El evento, que tendrá lugar el próximo 3 de febrero, profundizará en la confluencia crucial entre la inteligencia artificial y la protección de datos personales dentro del contexto europeo, donde el Reglamento General de Protección de Datos es la norma fundamental.

Se analizan en este trabajo las posibilidades que la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia permite para la progresiva implantación del nuevo modelo organizativo (NUMO) respecto a la unificación de criterios, la coordinación entre el Tribunal de Instancia y los Servicios Comunes, el impulso del proceso y la dación de cuenta, y ello bajo la perspectiva de que es imprescindible dotar de cierta flexibilidad a todos los partidos judiciales en dicho proceso, tal y como se acordó en la Conferencia Sectorial de Justicia del día 22 de diciembre de 2025, en función de las necesidades organizativas y de las cargas de trabajo.

La pasada noche del 30 al 31 de diciembre, fallecía un joven tras haber ingerido ingentes cantidades de alcohol y cocaína en un breve lapso de tiempo. La víctima estaba realizando un reto por streaming en el que sus espectadores le ofrecían donaciones monetarias a cambio de seguir realizando esa actividad peligrosa. El rechazo social a casos como el relatado invita a analizar su posible relevancia jurídico-penal, muy especialmente, en lo que a la imputación de la muerte de la víctima a los espectadores que lo animaron se refiere.

Los MASC, conocidos como Medios Alternativos de Solución de Controversias, entraron en vigor en nuestro ordenamiento jurídico el 3 de abril de 2025 con la Ley Orgánica 1/2025, cuyo objeto principal es establecer un requisito preprocesal de procedibilidad previo al acceso a la vía judicial. Esto es, la idea principal era establecer un mecanismo destinado a resolver los conflictos sin necesidad de buscar la solución en un tribunal mediante la realización de cualquier tipo de actividad negociadora prevista reconocida por la ley.

Como resulta bien sabido, la Unión Europea aprobó una normativa —Reglamento (UE) 2023/851— por la que todos los automóviles de turismo y furgonetas nuevos comercializados en el territorio de la Unión debían tener unas emisiones, para el año 2035, de 0 gramos de CO₂/km. En la práctica, esto implica que únicamente los vehículos de cero emisiones podrán venderse a partir de dicha fecha y, por tanto, que cualquier modelo que tenga mecánica de combustión no podrá venderse nuevo.

Recientemente, y después de meses de incertidumbre, quejas públicas de directivos automovilísticos, importantes presiones de la industria —sobre todo, de la industria y política alemana— y un número de matriculaciones de vehículos eléctricos que no ha logrado alcanzar las cifras inicialmente previstas por los expertos, la Unión Europea ha aceptado replantear las exigencias para la venta de vehículos nuevos.

Resulta, por tanto, preciso estudiar la idoneidad de la norma y las posibles consecuencias, positivas y/o negativas, que puede suponer para la industria del automóvil, especialmente europea, pero también internacional.

La cuantía de la indemnización no debe depender de la complejidad del proceso ni de la instancia en que se reconozca el derecho, sino de la infracción del INSS a un derecho fundamental y la cifra de 1.800 euros, ya aplicada en pronunciamientos anteriores, se considera adecuada para la reparación del daño.

No puede ser considerado como incumplidor de su obligación personal de contribución al sostenimiento de los gastos generales que contempla el art. 15.2 LPH para la exclusión del derecho de voto. No puede confundirse la garantía real a la que legalmente viene afecto el inmueble adquirido por el nuevo propietario, con la responsabilidad personal que, como único sujeto obligado susceptible de incurrir en mora, recae exclusivamente sobre el propietario anterior.

Las sanciones de tráfico son personalísimas, y el pago de la sanción no constituye un factor legitimador, aunque fuera la empresa quien abonó la multa y el recargo correspondiente cuando se inició el procedimiento de apremio.

Es tiempo de presencia y no de descanso el que pasa un conductor profesional a bordo del ferry acompañando al camión transportado, aunque disfrute de un camarote con cama o litera.

Siguiendo la doctrina del Supremo, el TEAC unifica su criterio tras analizar los efectos de la estimación parcial de una reclamación económico-administrativa.

Todas las percepciones económicas, en dinero o en especie, recibidas por el trabajador que retribuyan el trabajo en efectivo, tienen la consideración de embargables.

La Sala determina que No es necesario que la compañía aérea conozca el importe exacto de dicha comisión.

Bajo el lema “Orgullo de Abogacía malagueña”, la institución ha diseñado una programación que combina actos culturales, académicos, reivindicativos y festivos.

La Sala de Gobierno de la AN manifiesta, en el acta de su última reunión, su preocupación por el posible impacto en el funcionamiento de la Justicia de la protesta promovida por ALTODO y asumida por el ICAM. La renuncia colectiva responde a la falta de medios para garantizar una defensa técnica adecuada en procedimientos de especial complejidad como los de terrorismo o crimen organizado.

Estas prácticas podrían ser infracciones de la normativa como "prácticas desleales por engañosa" y, por tanto, acarrear sanciones.

El Tribunal Supremo ha dictaminado que tanto los fondos como los bancos son responsables por cláusulas abusivas de préstamos e hipotecas que hayan sido titulizados, según una reciente sentencia.

El proyecto nace de la colaboración pública-privada con la empresa TRIBBU.

El proyecto piloto comienza el lunes 19 de enero y tiene un potencial alcance de más de 5.000 empleados.

Ya son seis las empresas que se han unido al proyecto y cuyas instalaciones están ubicadas en el entorno del distrito 28027: Banco Santander, Alsa, Grupo Planeta, Vocento, ASISA y la propia DGT.

Uno de cada diez siniestros de trabajo con baja es de tráfico y, dentro de ellos, el 72% se produce en desplazamientos in itinere, es decir, en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aseguran que las seis comunidades autónomas (CC.AA.) que obtienen más financiación con el modelo vigente, en términos absolutos, seguirán en el mismo orden con la reforma propuesta.