«En Aranzadi LA LEY estamos firmemente comprometidos con impulsar la excelencia, la innovación y el acceso a contenidos fiables y de calidad, y este convenio nos permitirá avanzar juntos en ese propósito», ha señalado Alexandra Åquist, Country Manager de Aranzadi LA LEY.

El presente trabajo aborda el Anteproyecto de Ley de Medidas en materia de Violencia Vicaria desde una perspectiva muy concreta: su silencio respecto al supuesto de violencia vicaria a través de los animales de compañía. Partiendo de la acuñación legal del concepto de violencia vicaria y de sus antecedentes y proyección jurisprudencial, desarrolla su autora críticamente la mencionada omisión en el texto proyectado con base en una serie de argumentos.

Se analizan las modificaciones más significativas introducidas por el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, en el reglamento de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios. En concreto, se analizan las Universidades de especiales características, los aspectos procedimentales de la creación/reconocimiento, la oferta académica, el alumnado la incentivación de la investigación y de transferencia de conocimiento, la captación en convocatorias, programas y contratos de investigación y de transferencia de conocimiento (I+D+I), el profesorado, el alojamiento estudiantil, la experiencia en gestión universitaria y sostenibilidad económica, y la creación o reconocimiento de facultades, escuelas y centros por una universidad en una Comunidad Autónoma diferente.

La sentencia del Tribunal Supremo que se comenta vuelve a situar en primer plano la protección penal de los datos de salud y, en particular, la trascendencia jurídico-penal del acceso indebido a historias clínicas por parte de quien, precisamente, está llamado a custodiarlas. Nos encontramos ante un caso paradigmático de delitos contra la intimidad en su configuración moderna: no ya como mera defensa frente a intromisiones tradicionales, sino como regulación penal de la libertad informática y del poder de disposición del ciudadano sobre sus datos personales. El acceso no autorizado a la historia clínica es, por sí mismo, una vulneración grave del bien jurídico protegido.

La revista Trabajo y Derecho te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, 131 diciembre 2025, firmado por la catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, Gemma Fabregat Monfort.

Circular 2/2025, de 7 de noviembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre la audiencia preliminar del procedimiento abreviado.

La Comisión ha impuesto una multa de 120 millones de euros a X por incumplir sus obligaciones de transparencia en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA) . Las infracciones incluyen el diseño engañoso de su «marca de verificación azul», la falta de transparencia de su repositorio de publicidad y la falta de acceso a datos públicos para investigadores.

La Comisión Europea aseguró el compromiso de TikTok de proporcionar repositorios de publicidad que garanticen la transparencia total en torno a los anuncios en sus servicios, como lo exige la Ley de Servicios Digitales (DSA).

La llegada de las fechas navideñas coincide esta vez con la publicación del número 100 del Diario LA LEY CIBEREDERECHO. Un modesto acontecimiento, pero muy significativo para los que intervenimos en su elaboración. Dicho número incluye importantes novedades en materia de inteligencia artificial, protección de datos, ómnibus digital, redes sociales, ciberseguridad, ciberdelincuencia, ciberataques, Justicia digital, mercados digitales, servicios digitales, servicios de pago digitales, plataformas digitales, comercio electrónico, criptomonedas y videojuegos.

La Audiencia Provincial, al imponer a los fiadores la consignación del art. 449.1 LEC como requisito de procedibilidad para recurrir, aplicó de forma rigorista y desproporcionada el precepto, lo que ha determinado la inadmisión del recurso de apelación y la privación injustificada del derecho de defensa a los recurrentes.

No resulta aplicable la cláusula rebus sic stantibus. No acredita la demandante en qué medida quedó alterada la base del negocio por la incidencia de la pandemia. La realización de obras en el establecimiento que no permitieron su utilización hasta agosto de 2020 impide llegar a una conclusión segura sobre ese extremo. Además, el pago puntal de la renta evidencia que, a pesar de la pandemia, el fin del contrato no quedó frustrado y la subarrendataria continuó considerando conveniente continuar con la relación contractual.

La declaración expresa de caducidad es ineludible si se pretende incoar un segundo procedimiento de gestión tributaria o de inspección, al margen del carácter del primer procedimiento iniciado porque conforme al principio de seguridad jurídica, un administrado no puede verse sometido sine die a un procedimiento de aplicación de los tributos.

Lo esencialmente relevante es analizar la real y concreta actividad que realizan los trabajadores subcontratados y, a mayor abundamiento la empresa subcontratada no es titular de autorizaciones de transporte ni tiene títulos habilitantes en vigor en el Registro de Empresas y actividades de Transporte.

Mediante esta Orden se aprueban nuevos modelos de autoliquidación y pago fraccionado del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras (modelos 780 y 781, respectivamente) adaptados a la incorporación de este tributo al Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.

Relación de algunos de los asuntos pendientes ante el Tribunal de Justicia en los que se dictará sentencia, o se elaborarán conclusiones durante esta semana.

En el encuentro «Competencias digitales del presente, para profesionales del futuro», celebrado en Madrid, el presidente de la Subcomisión de Justicia Digital de la Abogacía puso de manifiesto los retos que la revolución de la IA supone para el ejercicio de la abogacía, donde esas nuevas habilidades deben aportar seguridad jurídica y ser una ventaja competitiva.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia por la que condena a Álvaro García Ortiz como autor de un delito de revelación de datos reservados, a las penas de 2 años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado y multa de 7.200 euros, además de a pagar una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales. La resolución cuenta con un voto particular discrepante firmado por dos magistradas, que defienden la libre absolución.

La sentencia recurrida dio la razón al Real Madrid CF al anular parcialmente los artículos que regulan las conductas infractoras, y los relativos a las sanciones previstas.

Los Veintisiete han logrado un acuerdo que relaja las reglas sobre países terceros seguros y condiciones de retorno para agilizar las expulsiones de solicitantes de asilo a los que se deniega la acogida, por ejemplo al no ser ya obligatoria la "conexión" entre el migrante y el país al que es devuelto o al validar los acuerdos bilaterales para externalizar la acogida, como intentó Italia con Albania.

Reclaman una reforma normativa que garantice pensiones dignas a los abogados mutualistas. Más de 67.000 abogados se ven afectados por este sistema de previsión social que obliga a muchos profesionales a prolongar su actividad laboral más allá de los 70 años.

La convivencia acreditada durante años y la inscripción de la pareja de hecho cumplen los requisitos legales.  Según declara probado la sentencia, la mujer solicitó la pensión de viudedad el 4 de marzo de 2024, siendo denegada por resolución del INSS de 12 de abril al considerar que la solicitante mantenía vínculo matrimonial con un tercero dentro de los dos años previos al fallecimiento.

Estima parcialmente el recurso interpuesto por el agente, pues rechaza las alternativas que ofrece para establecer el cálculo del importe de la indemnización por vestuario.

El programa ofrece a las empresas un profesional con experiencia que acompañe al tutor de la empresa en las tareas formativas destinadas a los estudiantes, lo que aliviará a las pymes a la hora de la dificultad de realizar esas formaciones como consecuencia de la falta de personal, el desconocimiento de los proceso o la burocracia.

Análisis profundo de cada una de las acciones civiles ejercitables, sus requisitos y su problemática jurídica en el ejercicio de las acciones procesales que se derivan del derecho civil.