¿Cuáles serán los nuevos retos regulatorios del Derecho de Consumo en los próximos años? ¿Estarán ligados al avance de las nuevas tecnologías o a la expansión de la Inteligencia Artificial? ¿Qué papel desempeñará la jurisprudencia en su evolución?

Este Diálogo tiene como objetivo analizar los desafíos emergentes del Derecho de Consumo desde la perspectiva del ciudadano del siglo XXI, concebido como un consumidor activo de bienes y servicios en un entorno digital y globalizado.

La STS —2ª— 1000/2025, de 9 de diciembre, de 238 páginas, recaída en la Causa Especial núm. 20557/2024, condenó al fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz, «como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular pero con exclusión de las restantes. Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales. Le absolvemos del resto de los delitos objeto de la acusación. Los objetos intervenidos en los registros practicados se devolverán a sus titulares y, en su caso, se destruirán, conforme a las previsiones legales». Se une a la sentencia el voto particular absolutorio.

En el presente estudio el autor analiza dicha sentencia y, en general, lo que puede conocerse como el caso García Ortiz, el fiscal general convicto.

En el proceso seguido frente al Fiscal General del Estado se abordan entre otras muchas cuestiones la relativa a la destrucción sistemática de información en virtud del principio de minimización, principio que obliga a los interlocutores jurídicos a limitar el uso de los datos de carácter personal a lo estrictamente necesario. El tribunal enjuiciador sostiene que no existe un deber, ni menos aún un derecho, a la destrucción regular de la información almacenada, afirmando que una supresión sistemática de datos de carácter personal resulta contraria a los principios de integridad y confidencialidad que han de presidir el tratamiento de los datos de carácter personal. Partiendo de estos antecedentes se examina en el presente trabajo el deber de integridad de la información en el tratamiento de los datos de carácter personal desde el punto de vista del derecho al recuerdo y del principio de transparencia de la información.

Se analiza un aspecto importante de la argumentación jurídica de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en relación con la tipicidad de los hechos probados en la sentencia que condena al Fiscal General del Estado como autor de un delito del artículo 417.1 del Código Penal.

La sentencia que condena a ex Fiscal General del Estado, por un delito de revelación de datos reservados, plantea cuestiones de enorme relevancia constitucional y penal, no solo por la persona afectada y la trascendencia institucional del cargo, sino, sobre todo, por el modo en que se articula el razonamiento probatorio y se construye la imputación penal a partir de prueba indiciaria.

La Agencia Española de Protección de datos sanciona con una multa de 5.000 euros a una empresa de explotación de alojamientos turísticos por vulnerar el principio de minimización de datos.

A efectos de lucrar la prestación por desempleo, durante la excedencia que se generó en el seno de un ERE el trabajador no tuvo ninguna limitación para trabajar y haber generado cotizaciones para una mayor duración de la prestación reconocida posteriormente.

Para que proceda la compensación, es preciso que sus requisitos concurran antes de declararse el concurso, tanto si se trata de compensación legal como pactada. El art. 58 de la Ley Concursal, cuando supedita la compensación tras la declaración de concurso a que esos requisitos hubieran existido con anterioridad a esa declaración, se refiere no sólo a la compensación legal, sino también a la compensación convencional, sin perjuicio de que en el segundo caso esos requisitos no sean los legales, sino los pactados.

Expresa la Sala que aunque se hubiera demostrado que la otra progenitora no percibe el complemento para la reducción de la brecha de género, no existe la discriminación denunciada por el padre por el hecho de que la norma exija a los hombres la acreditación de haberse visto interrumpida o afectada su carrera profesional con ocasión del nacimiento o adopción de sus hijos.

Al cambiar su criterio sin ofrecer ninguna justificación, el órgano judicial aplicó de forma arbitraria el art. 1 del Real Decreto-Ley 11/2020, referido a la suspensión del lanzamiento cuando el ocupante sea arrendatario, el lugar del art. 1 bis, relativo a la suspensión del lanzamiento en el caso de que se trate un ocupante sin título que no paga renta ni merced, que con anterioridad había reputado aplicable. Como consecuencia, acordó prorrogar la suspensión pese a que no concurrían los requisitos que exige ese art. 1 bis para suspender el lanzamiento del ocupante ilegal.

En el IRPF se amplía el ámbito de aplicación de la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas y la deducción por la adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de combustible y puntos de recarga, así como los límites para la aplicación del método de estimación objetiva con efectos también para el 2025.

En el Impuesto sobre Sociedades se amplía del ámbito de aplicación de la libertad de amortización en inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables y de la libertad de amortización en determinados vehículos y en nuevas infraestructuras de recarga.

En el IVA se prorrogan los límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca y se amplía el plazo de renuncia y revocación. Asimismo, se establece una renuncia extraordinaria a la llevanza de los libros registro a través de la Sede electrónica de la AEAT y baja extraordinaria en el registro de devolución mensual.

La norma, que prorroga algunas medidas dictadas en su día para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, adopta medidas urgentes en materia de Seguridad Social; se incorporan, además, a las nóminas, los nuevos porcentajes del mecanismo de equidad intergeneracional y de la cotización adicional de solidaridad, entre otros muchos extremos

El Consejo ha acordado su posición de negociación sobre varias propuestas clave para reforzar el euro posibilitando la introducción de un euro digital y aclarando mejor el curso legal del efectivo en euros. A su vez, estas iniciativas contribuirán a mejorar la autonomía estratégica, la seguridad económica y la resiliencia de la UE.

Esta investigación explora la integración de la mentoría y la evaluación formativa en la enseñanza del Derecho de Sucesiones. La evaluación sumativa tradicional, centrada en las calificaciones finales y la memorización, a menudo no prepara a los estudiantes de Derecho para las complejidades prácticas y emocionales del ejercicio profesional. A través de cuatro distintos de mentorías el estudio demuestra cómo la relación mentor-alumno fomenta un aprendizaje profundo. Este enfoque va más allá de la mera aplicación de leyes, transformando a los estudiantes en gestores integrales de crisis patrimoniales y emocionales. Con la mentoría se pretenden mejorar las competencias profesionales, la empatía y la retención de conocimientos a largo plazo, cerrando la brecha entre la teoría y el mundo profesional jurídico.

Impone 8 años y 2 meses de prisión al empresario David M. Condena a los exalcaldes de Parla, Móstoles, Villalba, Torrejón de Velasco, Serranillos y Moraleja de En medio. Absuelve a los exregidores del Almendralejo y Valdemoro. Impone penas de multa a la empresa Cofely por cohecho y tráfico de influencias.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo acuerda elevar al Tribunal Constitucional (TC) la citada cuestión de inconstitucionalidad en el marco del recurso interpuestos por Vox (recurso 250/2024) contra artículos del Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalización del uso del euskera en el Sector Público Vasco

El Tribunal de Cuentas ha desvelado en un informe las carencias en la gestión y el control de las prestaciones por desempleo gestionadas por el Instituto Social de la Marina (ISM) entre los ejercicios de 2023 y 2024. Apunta que el Instituto Social de la Marina concede el subsidio por desempleo y otras prestaciones de forma simultánea.

Según el PP, la actividad agrícola en el entorno del Mar Menor "seguirá siendo la más controlada de Europa. Lo que prohíbe hoy la Ley del Mar Menor sigue prohibido. No se trata de permitir nada que no estuviera permitido, sino de establecer la misma cuantía de las sanciones que para el resto de España".

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordado que los vehículos de movilidad personal (VMP) con un peso superior a 25 kg y velocidad superior a 14 km/h deberán estar asegurados sin necesidad de inscripción previa en el registro de vehículos antes del 26 de enero de 2026.

En materia de vivienda, las medidas persiguen atender la realidad social y económica de los hogares ante el actual contexto "caracterizado por determinadas dinámicas de crecimiento de precios e insuficiencia de oferta asequible de vivienda", así como de sobreexposición financiera de los hogares al pago del alquiler.