Se analiza la validez de los acuerdos de novación y renuncia y los efectos de su eventual nulidad, centrándose en los acuerdos celebrados después de la STS 241/2013, en los que la entidad financiera ofrecía bajar el suelo a cambio de una renuncia de acciones. Su validez exige escrutar (i) si hubo negociación real o si fueron condiciones predispuestas; (ii) si superan el control de transparencia material; y (iii) si la renuncia es compatible con el art. 6.1 de la Directiva 93/13, el art. 10 TRLGDCU, el art. 19 LEC y las garantías de tutela judicial. A partir de esa base, el objetivo es doble: primero, clarificar bajo qué presupuestos puede admitirse una novación (o transacción) que modifique un «suelo» originariamente ineficaz por falta de transparencia, a la luz de la doctrina combinada TS/TJUE; y segundo, determinar las consecuencias de la falta de transparencia o de la abusividad en estos acuerdos: si la novación cae, si la renuncia queda ineficaz, y qué efectos restitutorios se reactivan respecto de las cantidades pagadas por aplicación del suelo originario.

La cláusula de no competencia constituye, en muchas ocasiones, un elemento esencial para el éxito de las operaciones de adquisición de empresa, al tener como finalidad la legítima salvaguarda del ejercicio libre, pacífico y efectivo de los derechos y de la actividad empresarial adquiridos por el comprador. Antes de incorporar un pacto de esta naturaleza en un contrato de adquisición de empresa, resulta imprescindible conocer en profundidad sus particularidades, su tratamiento jurídico y los riesgos que pueden derivarse de su configuración y posterior ejecución.

La STS 1256/2025, de 8 de octubre (LA LEY 326779/2025) fija doctrina sobre el concepto «a cargo» previsto en el artículo 124.3.b) del Reglamento de Extranjería (Real Decreto 557/2011, en la versión dada por el Real Decreto 629/2022).

Partiendo de la sentencia del TSJ de Extremadura 533/2023, de 14 de noviembre, y del Auto de admisión de 10 de julio de 2024, el Alto Tribunal descarta la aplicación analógica del artículo 54 del mismo reglamento —relativo a la reagrupación familiar— y consolida una interpretación flexible, contextual y pro persona del vínculo de dependencia entre el descendiente extranjero y el ciudadano español.

La resolución representa un punto de inflexión doctrinal, al desvincular la noción de «estar a cargo» de criterios económicos rígidos (como el IPREM) y orientarla hacia la realidad convivencial y afectiva del núcleo familiar, en sintonía con los principios de proporcionalidad y vida familiar del artículo 8 CEDH y el artículo 20 TFUE.

Autoridades de Alemania y Suiza, junto con Eurojust y Europol, desmantelaron un servicio de mezcla de criptomonedas sospechoso de ser utilizado por delincuentes para blanquear fondos procedentes de diversas actividades delictivas, como el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el fraude en línea y otros delitos informáticos. Durante una semana de acciones, se incautaron más de 25 millones de euros en criptomonedas y se desmantelaron tres servidores.

La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado su política interna para el uso de IA generativa, marcando así las líneas generales de implementación, gobernanza y uso responsable de estos sistemas y pionera en la Administración Pública española.

Transcurso de nueve años sin iniciar la ejecución ni implantar el uso social. Aplicación supletoria de la legislación de expropiación forzosa a las expropiaciones urbanísticas en lo que no sea incompatible.

Para entender cumplido el requisito de procedibilidad basta con que queden identificadas las partes y el objeto de la controversia, así como que se acrediten la emisión y la recepción de la oferta.

El Ayuntamiento no está obligado a indemnizar unos daños que tienen su origen en defectos de construcción del solado de la plaza y en la celebración de múltiples eventos tolerados por los propietarios recurrentes.

La empresa optó por la imposición unilateral de medidas, no negoció con la representación sindical, no proporcionó información técnica que apoyara sus pretensiones y reiteró una conducta ya reprochada por lo que se estima adecuada la indemnización de 120.000 € impuesta.

Sugiere el Tribunal que queda en manos del legislador valorar, en su caso, esos supuestos excepcionales, pero hasta entonces, se declara que no se ha causado la discriminación invocada por la madre.

Regula el ejercicio profesional de la criminología en España, estableciendo las condiciones para su reconocimiento, identificando sus funciones específicas, delimitando los requisitos para su ejercicio y garantizando su adecuada integración en los sistemas público y privado de prevención, intervención, investigación y evaluación de la criminalidad y la seguridad.

Aunque no conste el contenido concreto de la reclamación, esta se dirigía contra la abogada y ninguna de las partes ha puesto de manifiesto la existencia de otras relaciones jurídicas entre ellas de las que pudiera nacer la queja.

Cristina Sancho y Mercedes Carmona, han hecho entrega a las responsables de la Fundación Música Creativa, Laura Poggio y Sara López-Chapí, de un porcentaje de los beneficios económicos del evento celebrado el pasado mes de octubre.

En la sentencia, dictada tras un acuerdo entre el fiscal y la defensa, al procesado se le ha estimado en su conducta la atenuante de error vencible de prohibición, aquel que se puede evitar si el sujeto aplica la diligencia exigible.

Al cierre de sus XXXIII Jornadas de Extranjería y Protección Internacional.

Del 18 al 21 de noviembre, inspeccionó las sedes de varias empresas.

Estas inspecciones son un paso preliminar a la posible incoación de un expediente sancionador.

El informe de investigación acreditó que la demandada residía de forma continuada en el domicilio de su nueva relación. La Sala revoca la sentencia de instancia y aplica el artículo 101 del Código Civil, que prevé la extinción por “vivir maritalmente” con otra persona, sin necesidad de acreditar mejora económica.

Insta al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a hacer un esfuerzo "muy decidido" para resolver la homologación de títulos.

Condena a la madre a dos años y medio de prisión y a pagar una multa de 2.700 euros por revelación de secretos.

Una guía práctica y exhaustiva sobre la ejecución de sentencias laborales en España, con análisis legal, casos prácticos y soluciones para profesionales del derecho.