La Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, no solo se aplica a los procedimientos que se siguen ante los tribunales y las administraciones públicas, sino también a los medios adecuados de solución de controversias. Esta extensión de su ámbito tiene consecuencias positivas, pero es susceptible de plantear algunas dificultades interpretativas. Así sucede, en primer lugar, en lo que hace a su alcance, esto es, a la determinación de los procedimientos o supuestos de solución extrajudicial a los que se aplicará la Ley. En segundo lugar, se pueden suscitar algunas dudas en relación con el contenido concreto del derecho de defensa en cada uno de los medios de resolución de controversias en vía no jurisdiccional.

El artículo analiza el papel esencial de la fe pública judicial en la autenticidad de los actos procesales y la vincula con el debate sobre la posible nulidad de diligencias en el caso DANA de Valencia. La fe pública, ejercida en exclusiva por los Letrados de la Administración de Justicia, garantiza la autenticidad, integridad y trazabilidad de las actuaciones, y sin su intervención efectiva un acta no puede considerarse documento público judicial. La jurisprudencia ha reiterado que la ausencia del fedatario en actos relevantes puede acarrear nulidad, pues implica prescindir de una formalidad esencial. Se denuncia que el modelo organizativo de la nueva Oficina Judicial y los Tribunales de Instancia somete a “fatiga estructural” este sistema de garantías, al asignar a un mismo Letrado varias plazas con actos simultáneos, lo que hace imposible un control real de cada diligencia. Aunque la grabación audiovisual facilita la documentación, la validez jurídica del acto sigue dependiendo de la verificación y validación personal del Letrado, con conocimiento efectivo de lo ocurrido. La normativa y las instrucciones internas reconocen límites a la asistencia simultánea y prevén coordinación de agendas y sistemas de sustitución. Concluye que la nulidad de las diligencias en el caso citado solo procede si se prueba que faltó un control fedatario efectivo en actos relevantes, comprometiendo así la autenticidad y regularidad formal exigidas por la ley.

A los documentos de los procedimientos legislativos en curso deben aplicárseles los más altos estándares de transparencia, pues el acceso oportuno a los mismos es fundamental. Gracias al acceso público a estos documentos, los ciudadanos pueden comprender las elecciones realizadas por las instituciones de la UE durante el proceso legislativo. Por lo tanto, deben obtener acceso a estos documentos a su debido tiempo, en un momento que les permita dar a conocer de manera efectiva sus puntos de vista con respecto a esas opciones.

Como ha denunciado la Defensora del Pueblo Europeo, el acceso a los documentos está ahora más controlado que nunca, y los casos de supuesta sensibilidad política se retrasan durante un tiempo inadmisible o se deniegan por motivos muy dudosos.

El dies a quo del cómputo del plazo de 10 días que, conforme al art. 278 LRJS dispone la empresa para notificar al trabajador la fecha de reincorporación al trabajo tras la opción expresa o tácita por la readmisión exart. 56.1 y 3 ET tras la sentencia de instancia que declara la improcedencia del despido, debe fijarse en la fecha en que se notifica dicha sentencia a la empresa y no en la fecha en que la misma sea firme, corriendo paralelo dicho plazo con el de 5 días para notificar al Juzgado de lo Social —mediante escrito o por comparecencia—, la opción entre indemnización o readmisión exart. 110.3 LRJS.

La Agencia Española de Protección de Datos aprobó en noviembre de 2025 una política interna pionera para regular el uso de la inteligencia artificial generativa en sus procedimientos. El documento, de carácter preventivo, reconoce el potencial de estas herramientas para ganar eficiencia administrativa, pero las somete a un riguroso marco de garantías.

Ambos organismos están evaluando cuidadosamente las propuestas para determinar si se adaptará el proyecto de directrices conjuntas y cómo hacerlo.

Un sitio web que presuntamente ofrece servicios de proxy IP a ciberdelincuentes en 102 países ha sido blanco de las autoridades de ocho países. Tras identificar numerosas víctimas del malware utilizado para acceder a las direcciones IP del servicio proxy, las autoridades de Francia, Austria, Países Bajos y Estados Unidos comenzaron a colaborar, en coordinación con Eurojust y Europol, para tomar medidas contra el servicio. Se sospecha que quienes administran el servicio proxy también albergan una plataforma de pago para dicho servicio.

El efecto de la no incorporación de la cláusula de intereses remuneratorios al contrato, sumada a la prohibición de integrar el contrato, conduce a la consecuencia de dejar el préstamo sin interés remuneratorio, de modo que la entidad bancaria deberá abstenerse de aplicar la cláusula en el futuro, manteniendo su vigencia el contrato con las restantes cláusulas.

No es posible apartarse de la jurisprudencia que ha considerado de forma ya plenamente asentada que, cuando se cuestiona el juicio de tipicidad, los fundamentos jurídicos de una sentencia sólo pueden integrarse en el hecho probado cuando benefician al reo.

Aunque la empleadora del trabajador despedido no fue quien manejó directamente las cámaras —instaladas en el centro de trabajo de la empresa principal—, el hurto fue reconocido por él, lo que refuerza la validez del material probatorio.

Las directrices generales del Plan de Control Tributario y Aduanero de 2026 contienen una referencia concreta a las líneas de actuación de información y asistencia, prevención y control del fraude que se consideran más relevantes, constituyendo un mecanismo de refuerzo y consolidación de las actuaciones desarrolladas ya en años anteriores, a la vez que incorporan otras nuevas adaptadas al contexto económico, social y normativo en el que la Agencia Tributaria realiza su actividad habitual, garantizando de este modo la continuidad y la uniformidad de las tareas habituales de información y asistencia, comprobación e investigación del fraude.

La Ley 3/2026, de 12 de marzo, incorpora una disposición adicional quinta al texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, con el fin de reforzar y concretar la relación entre la legislación general de régimen local y el régimen específico aplicable a Arán.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha subrayado que la esencia del ejercicio profesional se fundamenta en la relación de seguridad entre abogado y cliente. En este sentido, ha insistido en la importancia del secreto profesional y ha recordado que “no es un beneficio del letrado, sino es una condición que posibilita la confianza cliente-abogado”.

El órgano de gobierno de los jueces plantea un programa de formación intensivo de carácter teórico-práctico de al menos nueves meses y una fase de prácticas tuteladas de un mínimo de cuatro meses que en función de las circunstancias se desarrollarían de manera consecutiva o simultánea. El objetivo es acelerar la incorporación de los/as 375 jueces/zas que saldrán de la convocatoria extraordinaria de oposiciones anunciada por el Ministerio de Justicia.

Teniendo en cuenta la jurisprudencia del TJUE, aclara y precisa su doctrina sobre el control judicial de abusividad, concluyendo que en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados tras la entrada en vigor de la Ley 1/2013, el procedimiento concluye definitivamente, a los efectos de esa doctrina constitucional, con la firmeza del decreto de adjudicación del bien inmueble ejecutado.

El recurrente tenía concedida un grado de discapacidad del 65% que, tras una revisión, bajó al 49%. Los magistrados exponen que desde un punto de vista médico forense es concluyente la mejoría clínica global desde que ha incorporado el lenguaje de signos “para el desarrollo integral del informado esperado para la edad”.

De media, la rentabilidad interanual fue del 6,3% en los planes a un año, destacando las categorías con mayor exposición a renta variable.

La Comisión Europea ha adoptado una propuesta legislativa para aumentar la demanda de tecnologías y productos hipocarbónicos fabricados en Europa. La Ley de Aceleración Industrial impulsará la fabricación, el crecimiento de las empresas y la creación de empleo en la UE, apoyando al mismo tiempo la transición industrial hacia tecnologías más limpias y preparadas para el futuro.

Desde 2020, el organismo ha aflorado 576.912 empleos y su labor ha permitido transformar 895.492 contratos temporales en indefinidos.

La Agencia Tributaria seguirá profundizando este año en la conversión de informadores en asistentes virtuales para facilitar al contribuyente la obtención de respuestas ágiles a su dudas, al tiempo que permitirá pagar deudas con tarjeta en sus propias oficinas y por teléfono.