La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, y la incorporación con ella de los MASC («Medios Adecuados de Solución de Controversias»), está despertando un interesante y controvertido debate en torno a cómo deben ponerse en relación los preceptos reguladores de los MASC con la normativa de deontología profesional de la Abogacía. Un tema no pacífico que, sin embargo, impacta directamente en el derecho de defensa.

En este trabajo se examina si la ausencia de previsión legal sobre una autoridad equivalente al fedatario público («Letrado de la Administración de Justicia», LAJ, antiguo «Secretario Judicial») en los procedimientos que tramitan los delegados españoles de la Fiscalía Europea (EPPO) genera problemas relativos a la cadena de custodia. Pues bien, la inexistencia de dicha figura jurídica no incrementa el riesgo de ruptura de la cadena de custodia ni de nulidad de las actuaciones. Y ello porque el propio fiscal asume las funciones relativas a la fe pública. Añádase que la Policía Judicial es la que en la práctica determina la regularidad de la cadena de custodia, ya que lo más habitual es que sean sus agentes los encargados de la recogida y conservación de los efectos delictivos.

Los Juegos Olímpicos son el evento deportivo que mayor dimensión alcanza a nivel mundial y la sede en la que se celebra ha resultado ser a lo largo de la historia una ciudad beneficiada por la imagen que de ella se proyecta al mundo y por las grandes inversiones que, junto con la corporación municipal, realizan las administraciones regionales y estatales en aras de transformar el territorio sede de los Juegos.

Al objeto de realizar una adecuada gestión de un evento de esta envergadura y de otros eventos de dimensiones similares, resulta obligatorio por un lado y necesario por otro, la constitución de una entidad legal independiente para aglutinar a entes privados y públicos con intereses comunes.

En este trabajo, después de un análisis de la práctica llevada a cabo en el derecho italiano y de la fórmula utilizada en Barcelona´92, se pretende proponer una entidad legal que, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, se ajuste al máximo a las necesidades que presenta el evento, a los requerimientos del Comité Olímpico Internacional, así como a los nuevos retos que presenta en la actualidad el producto deportivo olímpico y al efecto transformador territorial y social que provoca un evento de estas características.

No es razonable justificar la excepción a la libre circulación de capitales en el principio de no confiscatoriedad, en tanto en cuanto los contribuyentes nacionales y los de terceros países se encuentran en la misma situación. Esto es, limitar la contribución al impuesto del patrimonio para conciliar dicha figura impositiva con el gravamen impuesto a las rentas, evitando la confiscatoriedad del impuesto es una finalidad que afecta tanto a la situación nacional como a la transfronteriza.

No cabe apreciar culpa concurrente ni exclusiva de la conductora del vehículo detenido, que reclama por las lesiones que sufrió. El choque se produjo cuando la víctima no había tenido tiempo de salir del automóvil, de manera que la falta de señalización no resulta atribuible a su negligencia, sino a la inmediatez entre la parada y el siniestro. Por otra parte, se constata que el conductor del vehículo que impactó incumplió su obligación de adecuar su velocidad a las circunstancias del lugar, pues colisionó con el turismo parado sin ni siquiera haberse percatado de su presencia, de modo que ha de considerarse su culpa es la más grave y esencial en la producción del siniestro.

Rige el criterio de proporcionalidad, y aunque la actuación constituye un acto de deslealtad hacia la empresa y sus compañeros, no vulneró el derecho al honor, a la intimidad o al secreto de las comunicaciones por lo que no merece la máxima sanción.

El Derecho comunitario no impide vender el producto, únicamente prohíbe hacerlo bajo una denominación legal que se reserva a una bebida espirituosa específica, el gin.

La aprobación de esta Orden tiene como finalidad la solución de los problemas detectados en la gestión del modelo 017, apostando por un funcionamiento íntegramente electrónico, sobre todo, en lo que a la forma de presentación del modelo se refiere, que será en todo caso electrónica; derogando, en consecuencia, la Orden HAP/1286/2014, de 14 de julio, que aprobó el anterior modelo de autoliquidación de la Tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal.

El TG considera que la Comisión acreditó que TAP satisfacía las condiciones para disfrutar de una ayuda de reestructuración. Asimismo, la Comisión estimó correctamente que la medida respondía a un objetivo de interés común y era necesaria, adecuada y proporcionada, conforme a las Directrices de salvamento y reestructuración.

Pese a no cuestionar la legalidad de la decisión de 2023, el Tribuna General estima que procede afinar la apreciación del importe de la multa otorgando mayor peso, por una parte, al número relativamente limitado de ordenadores afectados por las citadas restricciones y, por otra parte, al intervalo de doce meses entre algunas de las prácticas contrarias a la competencia.

El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración institucional con motivo del Año Internacional de las Personas Voluntarias para el Desarrollo Sostenible.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se determinan las condiciones de la línea de ayudas, por cuenta del Estado, para la cobertura en caso de impagos del alquiler de viviendas para jóvenes y colectivos vulnerables.

El Consejo de Ministros ha recibido el Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS), un análisis integral sobre la evolución de la participación privada en la prestación de servicios sanitarios públicos durante las dos últimas décadas.

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El galardón lleva el nombre de Salvador Andrés Reina, abogado del Colegio de Abogados de Málaga, cuyo asesinato en 2012 supuso un profundo impacto en la abogacía malagueña y española.

El Tribunal Supremo, en la sentencia condenatoria al Fiscal General del Estado hecha pública hoy, destaca la importancia clave del protocolo firmado por la propia Fiscalía con el Consejo General de la Abogacía Española en el año 2009.

El ahorro para quienes ingresan más de 600.000 euros puede llegar a 90.777 euros, mientras que para los que declaran 21.000 es 1.806 euros

El objetivo de la consulta pública es adaptar la “Guía de programas de cumplimiento en relación con la defensa de la competencia” a la realidad económica y empresarial e incorporar los cambios legislativos y el aprendizaje de estos últimos cinco años.

Si se toman medidas, los beneficios podrían ser de más de 17 billones de euros hasta 2070 y de más de 86 billones de euros en adelante.

En Baleares el encarecimiento sería de 4.615 euros, mientras que en Comunidad Valenciana, Canarias y Madrid superarían los 2.000 euros.

OCU ha aconsejado a los titulares de planes de pensiones con pocos años pendientes para su jubilación que valoren el traspaso de su ahorro a productos de bajo riesgo, especialmente si están invertidos en renta variable o en renta fija a largo plazo.

Estudio de la función de la Tesorería según las singularidades que se plantean para las diferentes tipologías de municipios (pequeños municipios, mancomunidades, organismos autónomos, consorcios, etc.).