Alberto García Barrenechea, decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid y secretario del Consejo General de Procuradores de España, es el invitado de Sonia Calaza en nuestra sección «De decana a decano». Juntos hacen un repaso por el presente y el futuro de la Procura y conversan sobre otras cuestiones de la actualidad jurídica.

El trabajo analiza la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el principio de indemnidad de los empleados públicos, a partir de la STS de 16 de diciembre de 2025 relativa a un funcionario de la Policía Nacional agredido en acto de servicio cuya indemnización penal resultó impagada por insolvencia del condenado. La sentencia aborda si el resarcimiento frente a la Administración se articula como responsabilidad patrimonial o como una acción autónoma derivada de la relación de servicio, y fija los criterios sobre el dies a quo y el plazo de prescripción de la acción de indemnidad. El Tribunal descarta la aplicación del plazo anual del artículo 67 de la Ley 39/2015 y del régimen de responsabilidad patrimonial, reconduciendo el plazo al cuatrienal del artículo 25 de la Ley General Presupuestaria, a falta de norma específica para la Policía Nacional. Asimismo, determina que el plazo comienza cuando el funcionario tiene conocimiento fehaciente de la declaración de insolvencia del responsable civil, sin que las ulteriores revisiones de la insolvencia reinicien la prescripción. Sobre esta base, la STS confirma la estimación del recurso contencioso-administrativo del funcionario, consolidando una doctrina general de indemnidad de los empleados públicos, aplicable incluso cuando la Administración no fue parte en el proceso penal y sin exigir título de responsabilidad civil subsidiaria

Este artículo ofrece una síntesis apretada del nuevo sistema de defensa de la clientela financiera que estableció la Disposición final segunda de la Ley 10/2025, de 26 de diciembre, por la que se regulan los servicios de atención a la clientela al modificar la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

El presente trabajo examina, sin perjuicio de lo que señalan los artículos 394.3 de la LEC y 36.1 de la LAJG, el carácter imperativo del régimen de pagos de fondos judiciales y la exigencia de que el mandamiento se deba librar exclusivamente en favor del beneficiario reconocido. Se defiende que el RD 467/2006 establece un procedimiento imperativo y reglado de disposición de los fondos judiciales que no puede verse alterado por interpretaciones extensivas de la LEC. Sobre esta base, se hace necesario distinguir entre la facultad del procurador/a para cobrar en representación de su mandante y la titularidad material del derecho de cobro. Con todo, se somete a juicio crítico la reciente doctrina del Tribunal Supremo que parece confundir ambos planos y desdibujar el régimen reglamentario vigente.

La Revista Carta Tributaria Opinión te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, nº 129 del mes de enero de 2026, firmado por Javier Pérez-Fadón Martínez, Doctor en Derecho y Abogado. Exsubdirector General del Ministerio de Hacienda y Función Pública

El presente ensayo examina la tensión entre el legalismo de los jueces robots, basados en inteligencia artificial como GPT-4o, y la flexibilidad de los jueces humanos, con base en el estudio Judge AI y el Código Napoleónico de 1804. El legalismo, que prioriza la ley escrita, limitó la justicia hasta que los jueces humanos incorporaron empatía y contexto, impulsando avances sociales pese a riesgos de sesgos. El estudio muestra que los jueces robots son consistentes, siguiendo precedentes sin influencia emocional, a diferencia de los humanos, influenciados por factores como la empatía del acusado. Esto los hace eficientes para casos técnicos, pero rígidos ante ambigüedades o derechos fundamentales.

Las Autoridades Europeas de Protección de Datos (APD) que conforman el CEPD trabajan juntas a diario para garantizar la protección de los datos personales de las personas. En lo que respecta a los datos de menores, es fundamental una vigilancia adicional , especialmente en el entorno digital actual, en rápida evolución, donde surgen constantemente nuevos riesgos.

La Comisión Europea ha iniciado hoy dos procedimientos de especificación para ayudar a Google a cumplir con sus obligaciones en virtud de la Ley de Mercados Digitales (DMA). Estos procedimientos formalizan el diálogo regulatorio de la Comisión con Google sobre ciertas áreas de su cumplimiento con dos obligaciones de la DMA.

La doble circunstancia de ir el perro de la demandada sin bozal y la falta de control efectivo por parte de su hijo mientras lo paseaba fue la que permitió la persecución del perro menor y posibilitó materialmente la mordedura, y la que, en tanto expresión del actuar descuidado y carente de la debida previsión por parte de la demandada, opera como único título de imputación del daño conforme a la previsión del art. 1905 CC, sin que pueda trasladarse causalidad alguna al comportamiento del actor.

Los órganos judiciales confirmaron la expulsión de un extranjero utilizando una fundamentación parcialmente distinta a la aducida por la Administración, tomando en consideración como agravantes antecedentes policiales y penales que integraban datos ex novo en vía judicial como fundamento de la decisión.

Considera el TSJ que, el hecho de contar todos los puestos con perfil lingüístico asignado y no solo aquellos que en virtud al principio de proporcionalidad lo puedan exigir, supone un elemento objetivamente disuasorio para quienes aspiran a acceder al empleo público y son castellanohablantes.

Del informe médico del trabajador se deduce que la actividad de viajar no era incompatible con su patología, ni consta que le produjese un empeoramiento o retraso en el proceso de curación.

El Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social, no ha superado la convalidación del Congreso de los Diputados, quedando derogado desde el 28 de enero de 2026 y, en consecuencia, las medidas fiscales en él contenidas, relacionadas con el IRPF, el IVA y el Impuesto sobre Sociedades.

Se trata de un paquete económico dotado de 20 millones de euros que pretende acelerar la percepción de ayudas por parte de los afectados, adelantar parte de las indemnizaciones correspondientes al seguro de responsabilidad civil y evitar así las esperas propias de los procedimientos ordinarios de los seguros.

El Consejo de Ministros, ha aprobado el II Plan de Acción de Economía Circular (PAEC) que, con una inversión total estimada de 1.884,89 millones de euros y 105 medidas, pone en marcha la Administración General del Estado (AGE) para acelerar el despliegue de un modelo económico circular y descarbonizado.

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que regula el funcionamiento del Registro de Vehículos Personales Ligeros, que establece la obligación de inscripción de los vehículos de movilidad personal -VMP, más conocidos como patinetes- en el Registro Nacional de Vehículos que gestiona la Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior.

Este hecho vuelve a generar inseguridad jurídica entre los graduados sociales. La no aprobación de la norma determina la imposibilidad de cerrar nóminas y cotizaciones con criterios claros y estables, o la necesidad de rehacer cálculos salariales, seguros sociales y regularizaciones con efectos retroactivos.

El Pleno ha convalidado este martes, por 179 votos a favor, 32 en contra y 137 abstenciones, el Real Decreto-ley 17/2025, de 23 de diciembre, de medidas de promoción del uso del transporte público mediante la bonificación de abonos y títulos multiviaje, que contiene ayudas para viajeros del transporte público. Además, se ha acordado por 316 votos a favor y 3 en contra, su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

El Pleno del Tribunal Constitucional, en dos autos de los que ha sido ponente la magistrada María Luisa Balaguer Callejón, ha inadmitido por unanimidad dos cuestiones de inconstitucionalidad planteadas respecto de determinados preceptos de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.

El Ministerio de Justicia ha comenzado los trámites ante una primera petición de indulto para el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado a dos de inhabilitación para el cargo por el delito de revelación de secretos, del que le consideró culpable el Tribunal Supremo, a quien el Gobierno ha emplazado a que informe sobre esa solicitud al ser el órgano que dictó la sentencia.

La norma contemplaba la prórroga de la suspensión de los desahucios y la revalorización de las pensiones.

La licitación se refiere a cuatro partidos en abierto de la 1ª División de la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF) a partir de la temporada 2025/26.

La CNMC recuerda que la LPFF solo puede ejercer las facultades de comercialización conjunta previstas en el Real Decreto-ley 5/2015.

Algunas de las condiciones establecidas en la licitación no se ajustan a los requisitos previstos en esta norma

El porcentaje de personas en España que no acude a su puesto de trabajo por incapacidad temporal (IT) ascendió al 4,5% en 2024, durante la semana en la que se realizó la encuesta, lo que supone un 73% más que en 2018, de acuerdo con un estudio realizado por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

El análisis y la aplicación práctica, tras 10 años de vigencia, del certificado sucesorio, basado en la jurisprudencia generada por el TJUE y por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (antigua DGRN).