Luis María Cazorla Prieto, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, es el entrevistado por Sonia Calaza en nuestra sección «De decana a decano». Juntos conversan sobre una de las instituciones jurídicas de mayor prestigio del país, pero también sobre oposiciones, derecho fiscal, derecho deportivo o arbitraje, entre otras cuestiones.

El presente trabajo examina, desde una perspectiva estrictamente jurídica, la naturaleza y fundamento del instrumento SAFE, su arquitectura normativa y funcional, su potencial contribución indirecta a la lucha contra amenazas híbridas y campañas de manipulación e injerencia extranjera, y las oportunidades específicas que se abren para España en el marco de este instrumento.

Este artículo analiza la respuesta del sistema penal frente a los delitos de odio, centrándose en las limitaciones de la pena privativa de libertad para abordar el daño que estos generan. A partir del estudio de la función de la pena, se cuestiona la idoneidad como herramienta central de intervención. Frente a ello, se propone un modelo restaurativo contrastado en Reino Unido como resultado del conjunto de experiencias que abordan este fenómeno capaz de intervenir de forma temprana en el proceso penal.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por vulnerar el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que recoge el derecho fundamental al resto a la vida privada y familiar. La actora ha demandado a España por la falta de información y consentimiento para la extirpación del complejo areola-pezón en la cirugía oncológica de la mama que se le practicó. En contraposición, España ha defendido que la prestación del consentimiento fue correcta, según constaba por escrito en el consentimiento informado y la historia clínica. Además, que la técnica quirúrgica no fue modificada, sino extendida, basada en criterios de seguridad oncológica, imprescindibles para asegurar el éxito de la intervención quirúrgica. El TEDH ha considerado no probado que se facilitara a la paciente una información completa sobre dicha posibilidad, por lo que no pudo tomar una decisión correctamente informada. La sentencia ha sido recurrida por España ante la Gran Sala, recurso que ya ha sido admitido a trámite.

Aunque transitamos en dirección a un impredecible horizonte de eventos cuánticos que está poniendo fin a la era del silicio, se sigue pensando a la amenaza cuántica como una singularidad lejana. Sin embargo, ya se perpetran ciberataques mediante dos amenazas persistentes avanzadas de tono cuántico. Por ello, en el mes enero laUnión Europea propuso incluir expresamente los riesgos y tensiones de tono cuántico dentro de un ordenamiento jurídico fundamental como NIS2. La «Propuesta de Directiva del Parlamento Europea y del Consejo por la que se pretender modificar la Directiva (UE) 2022/2555 en lo que respecta a las medidas de simplificación y la armonización con la Propuesta de Ley de Ciberseguridad 2» comenzó a pensar la ciberesiliencia cuántica con una aleación que planea dejar de utilizar «PQC implícito» y comenzar a forjar su escudo con una dosis de «PQC obligatorio» ¿Será esta la aleación correcta que le permita construir un resistente escudo cuántico?

En apenas doscientas once páginas, Francisco Pérez Bes nos aporta una mirada fresca y actual del impacto que una de las tecnologías emergentes más disruptivas de los últimos tiempos tendrá en los múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana, junto a un completo panorama legislativo global, comunitario y local que permite identificar cuáles son las carencias jurídicas para el abordaje de las oportunidades, desafíos y tensiones que el horizonte de eventos cuánticos plantea.

No se puede exigir que se aporte una declaración del médico privado que indique que el objeto de la revisión está incluido en la cartera de servicios del sistema sanitario público y que no puede realizarse fuera del horario del trabajador, pues puede comprometer datos sensibles de índole médica y no es obligación del facultativo realizarla.

Fracaso del plan de viabilidad de la sociedad debido al incumplimiento por las entidades bancarias demandadas de los contratos de cesión de créditos celebrados con aquella.

Declara la Sala que lo trascendente a los efectos de homologación, no es la normativa que regía en el momento en el que se solicita sino la existente en el momento en el que se cursaron los estudios, y en este caso, como se cursaron bajo la vigencia del RD 86/1987, y en aquel periodo no era exigible la autorización para impartir enseñanza universitaria a los centros radicados en España, no debió haberse denegado la homologación.

Es contrario al fin de protección de la norma que quien está ejerciendo la custodia exclusiva de su hijo, por decisión de la jurisdicción civil que ha visto en ese progenitor una ventaja para su desarrollo infantil, tenga que abandonar toda relación con el menor porque, con anterioridad a esa decisión de custodia, adeudaba parte de las cantidades que tuvo que abonar mientras era el otro cónyuge el que custodiaba al niño.

Para que no exista obligación de presentar el modelo 303, hay que tramitar el 036 y cesar efectivamente la realización de actividades empresariales.

La DGT señala que el pago total del seguro de enfermedad del trabajador y la parte de la prima que abona por sus descendientes constituye retribución en especie, siendo el resto una simple mediación en el pago.

Aprobación del Reglamento del Impuesto Complementario para Navarra, que desarrolla la Ley Foral 18/2025, de 22 de diciembre, para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud

Ese despido presupone, entre otras cosas, que, atendiendo a la naturaleza de las actividades desarrolladas, el requisito de no abandonar dicha Iglesia sea esencial, legítimo y justificado.

Facturar por los servicios solo cuando se gana el pleito entraña riesgos y requiere de un estudio detallado del tipo de conflicto: esto es lo que debes tener en cuenta.

Lourdes Bernal, gerente de Publicaciones de Derecho Público de Aranzadi LA LEY entregó un premio al Gobierno de Aragón a la transparencia autonómica en la categoría de Mayores avances en publicidad activa por el «Nuevo Portal de Transparencia».

El auto, ponencia de la magistrada Sandra González de Lara Mingo, explica que la Ley 11/ 2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal ha habilitado a los jueces de lo contencioso para autorizar entradas en domicilios y otros lugares constitucionalmente protegidos si así lo solicita la Administración Tributaria.

El Consejo General de la Abogacía Española informa de la publicación del trámite de audiencia e información pública del Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Concursal, un texto normativo de especial relevancia para la profesión jurídica.

La plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Bilbao declara la responsabilidad patrimonial del consistorio bilbaíno por las lesiones sufridas por el peatón al no mantener en buen estado una arqueta situada en la vía pública.

Los magistrados argumentan que la acusada se aprovechó de los perjudicados mediante el engaño. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal de Cuentas investigará "posibles irregularidades" en la gestión de los hospitales de la Comunidad de Madrid después de que el PSOE llevará ante este órgano fiscalizador la presunta condonación de más de 70 millones de euros a los grupos de sanidad privada Quirón y Ribera Salud.

La empresa estará obligada a establecer, tras ausencias prolongadas del trabajo por motivos de salud, procedimientos de retorno al trabajo.

UGT ha pedido al Gobierno actuar de manera decidida con medidas que contrarresten la escalada de los precios e incentiven en la negociación colectiva la extensión de las cláusulas de revisión salarial para proteger las subidas salariales y el bolsidllo de los trabajadores de incrementos inflacionarios imprevistos como podría pasar con la guerra de Irán.

El Real Decreto 942/2025 prohíbe, de forma desproporcionada, vender las pruebas de autodiagnóstico in vitro fuera de las farmacias.

En otros países se venden en supermercados, parafarmacias, droguerías o plataformas digitales, garantizando su seguridad y trazabilidad.

Esta prohibición puede reducir la disponibilidad de estos productos y aumentar sus precios, en perjuicio de los ciudadanos.

Se trata de un análisis detallado de la LOTJ en el que se ha buscado ofrecer al operador jurídico un enfoque práctico y una interpretación pragmática sobre cada uno de sus preceptos (huyendo de añadir discusiones doctrinales y aderezando el texto con todas las sentencias de la Sala II), tanto de la perspectiva jurídico procesal como de actuación ante el Órgano jurisdiccional (Sección de instrucción o MP) así como la inclusión de indicaciones para una óptima intervención oral o escrita.