La solución de cuestiones de competencia territorial relacionadas con delitos patrimoniales cometidos a través de Internet ha enfrentado a la Sala 2ª del Tribunal Supremo a un complejo dilema jurídico, nacido tras la importación de las doctrinas penalistas de la ubicuidad de corte continental europeo como método para determinar el fuero territorial. A partir de tal penetración, surgirán teorías basadas, bien en la estricta aplicación de la ubicuidad, bien en la necesidad de corregir ésta mediante la aplicación de criterios correctores, tales como la facilidad investigadora, la conveniencia o funcionalidad de la elección del fuero, o bien en una regresión a los orígenes de la teoría de la ubicuidad a través del criterio de la sencillez de la investigación o la necesidad de acreditar la mejor condición para investigar frente a la complejidad del asunto. Ello ha traído como preocupante consecuencia el desvanecimiento de cualquier intento serio de encontrar una base sólida en la jurisprudencia que permita, bien evitar o reducir el impacto de la creciente conflictividad jurisdiccional, a modo de proliferación de interminables listas de resoluciones que llegan a contradecirse entre sí incluso en un mismo día, bien poder predecir el sentido de aquélla.

En su sentencia 1000/2025, de 9 de diciembre (causa especial 20557/2024), la Sala 2ª del Tribunal Supremo considera que los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de divulgación, cometido por autoridad, de datos reservados de los que tiene conocimiento por razón de su cargo (art. 417.1 CP). Aquellos consistieron en la filtración de un correo electrónico y en la publicación de una nota con los datos que no debieron ser divulgados por su afectación a los derechos enmarcados en el derecho al proceso debido. El contenido del correo era el siguiente: «Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar un acuerdo de conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública), así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT».

Para destituir a un representante unitario, solo los trabajadores del colegio electoral que lo eligió están facultados para votar en la asamblea convocada al efecto. Esta interpretación literal y teleológica de los artículos 67.3 y 71.1 del Estatuto de los Trabajadores garantiza la proporcionalidad y representatividad de los colegios electorales. La doctrina unificada establece que permitir la participación de trabajadores de otros colegios vulneraría el equilibrio representativo previsto por el legislador en el sistema electoral de órganos de representación laboral.

La propuesta de Monederos Empresariales Europeos responde a la demanda de simplificación al reducir las cargas administrativas y garantizar el acceso a una identificación digital segura y confiable a través de las fronteras.

El art. 1 CCom considera comerciantes a los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican a él habitualmente. El dinero prestado al esposo se destinó a una inversión financiera mediante la adquisición del 50% del capital social de una compañía mercantil. Ello no es suficiente para considerar al esposo comerciante a los efectos del art. 1 CCom.

Mantenía contacto con individuos vinculados al terrorismo y realizaba labores de adoctrinamiento y propaganda en redes.

Recibió privadamente el encargo de investigar posibles irregularidades en un procedimiento concursal, no cometiendo cohecho pasivo ni descubrimiento y revelación de secretos ni falsedad en documento mercantil.

En la medida en que la madre de la trabajadora precisa de una supervisión  activa, pues se le deben suministrar un cúmulo de medicamentos respetando la pauta marcada, se trata de un suceso imprevisible e inevitable, que es como se caracteriza a la fuerza mayor que habilita el derecho al permiso.

Establece los niveles mínimos de calidad, los derechos de la clientela y los sistemas de evaluación de los servicios de atención al cliente de las empresas que presten servicios de carácter básico de interés general y grandes empresas, con el objetivo de reforzar la protección efectiva de las personas consumidoras, especialmente las más vulnerables. Se pretende que la norma abarque los desarrollos tecnológicos tanto presentes como futuros, pudiéndose hacer uso de sistemas de inteligencia artificial que faciliten y sistematicen las comunicaciones entre las partes; no obstante, se considera fundamental que la clientela pueda acceder, si así lo desea, a una atención personalizada por parte de la empresa, que deberá ser prestada por personas formadas para ello.

La Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía establece un marco normativo integrado para garantizar el acceso a una vivienda adecuada y accesible. Establece competencias para administraciones públicas y promueve la colaboración público-privada, incluyendo el Consejo Andaluz de la Vivienda como órgano de coordinación. Además, fomenta la rehabilitación del parque inmobiliario, establece medidas contra la ocupación ilegal y define el régimen de vivienda protegida, detallando derechos, obligaciones, y procedimientos de adjudicación.

Se amplía hasta el 31 de diciembre del 2026, el plazo de aplicación del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario para determinadas actividades, que se aprobó por el Decreto ley 12/2021, de 30 de septiembre y que ya había sido prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2025.

Los responsables de liderar las organizaciones deben asumir el reto de la innovación tecnológica sin descuidar a las personas, un desafío que no deberían dejar al azar ni a la improvisación.

La emisión de una factura proforma sólo puede tener un valor de declaración unilateral, imponiéndose la carga de la prueba al letrado acerca del alcance de la relación profesional contratada y el efectivo desempeño de los servicios que se reclaman, ante la oposición formulada por los demandados.

Ratifica también la decisión del TSJ de Galicia de absolver por falta de prueba a un cuarto acusado que había sido condenado como cómplice por la Audiencia.  La Sala comparte que en el caso concurrieron todos los requisitos para apreciar la agravante de alevosía, que configura el delito como asesinato.

La Ley vasca de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, que recoge diversas medidas para flexibilizar la normativa y agilizar la tramitación para impulsar la construcción de pisos, entre ellas, la reducción de la reserva para la vivienda de protección pública del 75 al 60%, ya ha entrado en vigor.

Organizaciones feministas (Alianza contra el Borrado de las Mujeres y Federación Mujeres Jóvenes) han alertado de retrocesos y falta de cumplimiento de leyes en materia de igualdad en 2025.

La Audiencia Provincial impone 18 meses de prisión a la madre de los menores por un delito de hurto agravado. El Tribunal aprecia que la actuación de la acusada se llevó a cabo con ánimo de enriquecimiento ilícito.

La intención es evitar que las jornadas de los y las profesionales en formación sanitaria especializada -MIR, FIR, BIR, EIR, entre otros- superen los límites máximos permitidos.

Los españoles que quieran jubilarse a partir del 1 de enero de 2026 con el 100% de la pensión tendrán que tener al menos 66 años y 10 meses cumplidos, en virtud de la reforma de pensiones de 2013, en la que se elevaba progresivamente la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años en un horizonte total de 15 años.