En una época en la que el derecho importa cada vez menos y las leyes, si están para algo, es para ser constantemente cambiadas, la protección de datos es sinónimo de problemas, obstáculos y complicaciones. En el día a día administrativo, esta derivada jurídica íntimamente ligada al derecho a la intimidad, se ha convertido en una especie de Pepito Grillo que, por el papel último y residual que se le asigna, más que garantías, produce a la vez, cansancio y miedo. A su vez, a nivel social, ni creemos ni practicamos esta rama del derecho. Las redes sociales y el uso que hacemos de las mismas contribuyen a ello. El presente trabajo aborda un aspecto concreto de la protección de datos —el derecho de supresión— que, por el camino del sentido del resto de normas a las que afecta —en el caso que analiza, las penitenciarías—, puede hacernos avanzar en una aplicación normativa lógica y coherente.

La presente contribución tiene por objeto denunciar una praxis asumida por los Tribunales españoles, que consiste en aplicar el discurso de odio del artículo 510.2 a) del Código Penal para perseguir y castigar el trato degradante contra una persona determinada. Se cuentan ya por centenares las sentencias de condena por el citado delito de odio, en su modalidad de «lesión de la dignidad por motivos discriminatorios». Esta práctica estaría vetada por el artículo 4.1 del CP que prohíbe las analogías contra reo. La razón es que el tipo básico del delito contra la integridad moral presenta problemas de seguridad jurídica y no permite subsumir con facilidad supuestos «menos graves» de trato degradante, por lo que se acude a una analogía in malam partem del artículo 510 del CP a fin de que tales conductas no queden impunes

Los empleados públicos que forman parte de los órganos y tribunales de selección de personal actúan, en ellos, bajo doble condición de ciudadanos y de servidores públicos. La peculiar naturaleza de este tipo de órganos determina que, en lo referente a la actuación de sus miembros, no estén éstos sometidos al principio de jerarquía entre ellos mismos pues únicamente están obligados por la ley, sin que ningún miembro pueda dar órdenes a otros por virtud de rango (presidente, si bien primus inter pares, o secretario) o de antigüedad. El órgano de selección, por otra parte, no queda tampoco sometido a autoridad alguna en su esencial servicio público.

La Revista Carta Tributaria Opinión te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, nº 127 del mes de noviembre de 2025, firmado por J. Javier Pérez-Fadón Martínez, Doctor en Derecho y Abogado.

El pasado 24 de octubre, la Agencia Española de Protección de Datos archivó un procedimiento al no poder atribuir la responsabilidad del envío de una imagen, generada por IA, que representaba desnuda a la alumna de un centro educativo. Sus compañeros informaron a la AEPD de que habían recibido un enlace a la fotografía por correo electrónico.

Partiendo de la base de que no cabe una solución unívoca sobre la abusividad de la cláusula de interés variable de los préstamos hipotecarios referenciada al IRPH, ya que dependerá de su examen individualizado en cada caso, y tras haberse pronunciado el TJUE sobre el control de abusividad de esa cláusula en sus sentencias de 13 Jul. 2023 (C-265/22) y 12 Dic. 2024 (C-300/23), el Pleno de la Sala de lo Civil ofrece unos criterios para efectuar ese control conforme a la doctrina del Tribunal europeo.

Cuando se haya consentido en el contrato que se use el correo electrónico u otro medio electrónico para sustentar las comunicaciones entre las partes, aunque sea en una cláusula general, su uso quedará justificado. También se legitima su empleo por el acuerdo tácito que se deriva de su uso durante el desarrollo del tráfico jurídico entre las partes.

Son contrarios a la libertad de empresa la precontratación con una antelación de 60 minutos y la prohibición de geocalización antes de contratar el servicio, así como la fijación de un horario máximo de prestación del servicio de 10 horas.

La relevancia del deber omitido de cuidado en función de las circunstancias del caso permite encajar la conducta del acusado como imprudencia grave dada la magnitud en la desatención para la evitación de un riesgo en la actividad que se despliega.

Compartimos por su interés el Acta el Pleno Jurisdiccional de la Audiencia Provincial de Valladolid, Secciones civiles, de 5 de noviembre de 2025 sobre los MASC como requisito de procedibilidad y otras cuestiones.

Se establecen los canales electrónicos, informáticos y telemáticos para la interposición, tramitación y resolución por los ciudadanos de los distintos tipos de reclamaciones y recursos económico-administrativos, y aprueba los formularios para la presentación de solicitudes, reclamaciones y recursos, así como para la realización de trámites en los procedimientos, con la finalidad de simplificar y facilitar al ciudadano sus relaciones con los Tribunales Económico-Administrativos.

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado ante la Comisión Europea un documento de posicionamiento que solicita una revisión integral del marco jurídico europeo para reconocer el derecho al secreto profesional de los abogados in-house.

Los abogados de asistencia jurídica penal recibirán hasta 92 millones de libras más al año para ayudar a abordar los desafíos actuales del sistema de justicia penal, lo que supone un aumento general del 24 % en la financiación desde la revisión de 2021.

El 84 % de los letrados rechaza la obligatoriedad de los MASC y la mayoría califica con un cero la Ley 1/2025 en sus primeros meses de aplicación.

El estudio, elaborado a partir de una encuesta a más de 1.000 profesionales de la abogacía, revela que solo 1 de cada 10 intentos de MASC finaliza con acuerdo y advierte de una fuerte dispersión de criterios judiciales que aumenta la inseguridad jurídica.

El Tribunal Supremo ha avalado el desahucio de una pareja que vivía de alquiler en una vivienda ubicada en Ibiza por no pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la tasa de recogida de basuras, aunque el importe anual a abonar por dichos conceptos no estaba especificado en el contrato de arrendamiento.

La Sección de Criminalidad Informática ha descartado la comisión de delitos de descubrimiento de secretos o daños informáticos tras una auditoría técnica. Informan de que los fallos en la visualización de pruebas se debieron a una saturación de los servidores por exceso de demanda, sin que se produjera borrado ni alteración de los historiales clínicos.

El estudio, basado en encuestas a más de 11.800 participantes, alerta de que el aumento de la longevidad agravará esta brecha, en un contexto en el que se estima que en 2050 habrá 3,67 millones de personas centenarias en el mundo.

La contratación fija baja un 1,7% interanual y la temporal aumenta levemente (+0,5%), mientras que el paro juvenil disminuye un 2,8%.

Los extranjeros concentraron la caída del empleo, que fue mayor entre las mujeres que entre los hombres.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que el Real Decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y en residencias de mayores va a incluir la regulación de las máquinas de vending en estos centros, para que, al menos, el 80% de sus productos sean alimentos saludables.