La recientemente elegida nueva decana del Colegio de Registradores, María Rosario Jiménez Rubio, es la invitada en nuestra sección «De decana a decana» que, en esta ocasión, conversa con  Sonia Calaza, decana de la Facultad de Derecho de la UNED y coordinadora de la sección, y Fátima Yáñez Vivero, catedrática de Derecho Civil y directora de la Escuela de práctica jurídica de la UNED, sobre la actualidad del cuerpo de registradores y la función registral.

Estudio sobre los delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa, con análisis de casos en que la jurisprudencia del TS ha admitido su aplicación. Se trata en estos delitos de proteger la ventaja competitiva que para una empresa pueden tener determinados datos reservados de la misma. Se analizan los requisitos que debe tener el secreto de empresa para ser considerado tal y se diferencias estos delitos de otros preceptos penales en que se protege la intimidad.

El sistema jurídico español reconoce a la Administración la posibilidad de revisar de oficio los actos nulos de pleno derecho. Esta facultad, prevista hoy en el artículo 106 de la Ley 39/2015, reviste un carácter extraordinario y se concibe como una excepción al principio de estabilidad de los actos administrativos. Sin embargo, esa excepcionalidad no convierte la revisión en un mecanismo ilimitado: el Tribunal Supremo ha afirmado de forma constante que cuando existe una sentencia firme que ha resuelto sobre la validez del acto, el debate queda definitivamente cerrado. La cosa juzgada material actúa como una frontera infranqueable, incluso frente a motivos de nulidad absoluta.

El Tribunal Supremo revisa su doctrina tradicional sobre la posibilidad de analizar el componente subjetivo de temeridad o mala fe procesal, presupuesto de la condena en costas a la acusación particular, manteniendo que el Tribunal de casación, que examina el iter procesal con distancia, sin haber vivido sus contingencias, no está en las mejores condiciones para evaluar ese elemento subjetivo y los factores que pueden fundamentar una condena en costas a la acusación. Y, desde luego, no parece el art. 849.1º LECrim sea canal compatible con ese tipo de quejas. Por ello, bastará la decisión de la primera y segunda instancia, salvo que la decisión sobre tales costas procesales se encuentre ausente de la debida motivación, aspecto éste que únicamente abrirá la vía de la vulneración constitucional por tutela judicial efectiva.

La revista Práctica Urbanística te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, nº 198, enero-febrero 2026, firmado por José María Domínguez Blanco (jefe Servicio Disciplina Urbanística Xerencia Municipal de Urbanismo) y Beatriz Ugarte Alonso (técnica de Administración General Xerencia Municipal de Urbanismo).

Un trabajo científico realizado por investigadores de la Universidad de Zaragoza y La Rioja pone de manifiesto la relevancia y las múltiples implicaciones -tanto legales, como éticas o ecológicas- del Derecho al Olvido digital y del borrado de datos y han alertado sistemas de IA que pueden recuperar datos previamente borrados.

Si el art. 10.3 b) LPH, en la redacción aplicable al tiempo de realizarse las obras, exigía una mayoría de 3/5, nominativa y de coeficientes, para la unión física de dos pisos o locales del mismo edificio, con mayor razón será exigible cuando la unión afecta a dos casas que, aunque formen parte de un único edificio, se configuran estatutariamente como comunidades restringidas con elementos comunes propios que no son compartidos con el resto de las casas.

Dado que para cursar el bachillerato en España es imprescindible tener el título de ESO, la actividad académica de la solicitante acredita suficiente competencia en español, así como conocimientos constitucionales y socioculturales.

Hizo uso de sus credenciales y del equipo informático de su puesto de trabajo accediendo a los datos y aportando el justificante de convivencia en un procedimiento judicial de modificación de medidas.

El Convenio Colectivo de Transportes de mercaderías por carretera y logística de la provincia de Barcelona las califica como faltas muy graves.

La DGT recuerda que conforme a la jurisprudencia del TS, la condena en costas constituye una restitución de los gastos de defensa, representación y peritación realizados por la contraparte.

Esta indemnización que va a percibir el trabajador hasta que cumpla la edad de 63 años ni está exenta ni goza de la reducción del 30%.

• • La pobreza es una violación de la dignidad humana, afirman los eurodiputados
• • Hay que centrarse en la lucha contra la pobreza infantil, que afecta a uno de cada cuatro niños europeos
• • El empleo y el acceso a la vivienda y a los servicios públicos son claves para reducir la pobreza

Conseguir que un cliente adelante parte del pago para seguir adelante con su caso no suele ser fácil. La empatía y el realismo juegan a favor de los abogados.

Los delitos de odio son una forma grave de discriminación y violencia verbal o escrita y estos delitos se pueden llevar a cabo tanto de un modo directo, mediante la interacción personal, como en el entorno de la ciberdelincuencia donde el odio por redes sociales tiene una manifestación muy extendida, pero que también se profiere por acción directa verbal del que odia al que es odiado.

El pleno de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España (RAJYLE) ha aprobado la renovación de su Junta de Gobierno, que preside Luis María Cazorla Prieto y que tendrá por vez primera a una académica como secretaria general.

la Sala expone que la autorización de la muerte del lobo solo es posible cuando constituya la única solución para evitar daños al ganado, por lo que debe ir precedida de un examen de las medidas alternativas que razonablemente pueden adoptar las explotaciones ganaderas para impedir los ataques. Rechaza un recurso del Gobierno de Cantabria sobre una extracción de ejemplares autorizada en 2022.

Se ha incidido en "las serias disfunciones que está generando la implantación de los Tribunales de Instancia, que, sin una inversión adecuada y una planificación suficiente, están provocando problemas organizativos, sobrecarga y un deterioro del servicio al ciudadano".

Combatir la fragmentación regulatoria, las cargas administrativas o la morosidad es crucial para estas empresas.

Las administraciones deben simplificar los trámites de la contratación pública y fomentar que participen en las licitaciones.

Las pymes impulsan la competencia, el crecimiento económico y la innovación.

La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha alertado este lunes de que hay más de 4,8 millones de hogares en situación de vulnerabilidad energética en España, que llega a la Semana contra la Pobreza Energética sin una estrategia "clara y actualizada para abordar este problema que afecta a gran parte de la población".

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) confirma la resolución dictada por la plaza número 2 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Bilbao que condenó a MediaMarkt a abonar a la trabajadora una indemnización de 7.251 euros por daños morales al considerar que se había vulnerado su derecho a la intimidad y dignidad al llevar a cabo unas “medidas desproporcionadas de control y registro de sus pertenencias personales, sin justificación adecuada”

El incremento, pactado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, beneficiará a cerca de 2,5 millones de trabajadores.