Se analiza la figura del delito de acoso, también denominado bajo la figura anglosajona del stalking del art. 172 ter CP, como manifestación de actos que lleva a una persona hacia otra para intimidarla, a fin de que ceda a las pretensiones de iniciar una relación o evitar la ruptura de la existente, así como para conseguir el regreso de la persona que vive en pareja, y que supone un ilícito penal incorporado al ordenamiento jurídico español procedente del derecho anglosajón, donde ya tiene un enraizamiento histórico para evitar actos de acoso que en muchas ocasiones se producen dentro de la relación de pareja o expareja, así como de personas desconocidas que quieren iniciar una relación pese a la oposición del acosado.

El texto aborda el proceso y las consecuencias de la transferencia del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) a las Comunidades Autónomas en España. Se plantea la tentación de aceptar esta transferencia bajo la apariencia de mejoras administrativas, lo que en realidad, se traduce en la disolución paulatina del último cuerpo estatal que articula la conexión entre el Poder Judicial y la Administración de Justicia. Se argumenta que esta decisión puede resultar en la pérdida irreparable de la unidad funcional y la igualdad en la administración de justicia. La transferencia se enmarca en un proceso de descentralización que ha erosionado las funciones parajurisdiccionales de los LAJ, convirtiéndolos en gestores administrativos. Esto podría fragmentar el principio de igualdad y comprometer la efectividad de la justicia a nivel nacional. El texto cierra con una crítica al impacto de esa descentralización sobre la igualdad y la cohesión institucional en el sistema de justicia español.

La reforma laboral de 2012 y el Real Decreto 1483/2012 impulsaron una interpretación flexible de los requisitos formales en despidos colectivos, priorizando la finalidad del periodo de consultas sobre el formalismo. La jurisprudencia establece que solo los defectos formales que afecten al contenido esencial de la negociación pueden invalidar un despido colectivo. En el caso de OESIA NETWORKS, S.L., se concluyó que la información proporcionada, aunque genérica, fue suficiente para negociar con conocimiento de causa. Esta doctrina valora la suficiencia de la documentación más que el cumplimiento literal.

Los organismos europeos encargados de hacer cumplir la Ley de Servicios Digitales publicaron el primer informe sobre el panorama de los riesgos más destacados y recurrentes en las grandes plataformas en línea y motores de búsqueda de la UE.

En el webinar «Retos y oportunidades de la transposición de la Directiva (UE) 2023/2225 de Contratos de Crédito al Consumo», patrocinado por ASNEF con la colaboración de Aranzadi LA LEY, se analizó la oportunidad que supone esta transposición para avanzar en materia de crédito al consumo y garantizar un mercado innovador, ágil, inclusivo y sostenible en nuestra economía.

Aunque la injerencia no fue autorizada judicialmente, esa deficiencia no es suficiente para declarar su nulidad.

Se trata de un supuesto de reducción por amortización de participaciones de un socio con reembolso de bienes y derechos, operación societaria sujeta al impuesto y cuyo sujeto pasivo era el socio demandado.

Tal omisión es relevante  pues  omite una actuación, prevista imperativamente en la ley, que garantiza el acceso al conocimiento de la resolución controvertida.

Las obligaciones establecidas en el marco de este tipo de procedimientos quedarían en entredicho si el empresario pudiera proceder a la notificación del proyecto de despido colectivo tras la extinción de los contratos de trabajo.

La disposición de los fondos presupone una "necesaria voluntad de aceptar" y además es un acto que "no habría derecho a ejecutar sin la cualidad de heredero".

Se aprueban nuevas medidas urgentes para la recuperación económica y social de La Palma tras los daños ocasionados por dichas erupciones volcánicas, ampliándose al periodo impositivo 2025 la deducción en IRPF por residencia habitual y efectiva para los residentes en La Palma, con la finalidad de compensar los efectos de la erupción.

El art. 467.2 del Código Penal sanciona penalmente al Abogado o Procurador que, por acción u omisión, perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados, añadiendo también el tipo culposo por imprudencia grave.

Los vocales no han observado ningún inconveniente en la aspirante elegida por el Ejecutivo, resolviendo el asunto en apenas quince minutos con unanimidad de los presentes, ya que un vocal no ha podido participar.

El Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación de España (GEMME España) ha elaborado un comunicado en el que expone su posición ante determinadas informaciones y discursos que están circulando en medios y foros profesionales acerca del requisito de procedibilidad establecido en el Título II de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero.

El Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) celebró el 20 de noviembre de 2025 un emotivo acto de homenaje al profesor José Carlos Fernández Rozas, una de las figuras más influyentes del Derecho internacional privado y del arbitraje durante los últimos cuarenta años en España.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez Sancho, en la que ampara a un diputado de las Cortes de Aragón al que la Mesa y la Junta de Portavoces negó, sin justificación suficiente, el derecho a formular una pregunta al presidente del Gobierno de dicha Comunidad Autónoma en un pleno de la Cámara.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN concede a los recurrentes el derecho a recibir 14.718,58 y 1.803,70 euros ya que la Administración foral no propuso medida alternativa alguna.

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de ley para la transposición parcial de la directiva europea (UE) del IVA en el ámbito de la economía digital, que serán de aplicación desde el 1 de enero de 2027.

La Comisión Europea ha informado del inicio de un expediente sancionador contra España por no haber trasladado adecuadamente a su legislación nacional la directiva sobre el control de la compra y tenencia de armas de fuego europea.

El pleno del Parlamento Europeo ha dado su visto bueno formal al acuerdo del pasado septiembre para reforzar los poderes de la agencia europea de coordinación policial (Europol) y fijar nuevas reglas para el intercambio de datos biométricos, con el objetivo de mejorar la lucha del bloque contra las mafias que trafican con seres humanos y frenar los flujos de migración irregular.