El informe «Innovación y Tendencias Sector Legal 2026» identifica las principales preocupaciones del gremio de los abogados. El trabajo, que recoge la opinión de 27 expertos, fue presentado este jueves en Madrid.

El estudio analiza el régimen jurídico de la impugnación de los actos de conciliación judicial en el orden social, regulado en el artículo 84.6 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social. Se examinan su estructura procesal, las causas de nulidad y anulabilidad, los sujetos legitimados y los plazos de ejercicio, sobre la base de un marco normativo que combina normas procesales con normas de derecho sustantivo civil, laboral y de Seguridad Social. La investigación pone de relieve el papel esencial de los jueces y letrados de la Administración de Justicia como garantes de legalidad y de libertad del consentimiento, cuya intervención y control previo confieren al acto una presunción reforzada de validez. La jurisprudencia analizada confirma una interpretación rigurosa y restrictiva de las causas de impugnación, limitando la nulidad a los supuestos de vicio grave del consentimiento o infracción de normas imperativas. En conjunto, el trabajo evidencia la solidez jurídica y la estabilidad de los acuerdos de conciliación judicial en la práctica jurisprudencial.

La práctica profesional en extranjería sitúa al abogado ante un escenario administrativo especialmente intenso: procedimientos masivos, resoluciones estandarizadas, plazos breves y una incidencia constante del silencio administrativo. En este contexto, el conocimiento preciso y estratégico de los recursos administrativos regulados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, resulta imprescindible.

El presente artículo ofrece una visión global, sistemática y comparativa de las distintas vías impugnatorias administrativas, con un enfoque deliberadamente práctico, orientado tanto a quienes se inician en la especialidad como a profesionales con experiencia que deseen revisar críticamente el uso de estos instrumentos en el ámbito de la extranjería.

Vulnera el derecho de huelga de las personas trabajadoras que prestan servicios en asesoría jurídica el sindicato que, un día antes de la huelga, notifica mediante burofax y correos electrónicos las obligaciones de las personas trabajadoras huelguistas —abogados/as y graduados/as sociales—, consistentes en: 1) Solicitar la suspensión de trámites procesales a los órganos jurisdiccionales y la comunicación de dichos extremos a las personas afectadas; 2) El estudio, redacción, presentación y remisión de escritos cuando el plazo de vencimiento tuviera lugar durante los días de huelga, informando sobre la responsabilidad profesional, laboral y civil en caso de incumplimiento de dichas obligaciones, lo que llevó a la continuidad en la prestación de servicios. Ello supone indicios de vulneración del derecho de huelga respecto de los que el sindicato no ha aportado una justificación objetiva y razonable, ya que no lo es: 1) dichas comunicaciones sirvieran para garantizar la continuidad de la actividad productiva tras la finalización de la huelga —fijación de servicios de seguridad y mantenimiento—, debiendo realizar los huelguistas las labores habitualmente desarrolladas y, además, otras administrativas y auxiliares; y 2) Que que las notificaciones sirvieran para la fijación de servicios mínimos, cuando respecto de los mismos existió resolución denegatoria que fue impugnada ante el orden contencioso-administrativo, dictándose sentencia que los desestimó, sin que sea posible su fijación de forma unilateral por la empresa. Existiendo vulneración del derecho fundamental, y aunque no haya existido esquirolaje, procede calcular la indemnización como si de una infracción del art. 8.10 LISOS se tratara, si bien en su grado mínimo en atención a las circunstancias concurrentes, entre otras, el número de personas trabajadoras afectadas, la duración de la medida y los efectos en el resto de personas trabajadoras.

Siendo España un Estado miembro de la Unión Europea, son sobradamente conocidos el Reglamento (UE) 2023/1543 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2023 (conocido como «Reglamento e-Evidence») y su norma de «acompañamiento», constituida por la Directiva (UE) 2023/1544 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2023, pero tal vez no lo sean tanto el denominado «Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia» y sus dos Protocolos Adicionales. Y ello, a pesar de la trascendencia de estas normas convencionales, no ya sólo por lo que suponen de referentes de primer orden en la lucha contra ese fenómeno emergente que es la delincuencia informática transnacional, lo cual es una característica que comparten con los citados instrumentos de la Unión, sino por el hecho de tratarse de Convenios, cierto que auspiciadas por el Consejo de Europa, pero abiertos a la firma de los países de los cinco continentes, lo que los dota de una inusitada vis geográfica expansiva, en un ámbito en el que el máximo alcance territorial es la mayor garantía para hacer frente a una delincuencia que, por definición, no conoce fronteras. Y de ahí que la presente comunicación se detenga en el análisis de esas normas paccionadas.

En estas pólizas colectivas, si el asegurado no contribuye con el pago de una prima, puede incorporarse directamente al seguro a solicitud del tomador, y no es necesario que suscriba el boletín de adhesión. En estos seguros, por tanto, el asegurador no debe cumplir con el art. 3 LCS en relación con la información al asegurado, sino que es al tomador del seguro al que debe proporcionar la información precontractual, y es dicho tomador el que debe tener conocimiento y aceptar especialmente las cláusulas limitativas.

No puede aceptarse que no exista criterio para determinar la responsabilidad de los implicados en la producción del siniestro. Resulta evidente que la peatona es la principal culpable por irrumpir en la vía por lugar inadecuado y cuando se aproximaba la motocicleta. No puede quedar exonerada por existir dudas acerca del lugar por el que se introdujo en la vía (desde la derecha o desde la izquierda según el sentido de la moto). El accidente acaeció en una calle de dirección única y en ambos casos cruzaría entre coches que limitaban la visibilidad del motorista.

No tiene el deber de garantizar la seguridad de los visitantes, ni puede tildarse de antijurídico permitir el acceso con perros en época de cría de las vacas, o la ausencia de carteles que anuncien una presencia de ganado que resulta obvia.

Cuando no existen hijos o éstos son mayores de edad es necesario fijar un límite temporal a la atribución del uso de la vivienda familiar.

La presentación de la obra International Transfers of Football Players (Tax aspects to be considered by players and clubs) reunió a expertos, LaLiga, Liga F y clubes para analizar cómo los impuestos influyen en la competitividad del fútbol y en la atracción de talento internacional.

— En el IRPF se contempla para las actividades agrarias una reducción de los índices de rendimiento neto de los Módulos del año 2026 en relación con las explotaciones y actividades agrarias realizadas en la zona afectada.

— Se conceden exenciones en el IBI (rústico y urbano) y reducciones en el IAE correspondientes al ejercicio 2026.

— Se conceden exenciones de las tasas de expedición del DNI y de tráfico por la tramitación de bajas de vehículos dañados y otras gestiones.

— Se establece la exención de tributación por las ayudas percibidas, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como en el Impuesto sobre Sociedades, así como su condición de inembargables.

— Se aprovecha la aprobación de este real decreto-ley para establecer la eliminación de la tributación en el IRPF de los perceptores del salario mínimo interprofesional.

Exigir competencia en la lengua estatal es una medida adecuada para garantizar el objetivo de defensa y promoción de la lengua oficial, pero exigir sin excepción la presentación de un certificado sobre pruebas lingüísticas organizadas en dicho Estado vulnera el principio de proporcionalidad.

La formación y los casos de éxito son cruciales para que el “flechazo” profesional culmine con el deseado fichaje en un nuevo bufete.

La Sala Segunda, en sesión extraordinaria, inadmite el recurso por manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dictado una sentencia en la que avisa a los funcionarios de que no pueden reclamar complementos por nocturnidad, festivos o disponibilidad fuera del plazo reconocido en una sentencia original.

El Gobierno impulsará la reforma del reglamento de regulación de costas para antes del verano y así evitar la condena de la Unión Europea. Buscan que las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre se concedan con concurso público y sin prórroga automática.

Esta demanda está relacionada con la propuesta de modificación del Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Asnef, patronal de los establecimientos financieros de crédito, ha pedido que se reduzca el límite máximo de un crédito para ser considerado de alto coste, al considerar que el límite actual establecido por la ley, de 1.000 euros, es "demasiado alto" teniendo en cuenta el SMI actual y la realidad salarial de España.

Las organizaciones sindicales denunciantes han recalcado que la dirección del Organismo sí cobró íntegramente todas las cantidades al tenerlas prorrateadas a lo largo del año, se cumplieran o no los objetivo. Piden a Díaz analizar la situación de su personal entre "vídeos promocionales" y "críticas a quienes no cumplen con sus trabajadores".

Los magistrados indican que, a pesar de padecer dolor dorsolumbar generalizado, no tiene citas concertadas en rehabilitación ni en traumatología. Señalan que, además de la escasa analgesia, como valoró la sentencia, lleva a concluir que no hay constancia de las limitaciones que dice padecer.