el uso de inteligencia artificial y la explotación de la infraestructura digital y en línea por parte de las redes delictivas, lo que agrava su efecto desestabilizador. Mientras tal forma de delincuencia explora nuevos nichos de mercado, como el tráfico ilícito de residuos o la explotación sexual de menores, volvemos la mirada a nuestro entorno procesal penal, con el objeto de evaluar la capacidad de respuesta de juzgados y tribunales frente a la amenaza del crimen organizado.

Con motivo de la publicación del número de marzo, aprovechamos para recordar una importante novedad a los lectores de Actualidad Jurídica Aranzadi: desde el pasado mes de febrero, AJA se ha integrado en Legalteca, la Biblioteca Jurídica que alberga el mayor fondo documental de las publicaciones de los sellos Aranzadi LA LEY

El presente artículo analiza la naturaleza jurídica del iris como dato biométrico especialmente protegido en el ordenamiento europeo, tomando como referencia el caso de Tools for Humanity y su proyecto de verificación de singularidad humana mediante escaneo ocular en España. A partir de la advertencia emitida por la Agencia Española de Protección de Datos en febrero de 2026, se examina la definición de dato biométrico recogida en el Reglamento General de Protección de Datos, la distinción entre identificación y autenticación biométrica, las exigencias de evaluación de impacto para tratamientos de alto riesgo, y el encaje de esta clase de infraestructuras privadas de identidad digital en el esquema armonizado que el ordenamiento europeo está construyendo a través del Reglamento eIDAS 2. El trabajo concluye que la irreversibilidad del dato biométrico de iris, combinada con la ausencia de un estándar europeo de necesidad suficientemente preciso, genera una tensión regulatoria estructural que trasciende el caso concreto y obliga a repensar los límites del tratamiento privado de datos de esta naturaleza.

La Comisión Permanente toma conocimiento del texto, que prevé la inmediata comunicación a la DSYCPD y a las personas afectadas cuando la brecha implique un alto riesgo para sus derechos y libertades.

Lo que se sanciona es la perpetración del robo en un establecimiento abierto al público en horario de apertura, siendo en esa situación cuando es inherente a la acción el riesgo de incidentes con personas, que toma en consideración el legislador para sancionar con mayor rigor por la más intensa energía criminal.

La hija ha completado un grado superior de formación profesional, que le ha capacitado para suscribir contratos de trabajo acordes con su formación y remunerados adecuadamente, el último a jornada completa e indefinido, al que renunció voluntariamente.

Responsabilidad municipal dado que el Ayuntamiento conocía la existencia de problemas geológicos o técnicos que requerían la renovación de las instalaciones, cuya rotura causó daños en finca particular.

Ese cambio de titularidad no puede considerarse por sí mismo una causa lícita de extinción de los contratos de trabajo: el nuevo titular se convierte ope legis en empleador de los trabajadores.

Establece el nuevo marco jurídico autonómico en materia de prevención y protección ambiental, sustituyendo a la Ley 7/2007. Integra los procedimientos de evaluación ambiental y los instrumentos de prevención, simplificando trámites pero manteniendo un alto nivel de protección. Refuerza la participación pública, la coordinación interadministrativa y el papel de entidades colaboradoras, así como la inspección, vigilancia y el régimen sancionador —incluida la prestación ambiental sustitutoria. Además, regula instrumentos de control de la contaminación (atmosférica, acústica, lumínica, residuos y suelos), crea órganos como el Consejo Asesor de Medio Ambiente y prevé incentivos económicos y responsabilidad medioambiental reforzada.

La Ley 3/2026 regula la organización, uso y gestión de los montes en Andalucía, definiendo qué es monte y distinguiendo entre montes públicos y privados, con especial protección para los de dominio público forestal. Refuerza la gestión forestal sostenible mediante planificación (Plan Forestal Andaluz, planes de ordenación), certificación, regulación de aprovechamientos y medidas frente al cambio climático e incendios. Crea nuevos instrumentos de información y apoyo (SIG-Forestal, programas de divulgación, red de montes con gestión ejemplar) y fomenta el sector forestal y su tejido empresarial con registros, ayudas e incentivos. Establece un régimen sancionador específico y deroga la antigua Ley Forestal de Andalucía, entrando en vigor en abril de 2026, con el régimen sancionador aplicable desde junio de 2026.

Este año los profesionales que ejercen como autónomos o tienen un despacho pequeño deben avanzar en la adaptación a Verifactu, que entra en vigor a partir de 2027.

Panorámica del año. Publicación del Informe anual 2025. Presenta las actividades del Tribunal de Justicia y la jurisprudencia más significativa del Tribunal de Justicia y del Tribunal General del año transcurrido.

El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley (APL) de transposición de distintas normativas europeas sobre mercados de valores. El paquete está orientado a mejorar la competitividad del mercado de capitales, facilitando el acceso de las empresas -especialmente las de menor tamaño- a los mercados, incentivando la participación del inversor minorista y reforzando la industria de gestión de activos.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que obliga al uso de facturas electrónicas entre empresas y profesionales -conocido como sistema B2B-. Esta medida impulsa la digitalización del tejido empresarial, reduce la morosidad y permite a las empresas, especialmente a las pymes, cobrar antes y con mayor previsibilidad.

El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Esta reforma tiene como objetivo garantizar que los centros cuenten con profesionales sanitarios que posean la titulación oficial, así como las competencias y habilidades adecuadas a la asistencia que prestan.

La Sala de lo Contencioso declara que realizó de forma continuada tareas propias de un puesto A2, pese a estar nombrada como C2. La sentencia aplica el principio de igualdad, “concretado en la afirmación de que a igual trabajo debe corresponder igual retribución,” y ordena abonar las diferencias salariales no prescritas de destino, específico y productividad.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha subrayado que la anulación de la tasa de basuras no implica la devolución automática y ha reclamado al Ayuntamiento de Madrid que diseñe "un plan de devolución ágil, transparente y equitativo para todos los contribuyentes afectados".

El Ministerio de Trabajo ha asegurado que amoldará con pequeños cambios el texto del Real Decreto del control horario tras el informe desfavorable del Consejo de Estado, pero sin desnaturalizar la norma ni renunciar a dos aspectos esenciales: que sea digital y accesible para la Inspección de Trabajo. Carga contra el informe desfavorable del Consejo de Estado.

La Asociación Española de Asesores Fiscales, Aedaf, ha lanzado el 'Observatorio de los Derechos y Garantías de los Contribuyentes', con el objetivo de analizar, denunciar y formular propuestas constructivas para la protección de los derechos del contribuyente.

Reflejan la práctica decisoria de la CNMC, confirmada por los tribunales en múltiples ocasiones, e incluyen un apartado de multas a directivos.

En 2009, la extinta CNC publicó una Comunicación sobre el cálculo de las sanciones por infracciones en materia de defensa de la Competencia.

En 2015, el Tribunal Supremo anuló esa metodología y, en 2018, la CNMC publicó unas Indicaciones provisionales con un método sancionador ajustado a la sentencia.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido el pleno de este organismo, en el que han participado representantes de los departamentos ministeriales del Gobierno, de las 17 comunidades autónomas, de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias.

El derecho de extranjería está llamado a convertirse en un derecho al que solo podemos aproximarnos desde una perspectiva pluridisciplinar y compleja. Precisamente por esto el Tratado, del que esta es su octava Edición, asumió la perspectiva global y general como línea de enfoque.