El próximo 22 de enero la Fundación Aranzadi LA LEY presentará la XIX edición del «Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia», un sistema objetivo de estudio y análisis de la actividad judicial a través de diez indicadores permanentes que permiten valorar su evolución de forma transparente.

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (BOE 3 enero 2025), crea los Tribunales de Instancia, y además regula, de manera complementaria, la conclusión de los trabajos de desarrollo e implantación de una Oficina judicial adaptada a esta nueva organización judicial, de implantación progresiva, cuyo proceso, al menos en teoría, ha concluido el 31 de diciembre de 2025.

Como veremos, se trata de una auténtica revolución de la Justicia española (la 3.ª), que, en principio, parece culminar con la citada LO 1/2025 y que se inició con la LO 19/2003, ambas de reforma de la LOPJ; pues la primera tuvo su origen en la LOPJ 1870 y la segunda en la LOPJ 1985 y normativa complementaria.

El presente «Diálogo» busca examinar con rigor y pluralidad las cuestiones más relevantes del Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal publicado en el BOCG el pasado 14 de noviembre de 2025, abordándose elementos controvertidos como el papel investigador del Fiscal, la figura del «Juez de Garantías» o la reforma del régimen jurídico de la acusación popular.

La comisión de un hecho delictivo hace surgir la correspondiente acción para exigir la responsabilidad penal, pero también da lugar a la acción civil, para exigir la responsabilidad civil nacida de ese delito. En este artículo se analizan distintos aspectos de esta responsabilidad civil que pueden plantear problemas en la práctica, a la luz de la Jurisprudencia de Tribunal Supremo, teniendo presente que la acción civil derivada del delito no pierde su específico carácter civil y, por tanto, no se desnaturaliza por ejercitarse dentro del proceso penal, aunque puede presentar diferentes matices en su interpretación y aplicación.

La digitalización de la Justicia está produciendo una alteración silenciosa de las garantías procesales esenciales. La supresión de la firma del letrado de la administración de justicia en los autos convierte resoluciones judiciales en actos potencialmente nulos y despoja al expediente judicial electrónico de su carácter público y fehaciente. No se trata de una cuestión técnica, sino de una erosión silenciosa de la seguridad jurídica y de las garantías del artículo 24 de la Constitución, normalizada por la inercia de los sistemas informáticos, y de quienes los controlan

Sin embargo advierte contra la difuminación de las fronteras administrativas y penales. El tratamiento de datos personales con fines administrativos y con fines de aplicación de la legislación penal se rige por regímenes y principios jurídicos distintos, y esta separación debe reflejarse cuidadosamente en el marco jurídico.

Grok, la herramienta de inteligencia artificial (IA) de la red social X (antes Twitter), ha limitado su generador de imágenes tras la polémica de las fotografías sexualizadas demandadas por miles de usuarios, entre las que se encuentran menores de edad.

La revista LA LEY Penal te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, nº 177, noviembre-diciembre 2025, firmado por José-Zamyr Vega Gutiérrez y Carmen Pérez-Sauquillo Muñoz, profesor contratado doctor y profesora permanente laboral de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá.

Adapta su jurisprudencia a la doctrina constitucional plasmada en la STC 125/2025 y declara que cuando el consumidor se vea obligado a acudir a la segunda instancia para no verse vinculado por una cláusula abusiva y su recurso de apelación o la impugnación de la sentencia de primera instancia resulten total o parcialmente estimados, las costas de esa segunda instancia deberán imponerse al profesional predisponente. Además, establece que cuando se estime parcialmente el recurso del banco, éste ha de abonar la mitad de las costas del recurso de apelación causadas al consumidor.

La contratación de la fianza, lógicamente impuesta por la prestamista, provoca una evidente desproporción entre las garantías pactadas y el riesgo asumido por el acreedor, contraria a las exigencias de la buena fe.

Declara el TS que, en el caso de jornadas especiales, se pueden adaptar los días adicionales de vacaciones, con el fin de que el tiempo de descanso de las vacaciones anuales sea el mismo para todos los funcionarios públicos.

Si una trabajadora con jornada reducida ve su contrato extinguido por causas económicas tras el cierre de la empresa, y dicha extinción es declarada improcedente, el salario considerado para la indemnización debe ser el que correspondería sin la reducción.

Acuerdos adoptados en junta sectorial de magistrados de las secciones de Familia de la Audiencia Provincial de Madrid celebrado el 6 de noviembre de 2025.

El sector público autonómico queda conformado por la Administración de la Comunidad de Madrid y el sector público institucional, en el que se incluyen, en primer lugar, los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración de la Comunidad de Madrid, que pueden adoptar la forma de organismos autónomos o de entes de Derecho público, bien de régimen especial o bien, sometidos a derecho privado. Forman parte, así mismo, del sector público institucional las sociedades mercantiles, los consorcios adscritos, las fundaciones del sector público y las universidades públicas.

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Ley 5/2025, de 31 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2026, incorpora una nueva deducción por gastos derivados de la enfermedad celíaca diagnosticada, extiende al ejercicio 2026 la aplicación de la deducción por la adquisición de vehículos eléctricos nuevos o kilómetro cero, enchufables y de pila de combustible e introduce en numerosas deducciones preexistentes a los concejos en riesgo de crisis demográfica, junto a los que se encuentran en riesgo de despoblación.

Asimismo, se realiza ajustes en el ámbito del ITPAJD y diversas modificaciones en materia de tasas.

Los despachos toman conciencia de la importancia de tener a un equipo comprometido y los incentivos no monetarios pueden resultar más eficaces a largo plazo.

Así lo ha señalado en en la entrega de despachos de la XXIII promoción del cuarto turno para juristas. Los 51 integrantes de la promoción -33 mujeres y 18 hombres- se incorporarán a órganos judiciales de Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y el País Vasco.

El comisario europeo de Vivienda Dan Jorgensen ha defendido que el futuro plan sobre alquileres de corta duración -que la Comisión prevé presentar este año dentro de una Ley de Vivienda Asequible- se centrará en definir "zonas tensionadas" y otorgar a las autoridades una "caja de herramientas" para limitar impactos negativos sin imponer una prohibición general en toda la UE.

Los eurodiputados también defienden que se mantengan sin cambios derechos ya consagrados para los pasajeros como el umbral actual de tres horas de retraso (o cancelación o denegación de embarque) y las sumas de compensación previstas.

la vicepresidenta Yolanda Díaz ha cargado contra la propuesta porque considera que supone "regalar dinero público a los rentistas", algo que ha tachado de "grave error".

La compañía se dedica a la comercialización mayorista de productos de peluquería y cosmética y a la venta minorista a través de su web.

Entre 2010 y 2024, desplegó múltiples prácticas anticompetitivas, relacionadas con la fijación de precios y la imposición de condiciones comerciales para la reventa de sus productos.

Sus conductas fueron especialmente graves, al contar con mecanismos de control y amenazas a los distribuidores que se desviaran de los precios fijados.

Es la segunda resolución en la que la CNMC fija directamente el alcance y duración de la prohibición de contratar con el Sector Público.

La Sala de lo Contencioso rechaza la reclamación total de 8.300 euros al no acreditar los daños de forma “real y efectiva”. Recuerda que la carga de la prueba corresponde al contratista.