La idea de Estado de Derecho (art.1.1. C.E) es de imposible consecución sin la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, una exigencia particularmente sensible cuando hablamos de la Justicia. ¿Existe un problema de confianza en la Justicia española? ¿Cómo afecta la polarización? ¿Es necesario introducir reformas (CGPJ, …)? ¿Cuáles?

Este artículo aborda el tratamiento de la discapacidad en el proceso penal. Se analiza la evolución normativa y se resumen los últimos pronunciamientos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en esta materia. Se mencionan leyes clave, como la Ley 4/2015, que otorga un papel central a las víctimas, y la Ley 8/2021, que facilita el acceso al proceso para personas con discapacidad. Se identifican los mecanismos de protección para las víctimas. También se estudia la situación de los acusados con discapacidad, y las dificultades que surgen en la ejecución de las penas de prisión o de la medida de internamiento en centro psiquiátrico. Se concluye que, a pesar de los avances, persisten deficiencias en el tratamiento de la discapacidad en el ámbito penal, y se hace un llamado a la necesidad de reformas legislativas que garanticen el respeto a los derechos de las personas con discapacidad en el sistema de justicia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España a indemnizar con 12.000 € a Don B.M. por vulnerar su derecho a la asistencia letrada durante su internamiento psiquiátrico forzoso en 2021. Aunque la privación de libertad fue legal, el TEDH criticó graves deficiencias procesales que desgranaremos. El TEDH concluyó que no se garantizó un control suficiente para evitar arbitrariedad, vulnerando el art. 5.1.e del Convenio Europeo. La sentencia sugiere reformar el art. 763 LEC para hacer obligatoria la asistencia letrada en estos procedimientos.

El objetivo de Bruselas es ofrecer un "canal seguro y confidencial" a quienes quieran denunciar presuntas infracciones de la ley europea.

Estará operativa a partir del 1 de diciembre de 2025. Se invita a todo tipo de entidades con experiencia en ciberseguridad a formar parte de una comunidad de ciberseguridad confiable y examinada, donde pueden descubrir nuevas oportunidades para conectarse e identificar socios relevantes.

Los derechos derivados de los regímenes preexistentes a la Ley 42/1998 deben promocionarse y transmitirse de acuerdo con la opción escogida por los propietarios en la escritura de adaptación a la Ley. Los contratos no son nulos por indeterminación del objeto por tratarse de la modalidad flotante, en la que los derechos se refieren a alojamientos o a períodos de tiempo determinables, siempre que sea posible su determinación.

La ausencia de capacidad de «organizar» el trabajo de los repartidores ni en su número, ni en su ubicación, ni en el tiempo de servicios, llega el Juzgado a la conclusión de que los repartidores no pueden calificarse como “falsos autónomos˝.

Cuando el penado ha cumplido una parte sustancial de la pena de prisión si se acuerda la sustitución por expulsión se reduce notablemente el objeto de la sustitución íntegra ordenada en la sentencia, comprometiendo el sentido material y funcionalidad de la propia sustitución.

La empresa procedió de forma unilateral modificando un acuerdo pactado con la representación de los trabajadores y omitiendo los trámites previstos en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

Su objetivo principal es la simplificación de las obligaciones impuestas a las pequeñas empresas. Ello permitirá que menos pymes estén incluidas en categorías con obligaciones más complejas y costosas, favoreciendo una mejor orientación de recursos hacia la inversión, la digitalización y el empleo.

Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, pretende actualizar la norma a la realidad digital actual, posibilitando la celebración de juntas y adopción de acuerdos por videoconferencia, el libro de Actas Digital o designación de un domicilio electrónico a los efectos de las comunicaciones de propietarios.

No obstante el Tribunal subraya que esta obligación no implica que deba introducirse el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Derecho interno.

Las opiniones personales basadas en preocupaciones en materia de salud sobre los efectos de una vacuna y el desacuerdo con la política de vacunación de un Gobierno no constituyen «convicciones» comprendidas entre los motivos de discriminación prohibidos.

El Consejo de Ministros ha propuesto como nueva fiscal general del Estado a Teresa Peramato Martín, en sustitución de Álvaro García Ortiz, que presentó este lunes su renuncia tras haber sido condenado a dos años de inhabilitación el Tribunal Supremo (TS), según han informado fuentes gubernamentales a Europa Press. Peramato fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación de la que provienen sus dos antecesores.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha instado este lunes al PSOE a prorrogar la congelación de los contratos de alquiler y a negociar la propuesta en materia de vivienda presentada por Sumar hace unas semanas.

Para cobrarlo, se exigirá a las mujeres y no sólo a los hombres el haber visto interrumpida su carrera laboral por los hijos.

• • El proyecto de decreto autonómico desarrolla aspectos esenciales para la competencia entre farmacias como horarios, personal, guardias, servicios de dosificación o atención farmacéutica domiciliaria.
• • La CNMC valora positivamente el impulso a nuevos servicios y la mejora de la calidad asistencial, pero alerta de restricciones que elevan costes, frenan la competencia y no aportan beneficios claros para la salud pública.

Los pensionistas cobran la paga extra en noviembre y no en diciembre, como la mayor parte de los trabajadores, porque se tiene en cuenta como periodo de generación del derecho del 1 de junio al 30 de noviembre. La pensión media de jubilación sube hasta los 1.511,5 euros mensuales, un 4,3% más.

Es el instrumento de planificación de la producción de cartografía e información geoespacial de la Administración General del Estado (AGE) en los próximos cuatro años y está armonizado con el Plan Cartográfico de las Fuerzas Armadas y los planes cartográficos de las Comunidades Autónomas.