Ya estamos en el último mes de 2025. Hoy 30 de diciembre lo dedicamos en exclusiva al Especial de la Unión Europea. Les ofrecemos una selección de lo más importante publicado en la revista mensual. Esperamos que sus contenidos les resulten de utilidad, deseándoles una feliz nochevieja y nuestros mejores deseos para 2026.

El presente estudio examina el proyecto de euro digital en un momento decisivo para su desarrollo institucional. Tras el impulso político dado el 23 de octubre de 2025 y la decisión del Consejo de Gobierno del BCE del 29 de octubre de avanzar a la siguiente fase técnica, el Eurosistema trabaja con el objetivo de estar preparado para una posible primera emisión en 2029, siempre que el Reglamento europeo correspondiente se adopte en 2026. Antes de ello, se prevé la realización de un ejercicio piloto y de las primeras transacciones hacia mediados de 2027. En esta etapa, el Eurosistema se centrará simultáneamente en desarrollar la infraestructura técnica inicial, validar funcionalidades básicas, intensificar la colaboración con proveedores de servicios de pago, comercios y consumidores, y apoyar estrechamente el proceso legislativo, aportando criterios técnicos sobre elementos esenciales como los límites de tenencia o el modelo de compensación del nuevo instrumento.

El análisis sostiene que el euro digital constituye un proyecto estructural en el que confluyen innovación tecnológica, estabilidad financiera y autonomía estratégica europea. La digitalización de los pagos y la proliferación de criptoactivos obligan a replantear la función del dinero público y a preservar el equilibrio entre dinero del banco central y dinero bancario. El estudio examina el fundamento jurídico del euro digital, los riesgos de desintermediación, las salvaguardias necesarias en materia de privacidad y su interacción con la política monetaria. La comparación internacional muestra que una CBDC eficaz requiere límites prudenciales, gobernanza sólida, infraestructura tecnológica bajo jurisdicción europea y una comunicación institucional clara que favorezca su aceptación social. En conjunto, el euro digital se presenta como un instrumento destinado a reforzar la resiliencia del sistema de pagos, reducir dependencias extracomunitarias y asegurar que el dinero público mantenga plena operatividad en el entorno digital contemporáneo.

La falta de concreción jurídica de las legislaciones europeas sobre el bienestar animal y su calificación como seres dotados de sensibilidad ha ocasionado diversos debates y litigios en distintas áreas del Derecho. El trabajo se centra ahora en la dicotomía jurídica entre la consideración del animal como ser sintiente y su tratamiento como «equipaje» en el ámbito del transporte aéreo internacional. La más reciente jurisprudencia, sin negar la especial condición de estos animales, valora la cuantificación del daño moral de una pasajera por la pérdida de su mascota utilizando las cantidades fijadas para el equipaje en el Convenio de Montreal. Se reflexiona y se realiza una crítica científica con el objetivo de realizar una propuesta legislativa armonizada a nivel europeo para considerar una nueva categoría protegida, distinta a las cosas y las personas, específica para los animales que conviven con las personas, intentando salvar la actual situación de inseguridad jurídica y una reparación del daño a los titulares de mascotas que actualmente resulta insuficiente. Esta nueva categoría, en buena técnica legislativa, debería ir acompañada por un baremo propio y con criterios objetivos de indemnización aplicable a la responsabilidad por daños patrimoniales y morales, enmarcado en la horquilla de cuantía superior a la del equipaje convencional pero inferior al mínimo establecido para los daños infringidos a humanos.

Sin sujetarse a normas preestablecidas, ni siquiera de soft law, la Comisión Europea, en su actividad de control de la aplicación del Derecho de la UE, está aplicando un nuevo «procedimiento», denominado «diálogos administrativos», basado en «cartas administrativas» («administrative letters»); cuya finalidad es evitar los plazos y otras normas aplicables tendentes a que su obligación de velar por que se apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de éstos (artículo 17 del Tratado de la UE), esté presidida por el principio de buena administración.

El propósito de este trabajo de investigación consiste en analizar las medidas que tienen por objeto prevenir la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada en el sector público a la luz del TJUE y de la jurisprudencia nacional. En concreto, se analizan las conclusiones del Abogado General presentadas el reciente 9 de octubre de 2025 en el Asunto C-418/24 contra la Comunidad de Madrid, ante una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo y que tiene por objeto la interpretación de la cláusula 5 del Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999

El estudio examina la delicada cuestión del mantenimiento provisional de los efectos de un acto nacional declarado contrario al Derecho de la Unión y, en particular, la tensión que ello genera respecto del principio de primacía. La regla general —el «efecto de exclusión» del Derecho nacional incompatible— comporta una eficacia retroactiva inmediata: el juez nacional debe desplazar sin reservas la norma interna. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha admitido, en circunstancias estrictamente excepcionales, la posibilidad de que se mantengan temporalmente los efectos de una disposición nacional anulada cuando su anulación inmediata genere un vacío normativo más perjudicial para la finalidad perseguida por el propio Derecho de la Unión. Los casos Inter-Environnement Wallonie y Association France Nature Environnement constituyen los pilares de esta doctrina. En ellos, el Tribunal de Luxemburgo permitió que el órgano jurisdiccional nacional, bajo condiciones muy precisas, prorrogara provisionalmente la eficacia de disposiciones internas adoptadas con infracción de exigencias formales de las Directivas sobre evaluación ambiental, siempre que dichas normas, en su contenido material, representaran una transposición adecuada del Derecho de la Unión y que su desaparición inmediata causara un perjuicio mayor al medio ambiente. La sentencia Osteopathie Van Hauwermeiren, por el contrario, reafirma que esa excepción no opera cuando la norma nacional vulnera la Directiva IVA: en estos ámbitos, solo el Tribunal de Justicia puede suspender los efectos del principio de primacía, excluyéndose de plano consideraciones meramente administrativas o de gestión tributaria. El trabajo concluye que la excepción nunca puede transformarse en regla: la primacía conserva plena vigencia y solo cede, excepcionalmente y caso por caso, ante consideraciones imperiosas vinculadas a la protección medioambiental y bajo control estricto del Tribunal de Justicia.

El TJUE, en una reciente decisión sobre la extensión de efectos a terceros de los acuerdos de elección de foro, incorpora nuevos criterios interpretativos para esta cuestión. En un inusual caso en el que el tercero es quien invoca la cláusula de jurisdicción, el TJUE centra su análisis en la previsibilidad para el demandado de ser citado ante el órgano jurisdiccional designado en la cláusula de jurisdicción. Esa previsibilidad —más intensa para quien fue parte original del acuerdo— se convierte en el elemento clave para determinar si existe un acuerdo de elección de foro efectivo entre dicho demandado y el tercero demandante.

El art. 25 Bruselas el arte 25 groseras y regula los acuerdos de elección de foro y, en particular, su validez material, aunque no de forma directa: remite a las causas de nulidad previstas en el Derecho del Estado miembro cuyos tribunales hayan sido designados. Esta remisión plantea incertidumbres sobre qué aspectos de la validez material dependen realmente del Derecho nacional. Una interpretación amplia introduciría normas estatales muy diversas que pondrían en riesgo la uniformidad y previsibilidad del sistema europeo de competencia judicial. Para evitarlo, el TJUE ha limitado el alcance de esa remisión, excluyendo cuestiones que podrían comprometer la eficacia del art. 25 Bruselas I-bis. Sin embargo, lo ha hecho sin un criterio estable, recurriendo a argumentaciones puntuales que generan nuevas dudas. La sentencia Pome es ejemplo de ello: distingue entre causas generales y específicas de nulidad para ajustar el alcance del concepto de validez material, pese a que dicha distinción no tiene apoyo claro en el Derecho derivado. Ese proceder también conlleva descartar alternativas potencialmente más simples, como sería recurrir a otras categorías existentes como la de la inadmisibilidad de los pactos, lo cual facilitaría una interpretación más simple del art. 25 Bruselas I-bis.

En el presente trabajo se comenta la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 30 de octubre de 2025 (Asunto C-2/23), que aborda la interpretación del Derecho de la Unión en materia de competencia, específicamente las Directivas 2014/104/UE (Directiva de daños) y 2019/1/UE (Directiva ECN+). El procedimiento prejudicial que da origen a este pronunciamiento surgió en Austria a partir de la incorporación de declaraciones de clemencia y solicitudes de transacción, presentadas previamente en un procedimiento de cárteles, a una investigación penal. El núcleo del conflicto que se analiza aquí radica en articular el derecho penal, los derechos fundamentales y el Derecho de la Competencia, garantizando la aplicación efectiva de la normativa antitrust y el efectivo resarcimiento de los daños, sin menoscabar la eficacia del programa de clemencia.

Este artículo comenta la Sentencia del TJUE de 13 de noviembre de 2025 que desestima el recurso de casación de BNP y confirma la Sentencia del TGUE de 25 de octubre de 2023 por la que dicho Tribunal había desestimado el recurso de BNP contra la Decisión de 13 de agosto de 2021 de la JUR que le indicó a BNP que le devolvería las garantías que respaldaban los compromisos irrevocables de pago al FUR cuando abonara en efectivo cantidades de un importe igual al importe de los diferentes compromisos en cuestión.

Este estudio comenta la Sentencia de la Sala Séptima Ampliada del TGUE 19 de noviembre de 2025 (asunto T-367/23, Amazon EU/Comisión) por la que desestima el recurso de anulación interpuesto por AMAZON contra la decisión de la Comisión por la que se designó a la plataforma AMAZON STORE como «plataforma en línea de muy gran tamaño». Se trata de una Sentencia paradigmática porque plantea y resuelve la delicada cuestión del equilibrio entre la prestación de los servicios digitales por las plataformas gigantes y el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y las empresas y muy especialmente la protección de los consumidores.

Comentario de la reciente resolución del TUP en la que se adopta una medida antitproceso tendente a evitar el otorgamiento de una licencia de alcance global por parte de los tribunales del Reino Unido en el contexto de la litigación relativa a patentes esenciales para normas. Se valora el fundamento de la medida en el marco de las reglas de la Unión Europea sobre competencia judicial internacional y derecho aplicable en materia de infracción de patentes.

Al establecer el art. 24.4º del Reglamento Bruselas 1 bis que los tribunales del Estado miembro donde reside el demandado pueden conocer de una acción por infracción de una patente concedida en otro Estado miembro, esto se mantiene incluso si el demandado cuestiona la validez de la patente, cuya decisión corresponde exclusivamente al Estado que la expidió. Además, el art. 24.4º no se aplica a tribunales de terceros Estados. Por ello, no les otorga ninguna competencia para decidir sobre la validez de patentes emitidas o validadas en esos Estados. Si un tribunal de un Estado miembro conoce de una acción relativa a una patente de un tercer Estado, puede pronunciarse sobre la excepción de validez sin afectar al registro de ese país.

El Tribunal de Justicia condena a Grecia a pagar a la Comisión Europea una multa coercitiva de 12 500 euros por día de retraso hasta que se dé ejecución a la sentencia de 2014 y una suma a tanto alzado de 5 500 000 euros.

El art. 25.1º del Reglamento Bruselas I bis permite que un tercero, como cesionario de un crédito indemnizatorio nacido de un contrato con cláusula de elección de foro, invoque dicha cláusula frente al deudor cedido en las mismas condiciones que lo habría hecho el contratante originario. Esto es posible sin necesidad del consentimiento del deudor cuando, según el Derecho nacional aplicable, la cesión transmite también los derechos accesorios del crédito, incluido el derivado del acuerdo atributivo de competencia, salvo que las partes iniciales hubieran pactado expresamente su inoponibilidad en caso de cesión.

El art. 25, ap. 1, del Reglamento Bruselas I, debe interpretarse en el sentido de que un requisito impuesto por el Derecho nacional aplicable en el Estado miembro del órgano jurisdiccional cuya competencia se ha acordado entre partes contratantes, según el cual un acuerdo atributivo de competencia celebrado entre personas físicas solo es válido si el litigio en cuestión está relacionado con la actividad económica o profesional de estas partes, no constituye una causa de «[nulidad] de pleno Derecho en cuanto a su validez material», en el sentido de dicha disposición.

El Tribunal de Justicia confirma que una entidad que abandona el ámbito del Reglamento 806/2014 debe abonar en efectivo los importes respaldados por compromisos de pago irrevocables antes de recuperar sus garantías. Sostiene que el Tribunal General interpretó correctamente el art. 67.3 del Reglamento de Ejecución 2015/81 en conexión con los arts. 69 y 70 del Reglamento 806/2014, preservando la finalidad de garantizar los recursos del FUR. Rechaza la distinción entre «recaudar» y «abonar» y afirma que permitir la salida sin pago vulneraría el principio de igualdad de trato. La anulación de un CPI no elimina la obligación subyacente de aportar al Fondo. Tampoco existe conflicto normativo que permita invocar el principio lex specialis. Finalmente, descarta cualquier falta o contradicción en la motivación del Tribunal General. En consecuencia, desestima íntegramente el recurso de casación.

El Tribunal General declara admisible y desestima el recurso, confirmando que el art. 633(1) del Reglamento DSA no vulnera la libertad de empresa, el derecho de propiedad, la igualdad, la privacidad ni la libertad de expresión, considerando que las obligaciones son proporcionadas y necesarias para prevenir riesgos sistémicos y proteger a los consumidores. Las alegaciones sobre alternativas menos gravosas y costes económicos también se rechazan. En consecuencia, el Reglamento se mantiene íntegramente válido.

El DO L, 2025/2205, 5.11.2025) publica la Directiva (UE) 2025/2205 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2025, que moderniza de forma integral el marco europeo de los permisos de conducción. La nueva norma —que sustituye a la Directiva 2006/126/CE y deroga el Reglamento (UE) n.^o 383/2012— establece un sistema armonizado a escala de la UE que impulsa la digitalización del permiso de conducción, refuerza la seguridad vial, amplía la protección de los usuarios vulnerables y mejora el reconocimiento transfronterizo de los permisos entre los Estados miembros.

El DO L, 2055/2206, 5.11.2025 publica la Directiva (UE) 2025/2206 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2025, que modifica la Directiva (UE) 2025/2205 con el fin de establecer un marco común para la notificación y ejecución en toda la UE de las medidas de privación del derecho a conducir impuestas por un Estado miembro distinto del que expidió el permiso.

Las orientaciones, que forman parte de las “orientaciones integradas” del Semestre Europeo, ofrecen la hoja de ruta común que los Estados miembros deberán seguir para impulsar mercados laborales más inclusivos, resilientes y orientados al futuro, en un contexto marcado por la transición ecológica, la transformación digital, la evolución demográfica y las tensiones geopolíticas internacionales.

El Consejo de la Unión Europea ha publicado el 17 de noviembre de 2025 un proyecto de Directiva que moderniza en profundidad el sistema europeo de resolución alternativa de litigios de consumo (ADR), con el objetivo de ofrecer mayor protección a los consumidores, aumentar la confianza en los mecanismos extrajudiciales y adaptarlos al entorno digital actual. El texto constituye un compromiso de la Presidencia y modifica la Directiva 2013/11/UE, así como las Directivas (UE) 2015/2302, 2019/2161 y 2020/1828.

El 17 de noviembre de 2025 el Consejo dio luz verde a la actualización del mecanismo de la UE para suspender la exención de visado para ciudadanos de terceros países que no lo necesitan al viajar al espacio Schengen. Las normas modificadas permitirán a la UE reaccionar con mayor rapidez y firmeza ante situaciones en las que se abuse de la exención de visado o se perjudique su interés.

El 19 de noviembre de 2025 la presidencia del Consejo y los negociadores del Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre una directiva de la UE que armoniza determinados aspectos del derecho concursal. Al aproximar las normas nacionales de insolvencia, la UE resultará más atractiva para los inversores. Actualmente, los inversores transfronterizos deben tener en cuenta hasta 27 normas de insolvencia diferentes al evaluar una oportunidad de inversión en un país distinto al suyo.

La Comisión Europea está tomando medidas contra varios Estados miembros de la UE que no le han notificado las medidas para transponer las Directivas de la UE a sus legislaciones nacionales. Estos Estados miembros no han transpuesto plenamente tres directivas de la UE relacionadas con la energía y los servicios financieros.

La Unión Europea se mantuvo unida en favor de una acción climática contundente y los objetivos del Acuerdo de París en la COP30, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en el corazón del Amazonas. Con el objetivo de lograr una mayor ambición, los negociadores de la UE trabajaron con sus socios para lograr un acuerdo que reconozca la necesidad de mantener el límite de 1,5 °C de la temperatura media global al alcance y de abandonar los combustibles fósiles.

El DO L, 2025/2360, 26.11.2025 publica la Directiva (UE) 2025/2360 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de noviembre de 2025, relativa a la vigilancia y la resiliencia del suelo, (Directiva de vigilancia del suelo), el primer marco legislativo integral de la Unión Europea destinado a evaluar, controlar y reforzar la salud del suelo en todo el territorio de la Unión. La nueva norma responde al avance acelerado de la degradación del suelo —que afecta aproximadamente al 60-70 % de los suelos europeos— y establece un sistema armonizado de seguimiento, criterios comunes para definir el buen estado del suelo y mecanismos claros para la gestión de terrenos contaminados.

El Reglamento adoptado el 25 de noviembre de 2025 está diseñada para fortalecer la industria de defensa de la UE, fomentar la adquisición conjunta de defensa europea, incrementar la fabricación de defensa y aumentar el apoyo a Ucrania.

El 28 de noviembre de 2025 los ministros de los Estados miembros de la UE y de los países socios del Mediterráneo Sur se reunieron en Barcelona para lanzar conjuntamente el Pacto por el Mediterráneo: un momento histórico para la profundización de la cooperación de la UE con los países mediterráneos.

La Unión Europea refuerza su estructura de preparación sanitaria mediante el nuevo plan de la Unión para la prevención, preparación y respuesta ante crisis sanitarias. Este plan proporcionará a los responsables políticos, los gestores de crisis y las partes interesadas herramientas prácticas, como el intercambio de información, conocimientos especializados y asistencia técnica en caso de crisis, para una acción coordinada en tiempos de crisis sanitaria y así proteger la salud y el bienestar de las personas en toda la UE.

El Consejo ha adoptado el 28 de noviembre de 2025 sus mandatos de negociación sobre dos reglamentos destinados a aplicar los aspectos relacionados con los aranceles de la Declaración Conjunta UE-EE UU, acordada el 21 de agosto de 2025, lo cual supone un paso importante hacia la aplicación de la declaración conjunta, que debería contribuir a restablecer la estabilidad y la previsibilidad en las relaciones comerciales entre la UE y EE.UU.

La 10.ª edición del Foro Europeo de Migración (FME), coorganizado por el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea, instó a una colaboración continua entre la sociedad civil, las instituciones de la UE y los Estados miembros para garantizar que las políticas migratorias sean eficaces, se basen en los derechos y respondan a las realidades sobre el terreno.