En nuestra sección «De decana a decana» Concepción Pilar Barrio del Olmo, decana del Colegio Notarial de Madrid, dialoga con Sonia Calaza, decana de la Facultad de Derecho de la UNED y coordinadora de la sección, sobre el presente y el futuro de la función notarial y otros temas de la actualidad jurídica.

El acoso entre iguales o bullying en el ámbito escolar es un lamentable fenómeno que se da, más veces de las deseadas, en el día a día de nuestros centros educativos. Se trata de un acoso en el que la menor edad de sus protagonistas, victimario y víctima, en modo alguno supone que sean pequeños los ataques a través de los que se manifiesta. Y es que, antes al contrario, la conducta cruel y despiadada del acosador se integra por múltiples y variados actos injustos hacia el destinatario de su ira y de su intolerancia, que acaban por laminarle interiormente hasta el punto de zaherir la entraña misma de su integridad moral como persona. Y es en este punto que se constituye en un deber de primer orden de los responsables educativos prevenir la aparición de estos comportamientos o, de otro modo, atajarlos, en su fase más embrionaria, para evitar que pasen a mayores, sancionando al culpable y reconfortando a la víctima; pues de otro modo, esa resultancia, a modo de atentado contra la integridad moral podría resultarles directamente reprochable, a título de comisión por omisión. Siendo que, en esta comunicación, se analizan las bases sobre las que se asienta esta responsabilidad del adulto en virtud de su «posición de garante» de la indemnidad de los menores confiados a su cargo, así como se arroja luz acerca de cuál debe ser el modo de conducirse de esas autoridades y responsables educativos para no incurrir en esa culpa

El presente artículo pretende dar una primera pincelada a la aplicación de la Ley Orgánica 1/25 al procedimiento monitorio previsto en LPH; a su vez intentaremos resolver una serie de cuestiones que en la práctica se pueden plantear. La necesidad o no del MASC en este tipo de reclamaciones es otra de las cuestiones básicas que se formulan, la facultad de negociar del presidente y las distintas opciones que se pueden presentar y cuál puede ser el mejor método alternativo a aplicar, en su caso.

La calificación del proceder antijurídico para que pueda declararse la responsabilidad de la Administración penitenciaria ante el hecho suicida consumado por el interno descansa en el deber público de tutela que reclama la verificación de la obligación de actividad en cumplimiento de las medidas preventivas en adecuada relación causal con el resultado evitable.

La revista Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, nº 129 septiembre-diciembre 2025, firmado por Angel Carrasco Perera, catedrático de Derecho Civil Universidad Castilla-La Mancha y secretario de la revista.

Tras la jubilación, se ha cerrado una etapa importante de la vida, pero puede dar comienzo otra no menos importante y socialmente necesaria: la del quehacer solidario. La del trabajo altruista desempeñado junto a otras personas en entidades de reconocida solvencia.

La Comisión Europea ha presentado su propuesta para una nueva Ley de Redes Digitales (DNA, por sus siglas en inglés) con la que impulsar la inversión e innovación en el sector para favorecer los servicios entre países y ampliar las redes; si bien renuncia en esta reforma a establecer una tasa para que las grandes plataformas de creación de contenido, como Google, Netflix o Amazon, pagaran un peaje a los operadores por el uso de sus infraestructuras.

El Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) y el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) han adoptado un Dictamen Conjunto sobre la Propuesta de la Comisión Europea para el 'Ómnibus Digital sobre IA' . La Propuesta busca simplificar la implementación de ciertas normas armonizadas bajo la Ley de IA para garantizar su aplicación efectiva.

El arrendador del alojamiento ha cometido una negligencia grave al infringir el artículo 6 del RGPD. La AEPD confirma que la videovigilancia interior atenta contra la inviolavilidad domiciliaria, y los pisos turísticos se consideran domicilios a efectos constitucionales.

Constatado que la empresa, tras la intensa presión desplegada por el acusado, llegó a emitir y entregar un cheque por importe de 4.000 euros, la voluntad de su administrador quedó efectivamente doblegada, viéndose compelido a asumir un comportamiento contrario a su inicial decisión de no pagar cantidad alguna.

La explotación de la empresa por la adjudicataria debe calificarse de mera cesión temporal. La resolución del proceso de transmisión por el doloso incumplimiento de sus obligaciones determinó que la concursada recuperara la industria cedida y la titularidad de los contratos laborales, lo que debe calificarse de sucesión de empresa con los efectos del art. 44.2 ET.

La necesidad transitoria y cíclica de reforzar la plantilla durante la temporada de alto riesgo de incendios, confirma que las contrataciones están alineadas con las funciones empresariales reguladas y no incurren en fraude laboral.

En la calificación del curso selectivo de acceso al Cuerpo fue sancionado con la pérdida de quince puntos pero el TC considera vulnerado el derecho fundamental a la legalidad sancionadora al basarse la sanción en un precepto reglamentario carente de cobertura legal.

Denegar a una agrupación autónoma de personas que cumpla todos los requisitos establecidos en la Directiva del IVA la mencionada exención por el mero hecho de que la prestación de servicios realizada a los miembros de esa agrupación sea una prestación de servicios de carácter general que también puede realizarse a otras personas, limitaría el ámbito de aplicación de la Directiva.

En sus conclusiones el Abogado General indica que, no obstante, un Estado miembro no está obligado a expedir un permiso de residencia provisional.

El diseño de chatbots que plantean retos y de creatividad aumentada ayudarán a los bufetes a optimizar las competencias de su talento interno.

La jornada, organizada por la Fundación Pro Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, reunió a las voces más autorizadas del ámbito académico y profesional de España para abordar uno de los mayores desafíos socioeconómicos del país.

Con la entrada en vigor de la nueva norma, el Centro Español de Mediación tramita casos por una cuantía agregada en disputa de más de 6.5 millones de euros en 2025.

Asume la doctrina del paréntesis al entender que la interrupción de casi 10 años del mercado laboral fue “una separación temporal condicionada por las necesidades de cuidado de sus dos hijas”.

El Tribunal Supremo ha rechazado la medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid de suspender doce actos administrativos de traslado a la región madrileña de menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Ceuta y Canarias.

Los afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que también incluye reducción de jornada o suspensión de contratos, cayeron un 58,1%.

El departamento que dirige Elma Saiz ha destacado que, en comparación con el número de afiliados contabilizados a 15 de enero de 2025, en el último año se han ganado 480.950 afiliados atendiendo a los registros de la serie diaria.

El ministro de Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha aseguradoque la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE) se implantará "tan pronto como sea posible", cumpliendo así lo acordado con los sindicatos.

El coste para las arcas del Estado se situaría en una horquilla de entre 625 y 650 millones de euros anuales.