La Ley Orgánica 1/2025 ha dinamitado el presupuesto sociológico sobre el que descansaba la representación colectiva unitaria de los Letrados de la Administración de Justicia. A partir de la STS 183/2026, el análisis invita a desplazar el foco hacia un problema que ya no es normativo, sino estructural. La implantación de los Tribunales de Instancia y la generalización de puestos de libre designación han fracturado internamente el Cuerpo entre LAJ directivos y no directivos, generando intereses funcionales objetivamente divergentes. El resultado es una crisis de identidad representativa: persistir en la retórica de la unidad ya no fortalece al colectivo, sino que invisibiliza sus conflictos internos y convierte la representación en un mecanismo de legitimación del statu quo.

Defenderé que la “motivación” (fáctica) de las sentencias absolutorias no es de intensidad inferior a la de las sentencias condenatorias. ¿Por qué? A la “motivación” corresponde garantizar la corrección de la “valoración de las pruebas” que se haya efectuado; operación ésta anterior (y por tanto no dependiente) del resultado al que con posterioridad se llegue. El acierto del resultado dependerá pues de la corrección de la valoración realizada, la cual deberá ajustarse a métodos, a parámetros y a estándares de prueba previa e indistintamente estipulados.

En un reciente ensayo del catedrático Antonio Buero Armijo se describen los contornos, miedos y técnicas que adopta el funcionariado ante la presión y expansión, de difícil o imposible previsión, de los tipos normativos, ante la difusa línea de responsabilidades y su alargada sombra y de la también difícilmente previsible actuación de los órganos fiscalizadores. Redundando y describiendo un envés de un contexto de paulatina y creciente criminalización de la actuación administrativa sin aprovechamiento propio considerada «irregular». «Sin aprovechamiento propio», contexto que amplía exponencialmente el objetivo de lo punible y que exige alguna reflexión.

Una negativa completa y arbitraria de acceso a elementos determinantes para impugnar la detención incide directamente en la legalidad constitucional de la privación de libertad, desbordando el ámbito de una mera irregularidad procedimental.

Las imágenes generadas por las cámaras son datos de carácter personal y su tratamiento carece de base legal justificada, afectando al derecho a la intimidad de las inquilinas.

El Consejo de la Unión Europea ha acordado su posición sobre la propuesta de simplificar ciertas normas relativas a la inteligencia artificial (IA).

Los Veintisiete defenderán en la negociación para simplificar la regulación europea sobre Inteligencia Artificial (IA) prohibir las tecnologías generadoras de imágenes o voces de personas para material sexual no consentido o pedófilo; al tiempo que dan por buena la idea de Bruselas de retrasar la entrada en vigor de las restricciones a las categorías de "alto riesgo" pero con un calendario escalonado para los sistemas autónomos (diciembre de 2027) e integrados (agosto de 2028).

Los usuarios de esos servicios a través del sistema de la precontratación, tienen conocimiento previo del precio que van a abonar y, a diferencia del servicio de taxi sujeto a tarifas reguladas, los servicios VTC pueden fijar el precio de forma libre.

La hija está plenamente legitimada para reclamar el perjuicio que le supuso el incumplimiento que atribuye a su madre por no abonarle la pensión alimenticia que recibió del padre.

La Sala de lo Penal amplía las miras en la victimización que se ejerce sobre los menores de edad y utiliza la perspectiva de protección de la infancia sin atacar la presunción de inocencia.

En patologías como el autismo severo el entorno familiar es precisamente el ámbito terapéutico adecuado, y negar la prestación por falta de hospitalización supondría una discriminación injustificada frente a otras enfermedades graves.

Es preceptivo vehicular la transmisión a través del título pertinente: la escritura pública notarial. Los actos no incluidos en el contenido típico del convenio regulador requieren, para su acceso al Registro, su formalización en los títulos establecidos en el art. 3 LH, es decir, el documento público notarial.

Si el obligado tributario acredita la inmovilización de fondos con cargo a los resultados del ejercicio correspondiente al periodo impositivo de dotación de la RIC para realizar una posterior inversión y cumple el resto de los requisitos, excepto la contabilización separada y con título adecuado, no tendrá que integrar el incentivo fiscal.

Les ofrecemos, por su interés, un adelanto de la relación de asuntos pendientes ante el Tribunal de Justicia y Tribunal General en los que se dictará sentencia, se elaborarán conclusiones, o se celebrará vista durante esta semana.

La sentencia considera probado que el acusado ocultó deliberadamente la grave situación económica de su empresa para obtener casi 97.000 euros destinados a la adquisición de una parcela, mientras absuelve a la empleada administrativa al no acreditarse su participación dolosa en el fraude.

La reforma de Ley Orgánica 1/1982 introduce medidas para salvaguardar el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen en el ámbito digital.

La edad de protección de los menores debería aumentar hasta los 18 años frente a los 16 actuales, según la CNMC.

Además, sugiere definir las ultrafalsificaciones o deepfakes de acuerdo con la normativa europea de Inteligencia Artificial (IA).

La organización de consumidores denuncia demoras generalizadas y falta de disponibilidad en numerosas provincias. Pide eliminar la cita previa y fijar un plazo máximo de hasta 5 días para la resolución de trámites urgentes.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado la convocatoria de ayudas para transportistas autónomos que cesen su actividad, con una cuantía de hasta 30.000 euros, entre las críticas de los empresarios, que consideran que la partida presupuestaria es "claramente insuficiente".

Más de 50 organizaciones han exigido al Gobierno que "cumpla con el cierre acordado" de la central nuclear de Almaraz y han alertado de que prorrogar su uso costaría más de 3.800 millones de euros a la ciudadanía. Este "sobrecoste" se notaría en la factura de la luz, según las mismas organizaciones.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha comunicado mediante una misiva remitida a la Diputada del Común, Lola Padrón, el inicio de actuaciones de oficio acerca de la exclusión de menores migrantes no acompañados tutelados del fútbol federado.

Completo estudio de la tutela cautelar en el proceso civil, abordando conceptos, procedimientos y las garantías judiciales necesarias para enfrentar los desafíos actuales del sistema judicial.